Alejandro Moreno, “Alito,” ha consolidado su poder dentro del Partido Revolucionario Institucional de una manera que muchos califican como autocrática, evidenciada por su reciente reelección y la subsecuente expulsión de algunos de sus más destacados opositores. Este movimiento refleja un deseo de eliminar la disidencia interna y la consolidación de poder que sugiere un intento de perpetuarse en la dirigencia hasta 2032. La decisión de expulsar a figuras históricas como Manlio Fabio Beltrones, un veterano con profunda influencia en el PRI, es particularmente simbólica y podría representar el fin de una era para el partido. Cuando Manlio Fabio Beltrones fue presidente del Revolucionario Institucional entre agosto de 2015 y junio de 2016, el partido controlaba un total de 19 gubernaturas. Durante su breve mandato, el PRI mantenía una posición dominante en el mapa político nacional. Desde que Alejandro Moreno asumió la presidencia del PRI en 2019, el partido ha experimentado un declive notable. Durante su gestión, el PRI ha perdido 10 gubernaturas, un retroceso considerable en su poder territorial. Además, la membresía del partido ha disminuido en cinco millones de militantes, lo que refleja una erosión de su base de apoyo. Este declive se ha visto exacerbado por la falta de un proyecto político coherente y la percepción de que el partido ha perdido relevancia en el escenario nacional. La pérdida de influencia y poder fue evidente en la elección presidencial, donde el PRI no solo quedó rezagado, sino que también enfrentó un “naufragio” electoral que marcó su peor desempeño en la historia reciente. La falta de resultados positivos y el creciente descontento interno han alimentado desbandadas masivas, con numerosos cuadros históricos y militantes buscando refugio en otros partidos o retirándose de la vida política activa. Moreno ha sido criticado por centralizar el poder en su figura, eliminando cualquier forma de oposición interna que pueda amenazar su liderazgo. La expulsión de Manlio Fabio Beltrones, un político con un amplio historial de servicio y conocimiento del PRI, es un ejemplo claro de esta tendencia. Beltrones ha sido una figura clave en la política mexicana, y su salida del PRI representa un golpe simbólico y estratégico para el partido. Mejor no lo hubiera ni intentado.
El declive del Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas como la principal fuerza de izquierda en México, alcanzó su punto culminante en 2024 con la pérdida de su registro nacional, un desenlace que refleja años de errores estratégicos, crisis internas y la incapacidad de adaptarse a un entorno político cambiante. La dirigencia de Alejandra Barrales, ex azafata y líder sindical que asumió la presidencia del partido en 2017, jugó un papel crucial en este proceso de descomposición. Bajo su liderazgo, el PRD optó por aliarse con el conservador Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en la coalición «Por México al Frente» para las elecciones de 2018, una decisión que fue vista como una traición a los principios fundacionales de izquierda del partido. Esta alianza provocó una masiva desbandada de militantes y simpatizantes que se sintieron alienados por la dirección que el PRD estaba tomando, y muchos de ellos migraron a Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, quien había abandonado el PRD en 2012, llevándose consigo gran parte de la base social y política del partido. A lo largo de la última década, el PRD sufrió una continua erosión de su relevancia electoral, exacerbada por el ascenso imparable de Morena, que capitalizó el descontento social y se presentó como la alternativa genuina de izquierda en México. La dirigencia de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, conocidos como «Los Chuchos», también contribuyó al debilitamiento del partido, priorizando alianzas pragmáticas que diluyeron la identidad política del PRD. La culminación de este proceso se reflejó en las elecciones, donde el PRD obtuvo menos del 3% de los votos, el mínimo requerido para mantener su registro y acceder al financiamiento público. A pesar de los esfuerzos del partido por anular los resultados en algunos distritos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó sus recursos, confirmando la desaparición del PRD como fuerza política nacional. Hoy, el PRD ha quedado reducido a un actor local en algunos estados, sin influencia significativa en la política nacional, marcando así el fin de una era y subrayando la volatilidad del sistema político mexicano, donde antiguos protagonistas pueden desmoronarse ante la falta de renovación y visión estratégica.
El 3 de febrero de 2021 fue arrestado mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero. Ayer dejó la cárcel. El otorgamiento de prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el «gober precioso», ha generado una fuerte polémica, especialmente tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial por esta decisión. Marín fue acusado de tortura y detención ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005, un caso que se ha convertido en un símbolo de la corrupción y abuso de poder en el país. Mario Marín fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011 y su mandato estuvo marcado por varios escándalos, el más notorio siendo su implicación en la violación de derechos humanos de Lydia Cacho. En 2005, Cacho publicó el libro Los Demonios del Edén, en el cual expuso una red de pederastia y corrupción en la que estaban involucrados empresarios y políticos influyentes, como el empresario Kamel Nacif. En respuesta a estas revelaciones, Cacho fue detenida de manera arbitraria en Quintana Roo y trasladada a Puebla, donde fue sometida a tortura psicológica y física. Las grabaciones telefónicas filtradas entre Marín y Nacif, en las que este último agradece al gobernador por la detención, desataron un escándalo nacional y le valieron a Marín el apodo de «gober precioso». Además del caso Lydia Cacho, la gestión de Marín estuvo marcada por acusaciones de corrupción, desvío de recursos, y el uso del aparato estatal para perseguir a críticos y opositores. A pesar de estas denuncias, Marín logró terminar su mandato sin enfrentar consecuencias inmediatas. Pero fue arrestado en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras una orden de aprehensión girada en su contra por su participación en la tortura de Lydia Cacho. Pasó más de dos años en prisión preventiva en un penal de Cancún, Quintana Roo, mientras se desarrollaba el proceso en su contra. Sin embargo, una jueza le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y problemas de salud, una decisión que ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, incluyendo al presidente López Obrador. El mandatario expresó su descontento con el fallo, señalando que este tipo de decisiones judiciales debilitan la confianza en el sistema de justicia y reflejan una falta de compromiso en la lucha contra la impunidad. La salida de Mario Marín de la cárcel, aunque sea bajo prisión domiciliaria, representa una afrenta para quienes han luchado contra la impunidad en México y el pretexto para que presidencia siga acercándoles el bulldozer. Tienen el tiempo contado.
