El ataque contra las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) marca un punto preocupante en el contexto actual de la política mexicana. En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a un individuo que comete actos vandálicos contra la fachada del instituto, lo que ha suscitado una ola de condenas por parte de diversos actores políticos y sociales. Este tipo de actos no ocurren en el vacío. La polarización creciente, que se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, está permeando todas las capas de la vida pública. El discurso desde las altas esferas del poder, que ha tildado en numerosas ocasiones a los organismos autónomos como el INAI de ser obstruccionistas o innecesarios, contribuye a generar un clima de desconfianza hacia estas instituciones. Este ataque es una manifestación física del desprecio promovido hacia organismos que deberían ser vistos como garantes de los derechos fundamentales, en este caso, el acceso a la información y la protección de datos. Compararlo con la «Noche de los Cristales Rotos» es una metáfora potente y simbólica. Aquella noche, en 1938, fue un preludio de la persecución sistemática contra los judíos en la Alemania nazi, y en este caso, el acto vandálico contra el INAI también simboliza una agresión hacia la transparencia y el acceso a la información pública, dos pilares fundamentales de cualquier democracia. La respuesta de la comisionada Julieta del Río, denunciando públicamente los daños y llamando al respeto hacia las instituciones, es un recordatorio necesario de la importancia de estos organismos autónomos. No obstante, la falta de afectaciones físicas al personal no debe restar gravedad a la situación. Este tipo de ataques, aunque simbólicos, si no se investigan y sancionan adecuadamente, pueden sentar un peligroso precedente. El odio y la desinformación esparcida desde algunos sectores gubernamentales han facilitado la percepción de organismos como el INAI y el INE como enemigos, lo que a largo plazo podría debilitar el sistema democrático. La autonomía de estas instituciones es crucial para garantizar que los ciudadanos mantengan el control sobre el gobierno y no viceversa. La desaparición o debilitamiento del INAI afectaría directamente el derecho a la información, con posibles implicaciones graves para la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Este incidente también pone de relieve la responsabilidad que tienen los líderes políticos en sus discursos, especialmente aquellos que ostentan el poder. La narrativa que fomenta el odio o desacredita sistemáticamente a las instituciones democráticas no solo mina la confianza pública, sino que también puede derivar en actos concretos de violencia o vandalismo, como el que aquí se documenta.
El brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, no solo expone la alarmante debilidad del estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado, sino que subraya la desintegración del pacto social en Guerrero. A seis días de asumir el cargo, Arcos fue decapitado y su cuerpo dejado como un macabro mensaje de control territorial de las mafias que gobiernan la región. Este crimen, ocurrido pocos días después del asesinato de su secretario de gobierno, Francisco Tapia, es un recordatorio devastador de que el poder de las instituciones democráticas ha sido superado por la violencia impune y sistemática que ejercen los cárteles en zonas estratégicas. Mientras que el gobierno federal, encabezado ahora por Omar García Harfuch como titular de la SSPC, intenta minimizar el hecho afirmando que no hubo una solicitud explícita de protección, es imposible negar que Guerrero, y en particular su capital, se han convertido en un símbolo del fracaso absoluto de las estrategias de seguridad nacionales. Las declaraciones de García Harfuch, lejos de tranquilizar, dejan en evidencia una desconexión entre las autoridades y la realidad devastadora en la que viven los ciudadanos y funcionarios públicos en una zona controlada por el terror. Las promesas de «pacificación» y «gobernabilidad» parecen discursos vacíos frente a la incapacidad del estado para proteger a sus líderes, permitiendo que las bandas criminales actúen con total impunidad. La disputa entre cárteles como Los Ardillos y Los Tlacos ha transformado a Guerrero en un campo de batalla, donde cada asesinato se convierte en una advertencia de que no hay espacio para la justicia o el estado de derecho. Esta situación no es nueva; la violencia ha sido un compañero constante en la historia reciente del estado, pero los límites de esta guerra encubierta ya han sido completamente destrozados. El asesinato de Arcos Catalán pone en tela de juicio no solo la efectividad de las fuerzas de seguridad, sino también el futuro de las instituciones democráticas en regiones donde el crimen organizado ha tomado el control. Sin una acción decisiva y coordinada para restablecer el estado de derecho, Guerrero continuará hundiéndose en una espiral de caos y violencia, un ejemplo doloroso de cómo la democracia en México está siendo desmantelada, pieza por pieza, a manos de los cárteles.
La campaña que busca inundar las redes sociales con imágenes de Alejandro Arcos Catalán en vida, tras su asesinato, tiene un fuerte componente simbólico y emocional, ya que no solo busca reivindicar la memoria de un político que intentó transformar Chilpancingo, sino que también denuncia la impotencia del Estado frente al poder de los cárteles. Arcos, quien había asumido su cargo solo seis días antes de su brutal ejecución, se comprometió públicamente a restaurar la paz y la seguridad en una ciudad asediada por la violencia, promesas que resultaron ser una sentencia de muerte en un estado donde el crimen organizado controla amplias zonas?. Esta campaña de reivindicación, impulsada por ciudadanos y actores políticos, es un esfuerzo colectivo por no dejar que su legado se diluya entre la brutalidad de su asesinato. En lugar de que su memoria quede marcada por las imágenes macabras de su asesinato, la campaña busca contrarrestar el terror recordando al Alejandro Arcos que luchaba por una Chilpancingo en paz, quien soñaba con una comunidad segura, con agua potable para todos y con instituciones fuertes que pudieran hacer frente a los retos que él mismo identificó como urgentes. Sin embargo, esta iniciativa también pone en evidencia el colapso institucional en Guerrero, donde las autoridades son incapaces de proteger a los funcionarios electos y donde la ciudadanía, cada vez más, se ve obligada a tomar el control de su propia narrativa, incluso cuando esto solo puede hacerse a través de imágenes y recuerdos. En este contexto, las redes sociales se han convertido en un espacio de resistencia, una herramienta que no puede sustituir el ejercicio de la justicia, pero que permite a las comunidades locales y nacionales recordar a sus líderes como personas comprometidas y no como cifras más en la interminable lista de víctimas del crimen organizado. Esta movilización, aunque profundamente simbólica, también es un grito de desesperación ante un gobierno que no ha sabido garantizar la seguridad básica de sus funcionarios, mucho menos de sus ciudadanos. Así, la campaña #JusticiaParaAlejandroArcosCatalán no es solo un homenaje, sino una llamada de atención urgente sobre la creciente debilidad del Estado en áreas donde el narcotráfico y las bandas criminales han instaurado su propio régimen de terror, donde los valores democráticos han sido secuestrados y donde la violencia es la única ley que parece tener vigencia
