Los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen la importancia histórica de la discusión de este martes sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, declaró la presidenta del órgano autónomo, ministra Norma Lucía Piña Hernández.
“Como Presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciemos”, afirmó Piña Hernández.
La ministra enfatizó que cada decisión tomada en el pleno estará guiada por el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución de la República” que cada miembro pronunció al iniciar su mandato. “Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que, cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato”, añadió.
Al iniciar la sesión, Piña Hernández destacó la complejidad y relevancia del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto propone la invalidación parcial del Decreto, especialmente en lo relacionado con la elección de jueces y magistrados, argumentando que el proceso carece de garantías adecuadas. “Les quiero comunicar que el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación”, declaró.
La presidenta de la SCJN subrayó que cualquier decisión que se tome será registrada en los libros de historia del país. “No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país”, comentó.
Piña Hernández también reflexionó sobre la frecuencia con la que el órgano debe enfrentar y resolver asuntos de gran dificultad y relevancia social, que impactan la vida de las personas. “Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos, ésa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no sólo a éste, sino a todos los tribunales constitucionales del mundo”, señaló.
Finalmente, la ministra señaló que el caso actual tiene un componente adicional que lo hace especialmente relevante, siendo observado y analizado minuciosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional, y las generaciones futuras. “Sin embargo, el caso que nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras”, concluyó.
La sesión sobre la constitucionalidad de la reforma judicial continúa en el Pleno de la SCJN
Alberto Pérez Dayán no se alinea con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
Durante la discusión sobre la legitimación de la reforma judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán expresó su oposición al proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual busca invalidar una reforma constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad.
“No coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión. Estoy convencido de que esta acción de constitucionalidad, basada en sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer la misma, junto con las consecuencias de la reforma judicial. Incluso lo siento personalmente, a mí también me toca”, afirmó Pérez Dayán.
El ministro subrayó que existen otras vías para proteger los derechos humanos que no implican el combate de normas electorales. “Sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos”, agregó.
Pérez Dayán reprochó a las instancias electorales, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tanto del ámbito administrativo como jurisdiccional, por renunciar al ejercicio responsable de sus competencias.
“Concluyo aceptando que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, pero la que aquí se analiza es, en mi concepto, totalmente e absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer conforme a los precedentes a los que me he referido”, añadió el ministro.
Explicó que los partidos políticos y legisladores que presentaron acciones de inconstitucionalidad, como el PAN, PRI y MC, tienen la facultad para hacerlo, pero considera que dichas acciones son improcedentes y deben ser desechadas.
“Por más que intente convencerme de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez”, concluyó Pérez Dayán.
La discusión sobre la legitimación del asunto continúa en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
