Los atentados con coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, representan un nuevo y alarmante capítulo en la crisis de violencia que azota al estado, marcando un deterioro severo de la seguridad en una de las regiones históricamente más golpeadas por el crimen organizado en México. Estos ataques, característicos del «narcoterrorismo», reflejan una estrategia de intimidación y dominio territorial que supera la violencia común, pues el uso de explosivos para atacar objetivos civiles y de seguridad pública busca generar un impacto profundo en la percepción social y debilitar la moral de las fuerzas del orden y de los ciudadanos. La violencia en Guanajuato, estado gobernado por el PAN bajo la dirección de Libia Dennise García, ha sido motivo de críticas por la falta de una estrategia eficaz para contener la escalada de criminalidad. A pesar de los esfuerzos por coordinar operativos con la Guardia Nacional y el Ejército, la realidad es que la pacificación sigue siendo una promesa incumplida?. La respuesta de las autoridades ante estos atentados evidencia una política de seguridad reactiva más que preventiva, característica que se ha repetido en múltiples incidentes de violencia en el estado. La suspensión de la agenda pública de la gobernadora y el despliegue de operativos aéreos y terrestres en los municipios afectados no soluciona el problema de fondo: la debilidad institucional para enfrentar a grupos delictivos bien organizados y con alta capacidad de fuego. La coordinación entre los tres niveles de gobierno sigue siendo insuficiente, y la situación se agrava por la falta de inteligencia efectiva que permita anticipar y desarticular estos atentados antes de que ocurran. La gobernadora García ha reiterado su compromiso con la «pacificación de Guanajuato», pero el contexto actual pone en duda la viabilidad de sus acciones, dado el poderío de los grupos criminales y la recurrencia de eventos violentos en puntos estratégicos del estado?. Estos ataques no solo son un desafío directo al gobierno estatal y federal, sino que también impactan el tejido social, generando un clima de miedo e incertidumbre que afecta a toda la población. La falta de transparencia en las investigaciones, con pocas detenciones y aún menos condenas en casos previos, alimenta la percepción de impunidad. La narrativa oficial, centrada en promesas de justicia y pacificación, contrasta con la realidad de la violencia sistemática que persiste. La violencia en Guanajuato no se debe analizar en términos de culpabilidad partidista, sino como un síntoma de la ineficiencia estructural del Estado mexicano para enfrentar una amenaza que ha evolucionado más rápido que sus respuestas. La impunidad es lo que impera.
La desaparición de Sergio Cárdenas Hernández en Culiacán refleja la agudización de la crisis de seguridad en Sinaloa, y también evidencia el abismo entre las promesas políticas y la realidad que enfrenta la ciudadanía. La protesta de su familia y colegas en el corazón de Culiacán, exigiendo respuestas de la Fiscalía General del Estado y del gobernador Rubén Rocha Moya, subraya la desesperación de una sociedad cansada de la inacción institucional y la falta de avances en las investigaciones de personas desaparecidas. El gobernador Rocha Moya, quien se ha erigido como un defensor del pueblo y cuya bancada morenista lo arropa con gritos de «¡No está solo!» en la Ciudad de México, parece estar distanciado de los sinaloenses en momentos críticos, como lo muestra su ausencia en el caso de Cárdenas. Pese a su promesa de reunirse con la familia del desaparecido, tres días después no ha cumplido con su palabra, dejando la gestión en manos de terceros y generando aún más frustración. Este caso, enmarcado en la desaparición de un trabajador de un medio de comunicación, es especialmente preocupante en una entidad marcada por la violencia y el control del crimen organizado, donde los reportes de personas desaparecidas son constantes y donde los periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos en general enfrentan altos riesgos. La narrativa oficial se centra en protocolos y promesas de «hacer todo lo posible», una frase que, sin acciones concretas y resultados tangibles, se convierte en un eufemismo de impotencia institucional. Mientras los políticos morenistas aplauden en eventos del centro del país, los sinaloenses enfrentan una soledad abrumadora, particularmente las familias de desaparecidos, quienes deben recurrir a manifestaciones e irrupciones en las oficinas públicas para que sus voces sean mínimamente escuchadas. La falta de resultados claros y la incapacidad de proporcionar siquiera una respuesta transparente sobre los avances de la investigación evidencian la ineficacia del aparato gubernamental y de seguridad en Sinaloa. El silencio de Rocha Moya ante el caso de Cárdenas no solo es un incumplimiento de una promesa pública, sino un reflejo de la desconexión entre la retórica política y las necesidades reales de las personas, dejando claro que, al final, los verdaderos «solos» son los ciudadanos frente a una impunidad y una violencia desbordada que parece no tener fin.
El reciente enfrentamiento en Tecpan de Galeana, Guerrero, que dejó 19 muertos el 24 de octubre de 2024, confirma una vez más el colapso del Estado ante el crimen organizado en la región. Este nivel de violencia extrema no es una excepción, sino parte de una tendencia cada vez más preocupante en Guerrero, un estado donde el poder de los grupos criminales ha sobrepasado claramente la capacidad de las autoridades para mantener el control. El despliegue reactivo de las fuerzas de seguridad —policía estatal, Ejército y Guardia Nacional— ilustra una respuesta desesperada que llega siempre tarde, cuando el daño ya está hecho, y muestra la falta de una estrategia preventiva efectiva. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se ha limitado a realizar declaraciones sobre el fortalecimiento de la seguridad, pero los resultados son escasos. A medida que la violencia se intensifica, queda claro que los esfuerzos aislados de contención no están logrando frenar la espiral de criminalidad. Las promesas de investigaciones y el habitual llamado a la calma por parte de las autoridades suenan vacíos para una población que vive bajo el constante miedo de la violencia, agravado por la falta de información clara y la opacidad que rodea estos eventos trágicos. El incremento en las masacres, como la reciente decapitación del alcalde Alejandro Arcos, cuyas circunstancias dejaron un mensaje macabro de terror en pleno espacio público, se ha convertido en una macabra señal de impunidad en Guerrero. Félix Salgado Macedonio, con su propuesta de priorizar la educación y la salud en lugar de reforzar la seguridad, ha introducido un debate que, aunque bien intencionado, parece ignorar la urgencia de la situación en un estado donde la violencia es sistemática y está profundamente arraigada. Aunque el desarrollo social es clave para el futuro de la región, sin una respuesta inmediata y contundente en términos de seguridad, cualquier inversión en estos otros sectores se verá sofocada por el control que el crimen organizado ejerce sobre vastas áreas del estado. La violencia en Guerrero no es una anomalía, sino parte de un patrón más amplio de fallos institucionales a nivel nacional. A pesar de la militarización de la seguridad pública, la estrategia federal ha demostrado ser ineficaz, ya que la violencia no ha disminuido, sino que ha escalado en lugares como Guerrero y Guanajuato, donde también se han registrado atentados recientes con coches bomba. Estas situaciones ponen en evidencia la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones tangibles que devuelvan la paz a estas regiones. El enfrentamiento en Tecpan de Galeana, lejos de ser un incidente aislado, expone la realidad de un estado en crisis, donde la reconfiguración constante de cárteles y bandas criminales hace que cualquier avance en seguridad sea temporal y frágil. La militarización de la seguridad no ha logrado desmontar las estructuras criminales, y mientras los ciudadanos continúan siendo rehenes de la violencia y la impunidad, el costo humano y social sigue en aumento.
