La acusación de Claudia Sheinbaum contra Claudio X. González como «junior tóxico» evidencia la falta de coherencia en su narrativa política y subraya un problema más profundo dentro de la 4T. Al etiquetar a un opositor bajo el estigma de la élite privilegiada, Sheinbaum intenta capitalizar el discurso populista que caracteriza a la Cuarta Transformación, perpetuando la retórica de “los de arriba” versus “los de abajo”. No obstante, este ataque resulta contraproducente, pues la propia administración de Sheinbaum y el entorno de la 4T están plagados de figuras similares, personas de herencia privilegiada o beneficiadas por la cercanía al poder. La referencia en redes sociales al hijo de Sheinbaum, quien expuso una serie de balones desinflados como arte en un museo de élite, ejemplifica la ironía de su acusación. Este tipo de acceso cultural no está al alcance de cualquier artista joven y evidencia cómo los “juniors” de la 4T también disfrutan de privilegios que el proyecto de transformación supuestamente combate?. El calificativo utilizado por Sheinbaum para descalificar a González no solo intenta posicionarla como adversaria de las élites económicas, sino que también sirve como un mecanismo para desviar la atención de sus propias vulnerabilidades políticas, como la falta de resultados tangibles en seguridad, crecimiento económico y combate a la corrupción, los principales pilares de la 4T. El ataque de Sheinbaum no aborda el núcleo de las críticas que González ha hecho: su presunto autoritarismo y la falta de independencia de la presidencia frente a López Obrador. De hecho, González respondió señalando que la verdadera «junior» sería Sheinbaum, dada su dependencia de AMLO como «padre político». Esto enfatiza el problema de fondo: la incapacidad de la 4T para romper con los mismos vicios que critica en los gobiernos anteriores?. En términos políticos, esta estrategia puede ser percibida como desesperada y desgastante, más centrada en deslegitimar a los críticos que en ofrecer soluciones estructurales. La 4T enfrenta así el riesgo de caer en el mismo autoritarismo y elitismo que dice combatir, lo que podría erosionar la credibilidad del proyecto de Sheinbaum como sucesora de López Obrador. La narrativa del “junior tóxico” se revela entonces como un búmeran político, pues evidencia la falta de autocrítica de un movimiento que sigue sin poder resolver las desigualdades que prometió eliminar?. Larga es la lista de la descendencia de Batres, Taddei, López Obrador y los mismos Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Gispert, hijos de la presidenta con Carlos Imaz, el personaje que no aparece en su biografía oficial. Si a esas vamos, en política México tiene el campeonato mundial en toxicidad hereditaria. Y la «toxicidad hereditaria» afecta la legitimidad del sistema político en su conjunto, no lo olviden.
La reforma de Supremacía Constitucional, propuesta por Morena, es un movimiento que pretende blindar las reformas constitucionales ante cualquier tipo de revisión judicial, impidiendo amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Esto significa que una vez que el Congreso apruebe una modificación a la Constitución, no habría mecanismos legales para cuestionarla, lo que despoja al Poder Judicial de su papel de contrapeso y elimina la posibilidad de que la ciudadanía defienda sus derechos ante posibles abusos del poder legislativo. En esencia, Morena busca que las reformas constitucionales sean incuestionables, justificándolo como un acto de soberanía nacional suprema. Sin embargo, la oposición y expertos jurídicos la consideran una amenaza a la democracia y al Estado de derecho, ya que abre la puerta para modificaciones arbitrarias que no podrían ser impugnadas, incluso si contradicen derechos fundamentales o tratados internacionales de derechos humanos. La oposición ha denunciado esta reforma como una “aventura autoritaria”, argumentando que podría usarse para legitimar medidas drásticas, como la reelección presidencial o restricciones de derechos básicos, sin posibilidad de corrección judicial. Incluso juristas de renombre han advertido que esta reforma permitiría que Morena use su mayoría legislativa para aprobar reformas sin control alguno, comprometiendo las bases democráticas del país. La propuesta también representa un reconocimiento implícito de que la Suprema Corte actualmente tiene facultades para revisar reformas constitucionales, algo que la 4T ha intentado evitar después de varios fallos en su contra. La reforma, que ya avanzó en el Senado y se discutirá en la Cámara de Diputados, ha generado una intensa reacción tanto de partidos políticos como de la sociedad civil, quienes la califican como un intento de consolidar un poder absoluto en manos del partido gobernante. Esta medida, que podría permitir a Morena reformar la Constitución a su conveniencia sin rendir cuentas, ha sido descrita por los críticos como la más peligrosa en la historia reciente del país, por lo que representa para el balance de poderes y la protección de los derechos fundamentales.
La reforma de Supremacía Constitucional y la reforma judicial impulsadas por Morena representan una amenaza sin precedentes para el equilibrio de poderes en México, ya que buscan impedir que las reformas constitucionales puedan ser impugnadas mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad. Esta medida concentraría el poder absoluto en el Congreso, permitiendo al partido oficialista modificar la Constitución sin que el Poder Judicial pueda actuar como contrapeso. Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, son figuras clave en esta iniciativa que pretende «blindar» las decisiones legislativas, lo cual podría abrir la puerta a reformas autoritarias, como la reelección presidencial o restricciones a derechos fundamentales, sin posibilidad de corrección legal?. Sergio Gutiérrez Luna, quien tras el fallecimiento de Ifigenia Martínez, fue designado como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 8 de octubre, cargo que ocupa actualmente como parte de la LXVI Legislatura, ha sido uno de los más fervientes defensores de esta reforma, promoviendo un modelo donde la voluntad de la mayoría legislativa prevalezca sin restricciones judiciales, lo que compromete el principio de división de poderes y la protección de derechos humanos?. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ha jugado un papel fundamental en asegurar el respaldo del partido para esta reforma, argumentando que es un acto de «soberanía legislativa». Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por figuras como Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, quien la describe como “la reforma más peligrosa al orden jurídico en la historia reciente” y un paso hacia un régimen autoritario?. La inclusión de personajes como Miguel Ángel Yunes, conocido por sus prácticas autoritarias en Veracruz, indica que esta reforma no solo es un proyecto de la 4T, sino una estrategia respaldada por actores que han operado en ambos lados del espectro político. Yunes podría beneficiarse de este marco legal más rígido, lo cual evidencia la colaboración de ciertos sectores del PRI en la consolidación de esta agenda autoritaria?. La propuesta enfrenta fuertes críticas por reducir la capacidad del Poder Judicial para proteger a la ciudadanía, lo que deja a México a merced de reformas inconstitucionales sin recurso legal alguno, según advierten académicos y juristas de la UNAM. La historia no será indulgente con los autores de esta reforma, y los ciudadanos que sufran sus consecuencias serán quienes, en unos años, pasen la factura a los protagonistas de esta “supremacía”, incluyendo a Adán Augusto, Monreal, Gutiérrez Luna, Alcalde y Yunes, cuando los derechos fundamentales y la democracia sean las víctimas de una Constitución inalterable por vías legales.
