El panorama bilateral con Estados Unidos es trascendental. La victoria de Trump implicaría un regreso a una era de tensión caracterizada por políticas migratorias y comerciales duras. Claudia Sheinbaum, conocida por su enfoque progresista y prioridades de derechos humanos, se enfrentaría a un desafío complejo en la frontera norte, donde Trump probablemente buscaría reinstaurar políticas como Remain in Mexico y fortalecer medidas de deportación masiva. Estas políticas afectarían directamente a México, aumentando la presión sobre su capacidad de gestión de migrantes y la estabilidad de las ciudades fronterizas. Para contrarrestar esto, Sheinbaum tendría que fortalecer las relaciones diplomáticas con otros actores internacionales, buscando apoyo en organismos multilaterales y redoblando esfuerzos de cooperación con países centroamericanos para aliviar la presión migratoria. En el ámbito económico, un Trump reelegido podría retomar su enfoque proteccionista, poniendo en riesgo la estabilidad del T-MEC y amenazando con aranceles si percibe que México no colabora en áreas estratégicas como la seguridad fronteriza o la contención migratoria. Esto pondría a la presidenta Sheinbaum en una posición de defender los intereses económicos de México mientras busca preservar una relación funcional con el principal socio comercial del país. La necesidad de fortalecer alianzas internas, incluyendo al sector empresarial y al Congreso, sería crucial para resistir presiones externas y mantener un balance en las negociaciones bilaterales. Por otro lado, una presidencia de Kamala Harris implicaría un enfoque diferente, marcado por un tono más cooperativo y orientado a las soluciones multilaterales. Harris, con experiencia previa en el manejo de la crisis migratoria, tendería a trabajar más de cerca con Sheinbaum en proyectos de desarrollo para Centroamérica y políticas migratorias humanitarias que alivien la carga sobre México. Esto podría traducirse en un aumento de la ayuda económica y la cooperación en temas de seguridad y cambio climático, áreas que también son prioritarias para Sheinbaum. Sin embargo, los retos no desaparecerían: la administración de Harris enfrentaría presiones internas para controlar la frontera y podría imponer condiciones para mantener dicha cooperación. En ambos casos, la presidenta Sheinbaum tendría que manejar con habilidad la política exterior y fortalecer sus capacidades diplomáticas. Un retorno de Trump podría llevar a México a un estado de alerta constante, con la posibilidad de decisiones unilaterales que afecten directamente la economía y la seguridad nacional. Por su parte, una presidencia de Harris ofrecería oportunidades de colaboración más prometedoras, pero implicaría también la responsabilidad de cumplir con compromisos en derechos humanos y políticas ambientales.La clave para Sheinbaum será mantener una estrategia dual: firme en la defensa de los intereses de México pero flexible para adaptarse a los cambios en la política estadounidense. En ambos escenarios, la relación dependerá no solo de la buena voluntad, sino de la capacidad de la presidenta para construir consensos internos y actuar con astucia ante la volatilidad del escenario internacional. La gran interrogante es ver si ella tiene la capacidad de lidiar con los grandes, o ser solo ejemplo de los pequeños, como Cuba y Venezuela.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, enfrenta uno de los desafíos más complejos y arraigados en la capital: la violencia persistente entre la Unión Tepito y la AntiUnión, que ha dejado un rastro de muertes, secuestros y un ambiente de inseguridad que permea zonas claves como Tepito, la Morelos y el Centro Histórico. La narrativa de esta guerra revela la brutalidad de las acciones entre ambos bandos, y las fallas estructurales en la respuesta gubernamental y las grietas que estos grupos aprovechan para mantener su dominio. Para Brugada, la estrategia debe ser multifacética y contundente. No basta con mantener las políticas de seguridad tradicionales que se han mostrado ineficaces o han ofrecido solo respiros temporales. Se requiere un enfoque que combine inteligencia policial reforzada, la depuración de cuerpos de seguridad coludidos y el uso intensivo de tecnología para rastrear movimientos financieros y logísticos de las organizaciones criminales. Además, es imprescindible articular políticas de reinserción social, enfocadas en reducir el atractivo que la pertenencia a estas bandas tiene para los jóvenes de zonas marginadas. Esto implica invertir en programas educativos y laborales que ofrezcan alternativas reales a la vida criminal. La dinámica entre la Unión y la AntiUnión, tal como se ha documentado, incluye un ciclo de venganzas que resurge periódicamente, incluso tras detenciones de líderes clave. Esto sugiere que el verdadero poder de estas organizaciones no radica solo en figuras emblemáticas, sino en una red descentralizada y la capacidad de reconstituirse rápidamente, lo que complica su erradicación. Las acusaciones sobre presuntos apoyos o vínculos de la AntiUnión con otros cárteles como el CJNG han sido desmentidas, pero la simple existencia de tales rumores subraya la complejidad del entramado criminal y la necesidad de que el gobierno de Brugada refuerce el control de los discursos y percepciones mediáticas que pueden amplificar el miedo o la confusión entre la ciudadanía. La administración de Brugada deberá mostrar un compromiso renovado con la justicia efectiva, evitando que las capturas sean solo exhibiciones sin resultados duraderos. Las cifras y percepciones populares reflejan que la captura de elementos de la AntiUnión ha sido más limitada y es considerada más valiosa por su impacto, lo cual alimenta la idea de que se busca priorizar el desmantelamiento de la Unión. Sin embargo, Brugada no puede permitirse una parcialidad en la persecución del crimen; debe abordar la situación como un problema de seguridad general que afecta a todos los residentes por igual.
Evaluar quién ha sido el peor presidente de México en el último medio siglo implica considerar criterios como el impacto socioeconómico, la gobernabilidad, la corrupción, y las políticas públicas. Entre 1974 y 2024, se destacan algunos mandatarios cuyas administraciones han sido ampliamente criticadas por sus resultados. Uno de los nombres más frecuentemente mencionados en análisis históricos es José López Portillo (1976-1982). Aunque comenzó su mandato con expectativas de prosperidad gracias a la explotación petrolera y un auge económico inicial, su administración culminó en un colapso financiero. La dependencia de los ingresos petroleros, junto con una gestión ineficiente y la creciente deuda externa, llevó a una de las peores crisis económicas en la historia moderna del país. La devaluación del peso, el descontrol inflacionario y la expropiación de la banca en un intento desesperado de estabilizar la economía marcaron su legado, dejando una carga que afectó a generaciones. Otro presidente cuya gestión ha sido duramente criticada es Enrique Peña Nieto (2012-2018). A pesar de algunos logros iniciales en reformas estructurales, su gobierno fue empañado por múltiples escándalos de corrupción, como el caso de La Casa Blanca y el desvío de fondos a través de la Estafa Maestra. Además, el sexenio de Peña Nieto se vio marcado por la impunidad y la ineficacia en la resolución de casos de violencia emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que subrayó la penetración del crimen organizado y la colusión con las instituciones de seguridad. Su administración es vista como un periodo en el que las élites políticas aprovecharon para lucrar, socavando la confianza en las instituciones democráticas. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) también figura en este análisis debido a las profundas implicaciones de sus políticas económicas y sociales. Aunque promovió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su mandato dejó un legado ambivalente: una polarización económica creciente y un aumento de la desigualdad. El colapso económico tras su administración, conocido como el «Error de Diciembre» durante la presidencia de Ernesto Zedillo, fue atribuible en parte a políticas insostenibles y manipulación de cifras económicas. Además, la percepción de corrupción, la privatización apresurada de empresas estatales y el escándalo de su hermano Raúl Salinas intensificaron la desconfianza hacia su gestión. Finalmente, si bien las administraciones posteriores como la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han sido objeto de debate por su enfoque polarizador, decisiones controversiales en el sector energético, y una política de seguridad criticada por no frenar la violencia, su evaluación definitiva depende de una perspectiva más amplia y reciente. En este contexto, las críticas suelen dividirse entre logros sociales en algunos sectores y deficiencias en otros. Sisidente ha enfrentado sus propios retos y errores, el consenso de expertos y el impacto directo de sus políticas sugieren que José López Portillo, por la magnitud de la crisis económica que generó, y Enrique Peña Nieto, por los niveles de corrupción y desconfianza institucional que fomentó, se destacan como los presidentes con peores evaluaciones en términos de resultados y desarrollo en el último medio siglo.
