El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, una figura destacada en la política de Sinaloa y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está envuelto en una compleja red de implicaciones políticas y no puede reducirse simplemente a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Aunque la versión oficial apunta a un intento de robo de su vehículo como el motivo del asesinato, esto ha sido cuestionado debido a las numerosas inconsistencias y elementos que sugieren una trama más profunda. Cuén, un político que supo navegar y forjar alianzas con diversos partidos, incluyendo Morena y más recientemente la coalición opositora con el PRI, PAN y PRD, había acumulado poder considerable en Sinaloa, tanto a nivel político como académico. Este poder lo colocó en una posición de influencia que no estuvo exenta de controversias, especialmente en su relación con el gobernador Rubén Rocha Moya, con quien mantuvo una tensa alianza. La retirada de su escolta por parte de la Guardia Nacional semanas antes de su muerte, por orden del gobierno estatal, ha levantado sospechas sobre una posible complicidad o, al menos, negligencia por parte de las autoridades locales Además, la relación de Cuén con el crimen organizado es otro punto crucial. Se ha reportado que Cuén tenía vínculos con Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y su asesinato coincidió con la detención de Zambada en Estados Unidos, lo que ha alimentado teorías sobre una posible traición o ajuste de cuentas dentro del cártel. La carta atribuida a «El Mayo», en la que se asegura que Cuén fue asesinado en un lugar distinto al señalado oficialmente, refuerza estas especulaciones y ha llevado a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación debido a las numerosas irregularidades detectadas en la versión inicial?. El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda parece ser mucho más que un simple robo fallido. Las conexiones políticas, la retirada de su protección, y sus posibles lazos con el crimen organizado sugieren que su muerte podría estar relacionada con luchas de poder y traiciones que trascienden el ámbito del narcotráfico, impactando de lleno en la política de Sinaloa y en las relaciones entre el gobierno y el crimen organizado. Cuántos involucrados más caerán en esta trama antes de que logremos saber qué está sucediendo en realidad porque hasta ahora todo son especulaciones que apuntan a Palacio de Gobierno.
El proceso electoral de 2024 se presenta como uno de los más cruciales en la historia reciente del país. Morena, el partido en el poder, busca consolidar su hegemonía política, aunque enfrenta acusaciones de violar la ley electoral durante su campaña. Estas violaciones incluyen el uso indebido de recursos públicos, propaganda anticipada y la manipulación de programas sociales para influir en el voto. Estas acciones han sido denunciadas tanto por la oposición como por observadores internacionales, que advierten sobre la erosión de las instituciones democráticas del país. Uno de los focos de atención es Jalisco, un estado clave debido a su peso económico y político. Morena ha mostrado una intención clara de tomar control de este estado, actualmente gobernado por Movimiento Ciudadano, partido que ha sido una de las pocas fuerzas políticas en mantenerse independiente de las grandes coaliciones. Jalisco, como uno de los motores económicos del país, es visto por Morena como un trofeo político que consolidaría aún más su influencia en el occidente de México. Sin embargo, la intención de Morena de consolidar su control en Jalisco es vista con preocupación, no solo por sus implicaciones políticas, sino por el impacto económico que podría tener en un estado conocido por su autonomía y crecimiento sostenido. Jalisco ha sido un bastión de desarrollo en sectores como la tecnología y la agroindustria, lo que lo convierte en un territorio altamente codiciado. La estrategia de Morena en este estado podría incluir tácticas más agresivas para debilitar a la oposición, posiblemente a través de alianzas con figuras locales o mediante el uso de recursos federales para ganar el favor del electorado. La toma de Jalisco no solo representaría un golpe político para los adversarios de Morena, sino que también podría alterar el equilibrio económico y administrativo del estado, afectando su independencia y su modelo de desarrollo autónomo. La disputa por Jalisco es un claro ejemplo de cómo la lucha por el poder en México no solo se libra en las urnas, sino también en los pasillos del poder, donde las estrategias políticas y económicas juegan un papel crucial.
Dicen que el miedo no anda en burro, y los burros de Morena lo confirman. El reciente esfuerzo de Morena para impugnar la elegibilidad de Ricardo Anaya y Lilly Téllez en su búsqueda de escaños plurinominales en el Senado refleja un estado de alerta dentro del partido ante la posibilidad de perder terreno en el Congreso. Este movimiento, canalizado a través de su representante ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, pone de manifiesto las tensionesa. En el caso de Ricardo Anaya, Morena argumenta que el ex candidato presidencial no cumple con los requisitos de elegibilidad debido a su estatus de prófugo de la justicia, lo cual le impediría acceder a la senaduría de representación proporcional. Además, se cuestiona su residencia efectiva en México, ya que Anaya no habría vivido en el país durante los seis meses previos, un requisito esencial para su candidatura. Estos argumentos buscan debilitar la posición de Anaya, quien podría emerger como un rival formidable en el panorama político si logra regresar a la arena electora. Por su parte, la estrategia contra Lilly Téllez se centra en cuestionar su «modo honesto de vivir», basando la acusación en su participación en medios de comunicación durante el proceso electoral. Morena sostiene que estas apariciones violan las normas de equidad en la contienda electoral, pues podrían haberle otorgado una ventaja indebida al utilizar plataformas mediáticas fuera del control de los tiempos oficiales de campaña. Al señalar esta «grave violación», Morena busca invalidar la candidatura de Téllez, una figura que ha sido cada vez más crítica del partido desde su salida de la bancada morenista
Este tipo de acciones, en las que Morena utiliza herramientas legales para cuestionar la elegibilidad de sus adversarios, son indicativas de un entorno político cada vez más polarizado y competitivo. El partido busca blindar su posición en el Congreso, consciente de que la pérdida de espacios clave podría debilitar su capacidad de impulsar la agenda legislativa del presidente López Obrador en los últimos años de su mandato. La insistencia en revisar las candidaturas de figuras opositoras de alto perfil demuestra que, lejos de estar confiado, Morena percibe un escenario en el que su dominio podría estar en riesgo, lo que motiva una estrategia más agresiva para mantener su control sobre las instituciones políticas del país?. Hay graves señales que todos vemos y dejamos pasar como inadvertidas.
