La advertencia de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, sobre la complejidad y el costo de organizar una elección popular para jueces y magistrados refleja una preocupación legítima y fundamentada sobre la viabilidad operativa y financiera de tal reforma. Taddei enfatiza que cualquier proceso electoral para la elección de jueces y magistrados debe cumplir con los mismos estándares de rigor y transparencia que las elecciones presidenciales y legislativas. Esto incluye una amplia gama de factores logísticos, como la delimitación de las casillas electorales, la actualización del padrón y lista nominal, y la organización de los funcionarios encargados de las casillas. La comparación con el costo de una elección presidencial, que es considerablemente alto debido a la escala y la complejidad del proceso, subraya la magnitud del reto. Si bien la implementación de esta reforma podría representar un avance hacia una mayor democratización del Poder Judicial, también presenta desafíos operativos que no pueden ser subestimados. Taddei plantea una serie de preguntas esenciales que deben ser resueltas para evaluar la viabilidad de la reforma: ¿Cuántos candidatos se incluirán en las boletas y cómo se garantizará que los votantes comprendan adecuadamente sus opciones? ¿Tendrán los candidatos acceso a tiempos de radio y televisión? ¿Cómo se manejarán las prerrogativas y la fiscalización de las campañas? ¿Cuál será la cadena de impugnación y quiénes serán los responsables de entregar las constancias de mayoría y realizar los cómputos? ¿Cómo se asegurará la cadena de custodia de los votos? ¿Se utilizarán urnas y papeletas de alta seguridad? El costo de organizar una elección de esta magnitud sería significativo. La necesidad de ampliar espacios de almacenamiento para materiales electorales, la producción de papeletas y urnas de alta seguridad, y la contratación de más personal electoral son solo algunas de las consideraciones que podrían aumentar el presupuesto del INE. Para asegurar el éxito de esta posible reforma, sería crucial establecer una mesa de trabajo con la Cámara de Diputados y otras entidades relevantes para definir claramente los detalles operativos y financieros. La coordinación estrecha y una planificación meticulosa ayudarían a mitigar los riesgos y a garantizar que el proceso sea transparente, eficiente y confiable para los ciudadanos. La propuesta de elegir jueces y magistrados mediante voto popular tiene el potencial de fortalecer la democracia en México, pero debe ser abordada con un análisis exhaustivo y una planificación rigurosa. Las preocupaciones planteadas por la presidenta Taddei destacan la importancia de considerar todos los aspectos logísticos y financieros antes de implementar una reforma de esta magnitud. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la democratización del Poder Judicial y la capacidad operativa del INE para llevar a cabo un proceso electoral de alta calidad.
La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no participar en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos para discutir el proceso electoral de Venezuela subraya una postura crítica hacia la actuación del organismo y refuerza la política de no intervención y respeto a la soberanía de otros países que México ha mantenido históricamente. López Obrador, en su conferencia mañanera, criticó la «actitud de parcialidad» de la OEA, especialmente señalando al secretario general, Luis Almagro, por reconocer a ciertos candidatos sin pruebas suficientes. Según el presidente, esta falta de imparcialidad no contribuye a una solución pacífica y democrática en Venezuela y acusa a la OEA de actuar de manera irresponsable y no seria. Esta postura de México, que se niega a apoyar sanciones y reconocimientos apresurados, se alinea con su doctrina de no intervención, destacada desde la Doctrina Estrada de 1930. Comparando esta postura con la de otros países, se observa un claro contraste. Estados Unidos y varios miembros del Grupo de Lima han adoptado una actitud más intervencionista, reconociendo rápidamente a ciertos líderes opositores y promoviendo sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta postura busca presionar cambios políticos internos mediante la intervención directa y sanciones económicas, lo cual contrasta con la posición de México, que aboga por el diálogo y la no injerencia. Por otro lado, la Unión Europea ha adoptado una postura intermedia. Aunque ha criticado las irregularidades en las elecciones venezolanas y ha aplicado sanciones específicas, también ha promovido el diálogo y la negociación para resolver la crisis. La decisión de México de no participar en la reunión de la OEA subraya su preferencia por soluciones negociadas y rechaza el enfoque sancionador. La ausencia de México podría tener varias implicaciones. Primero, podría fortalecer la imagen de México como defensor de la soberanía y la no intervención, resonando positivamente con otros países latinoamericanos que comparten estas preocupaciones. En segundo lugar, podría generar tensiones con países y organismos que favorecen una intervención más activa en Venezuela, como Estados Unidos y algunos miembros de la OEA. También puede tener implicaciones negativas. Al no participar, México pierde una oportunidad de influir en el debate regional y de abogar por su postura de diálogo y solución pacífica desde dentro del organismo. Además, esta decisión podría ser interpretada como una falta de compromiso con los esfuerzos multilaterales para abordar crisis democráticas en la región, debilitando su posición diplomática y su capacidad de liderazgo en América Latina. También podría aislar a México de importantes discusiones y decisiones, limitando su capacidad para mediar y promover sus intereses y valores en el contexto regional, como si algo nos faltara.
La Barra Mexicana de Abogados ha señalado la peligrosidad de realizar cambios apresurados en el Poder Judicial, subrayando la necesidad de que los diálogos sobre la reforma judicial se desarrollen con formalidad y rigor. En un comunicado, insta a que los debates y conclusiones de la sociedad civil sean considerados por los legisladores que aprobarán esta reforma. Ha organizado una Jornada Nacional de Diálogos sobre la Reforma Judicial, involucrando a comisiones de estudio, cámaras de comercio, universidades, escuelas de Derecho y representantes de la judicatura. Estos diálogos, iniciados en julio de 2024, se extenderán hasta finales de septiembre. Hay preocupación por la celeridad con la que se han convocado algunos foros gubernamentales y la prisa en aprobar la iniciativa de reforma, temiendo que decisiones precipitadas puedan comprometer la calidad y eficacia de la reforma judicial. La BMA confía en la responsabilidad de todos los mexicanos para implementar adecuadamente esta reforma, insistiendo en que debe ser producto de un análisis técnico y exhaustivo. Reitera la necesidad de una reforma judicial integral para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer el estado de derecho. Subrayan que el Poder Judicial es esencial para mantener el equilibrio institucional entre los poderes del Estado y para la estabilidad democrática y económica del país. Cambiar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial sin un análisis profundo y consensuado podría desestabilizar este equilibrio, afectando negativamente la confianza en las instituciones y la justicia en México. Además, la falta de un debate adecuado y bien fundamentado podría resultar en una reforma que no aborde eficazmente las necesidades y problemas existentes en el sistema judicial, lo que a largo plazo podría agravar las deficiencias en lugar de resolverlas. La participación de diversas instituciones y sectores en la Jornada Nacional de Diálogos busca asegurar que todas las perspectivas y experiencias relevantes sean tomadas en cuenta, garantizando que la reforma sea inclusiva y representativa de las necesidades del país. La BMA también destaca la importancia de la participación ciudadana en este proceso, subrayando que una reforma judicial bien diseñada debe reflejar las expectativas y demandas de la sociedad civil en su conjunto. No estamos jugando el futuro y es necesario que todos los mexicanos se involucre, para no dejar la decisión a intereses personales o partidistas.
