Edwin Antonio Rubio López, conocido como “El Max” o “El Oso”, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo liderado por el Ejército mexicano. “El Max” era considerado uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas debido a su participación en el contrabando de drogas hacia Estados Unidos y su conexión con la delincuencia organizada.
La captura de Rubio López se llevó a cabo tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes contaron con apoyo aéreo de un helicóptero artillado. Aunque la Sedena aún no ha emitido un comunicado oficial, se ha reportado que varios civiles armados fueron abatidos durante la operación.
Rubio López tenía una orden de aprehensión desde 2019 por su implicación en el tráfico de drogas desde Culiacán hasta San Felipe, con destino final en Los Ángeles, Estados Unidos. La inteligencia militar lo identifica como un actor clave en la organización de Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, supuesto líder regional del Cártel de Sinaloa en Baja California. Esta información fue revelada tras el hackeo del colectivo Guacamaya Leaks.
La detención de “El Max” se enmarca dentro de una estrategia de pacificación impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, que ha intensificado el despliegue de fuerzas para combatir la violencia derivada de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “La Mayiza”. Este conflicto ha generado temor entre los habitantes de la región, afectando la tranquilidad y seguridad de la población local.
Con la captura de líderes como “El Max” y Mario Alexander “El Piyi”, el Ejército mexicano continúa debilitando a los grupos criminales que operan en Sinaloa. Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo por restaurar la paz y garantizar la seguridad en la región, afectada por años de violencia y enfrentamientos entre facciones rivales.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la erradicación del crimen organizado y la protección de los ciudadanos. La colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena es fundamental para desmantelar las estructuras del narcotráfico y asegurar un entorno más seguro para todos.
