La reciente victoria de Donald Trump trae consigo amenazas para México que, de materializarse, podrían tener efectos devastadores en la economía y estabilidad política. Durante su campaña, Trump renovó su retórica proteccionista y de «mano dura» hacia México, lanzando advertencias directas sobre su disposición a imponer aranceles masivos, militarizar la frontera, y renegociar el acuerdo T-MEC en términos mucho más duros para México. Entre sus amenazas más notorias destaca la imposición de un arancel de hasta el 200% a los automóviles fabricados en México, con la promesa de disuadir a las empresas de producir en suelo mexicano y trasladar la producción a Estados Unidos. Dado que México exporta millones de vehículos al año a su vecino del norte, un arancel de esta magnitud afectaría gravemente a la industria automotriz mexicana, un pilar de su economía. Los expertos ya anticipan que este golpe elevaría drásticamente los costos para los consumidores en ambos lados de la frontera, además de poner en riesgo miles de empleos en México?. Otro frente de conflicto se centra en la cuestión migratoria. Trump ha dejado claro que exigirá a México reforzar su frontera sur, reactivando políticas como el polémico «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos en Estados Unidos. Además, el presidente electo ha amenazado con recurrir a la acción militar directa contra los cárteles mexicanos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no actúa «de manera rápida y efectiva». Esta postura unilateral y extrema desafía la soberanía de México y podría llevar a una grave crisis diplomática. La implicación de tropas estadunidenses en territorio mexicano no solo plantea riesgos para la relación bilateral, sino también para la seguridad interna y la percepción pública de un gobierno que permitiría este tipo de intervención?. En cuanto al T-MEC, Trump ha señalado que, de no ver resultados en temas de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, buscará renegociar o incluso cancelar el tratado. Esto pondría a México en una situación de extrema vulnerabilidad comercial, ya que el T-MEC es fundamental para su economía. Este escenario obliga al gobierno de Sheinbaum a encontrar un equilibrio casi imposible entre ceder a las presiones de Trump o defender la soberanía y los intereses nacionales, lo cual podría acarrear represalias económicas de gran alcance?. Estos desafíos sitúan a México en un momento delicado. La administración Sheinbaum, al igual que el país en su conjunto, enfrenta la ardua tarea de responder con firmeza a estas amenazas sin romper los lazos comerciales vitales con Estados Unidos. Con un socio como Trump en la Casa Blanca, cuyo enfoque parece inclinado hacia el uso de sanciones y coerción, México necesita una estrategia robusta y alianzas internacionales que refuercen su posición. Sin embargo, ante el actual clima global y la falta de garantías de apoyo de otros países, México podría encontrarse en una posición de aislamiento, obligada a negociar bajo los términos impuestos por un gobierno que, desde el principio, ve en el país no un aliado, sino un problema a contener o un adversario a doblegar. Y por si fuera poco, los encargados de gobernar, México actúan absolutamente en sentido contrario. El choque de trenes es inminente.
La controversia en torno a Pedro Haces, diputado de Morena y líder sindical, resalta tanto problemas estructurales en el sistema legislativo mexicano como la falta de responsabilidad en la cúpula de Morena. Este episodio comenzó cuando se reportó que Haces, quien asistía a un partido de la Serie Mundial en Nueva York, apareció registrado en la Cámara de Diputados con un «voto fantasma» a favor de la polémica reforma de supremacía constitucional. Dicha reforma, diseñada para blindar las decisiones del Congreso contra impugnaciones judiciales, fue aprobada con el voto de Haces entre los 343 totales a favor. Sin embargo, la evidencia de su ausencia y la posterior eliminación de su voto del registro parlamentario no solo puso en entredicho la transparencia del proceso legislativo, sino que además cuestionó el compromiso de Morena con la legalidad y la rendición de cuentas?. La reacción inicial de Haces fue la de desviar la atención, burlándose de la situación e insinuando que su voto apareció en el tablero sin su intervención directa. Frente a los cuestionamientos sobre su presencia en Nueva York, se limitó a responder de forma evasiva, atribuyendo las acusaciones al Partido Acción Nacional (PAN) y afirmando tener «derecho a ir donde quiera». Ante la presión pública, la bancada de Morena, en un intento de minimizar el daño, eliminó formalmente su voto de los conteos oficiales, ajustando el total a 339. Sin embargo, esta acción no disipó las dudas sobre la confiabilidad de los sistemas de votación y la posibilidad de manipulaciones internas. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, intentó justificar la irregularidad alegando «intermitencias digitales», una explicación que carece de sustento técnico y que generó aún más escepticismo sobre la integridad del proceso parlamentario?. Este «voto fantasma» expone debilidades profundas en los protocolos de seguridad de la Cámara de Diputados y siembra dudas sobre la supervisión que Morena ejerce sobre sus propios legisladores. La sesión en cuestión requería la presencia física y autenticación biométrica de cada diputado, reglas establecidas para evitar precisamente esta clase de irregularidades. Sin embargo, el caso Haces demuestra que la legislación puede ser burlada, lo que abre un inquietante precedente para el uso fraudulento de los sistemas digitales en favor de agendas políticas, y más aún, sin consecuencias aparentes para los responsables. La impugnación del PAN, llevada a la Suprema Corte, resalta esta problemática y señala el incidente como una muestra del abuso de la mayoría legislativa por parte de Morena, dejando al país con reformas potencialmente anticonstitucionales y cuestionando la legalidad del proceso?. La crisis de legitimidad generada por este incidente podría tener un costo elevado en la confianza pública hacia Morena y, en un contexto más amplio, hacia el sistema democrático de México. La falta de consecuencias reales y la defensa endeble de Gutiérrez Luna reflejan una actitud de indiferencia hacia los estándares de transparencia que deberían prevalecer en una democracia sólida. Mientras Morena se proclama como defensor de la legalidad y del bienestar social, este tipo de manipulaciones y evasivas solo reafirman una imagen de autoritarismo encubierto, lo cual podría afectar negativamente su credibilidad de cara a futuros procesos electorales y a la viabilidad de las reformas promovidas sin consenso. Aunque la verdad es que los tiene sin cuidado.
La depreciación del peso mexicano de 16.62 a 20.58 pesos por dólar desde la victoria electoral de Claudia Sheinbaum refleja un desajuste profundo en la economía nacional, impulsado por una mezcla de incertidumbre política y factores estructurales que exponen serias vulnerabilidades. Este desplome, más que un simple «ajuste de mercado», denota la preocupación de inversionistas y expertos por un gobierno que parece empeñado en replicar los aspectos más preocupantes de la administración de López Obrador, sin implementar los necesarios correctivos que exige el contexto económico actual. A nivel interno, la propuesta de reformas constitucionales de Morena, como la polémica “supremacía constitucional” que blinda decisiones del Congreso contra impugnaciones judiciales, se interpreta como un movimiento que busca concentrar poder y reducir la capacidad de control y balance democrático. Esta reforma, junto con otras iniciativas que el nuevo gobierno podría lanzar en áreas cruciales como el sector energético, despierta temores de políticas que prioricen la centralización y desestimulen la inversión privada, considerada fundamental para el crecimiento y la estabilidad económica en México. Este escenario se agrava con la tendencia internacional hacia el fortalecimiento del dólar, impulsada por las altas tasas de interés que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene para combatir la inflación. En momentos en que el capital global busca refugio en activos de bajo riesgo, los mercados emergentes como México están viendo una salida de recursos, reflejada en la depreciación del peso. Sin embargo, es el contexto político interno el que agudiza la pérdida de confianza: el mercado percibe que México está en manos de una administración dispuesta a avanzar en proyectos controvertidos, sin considerar el costo en términos de estabilidad económica y certidumbre jurídica. El impacto en el tipo de cambio es solo uno de los síntomas de una enfermedad más profunda: una percepción de falta de dirección y de irresponsabilidad fiscal que, de no corregirse, podría empujar a México hacia una crisis económica. A medida que las políticas de Morena se profundicen, los riesgos de estancamiento o recesión aumentan. Las empresas y los capitales externos, claves para el desarrollo, no ven incentivos ni seguridad jurídica suficiente para apostar a largo plazo en el país. Este vacío de confianza también se refleja en la Bolsa Mexicana de Valores, que ha sufrido pérdidas considerables en los sectores financiero y energético, sectores que el nuevo gobierno podría intervenir de forma más intensa. La situación plantea un panorama sombrío en el que el gobierno de Sheinbaum deberá decidir entre la continuación de políticas populistas y la necesidad urgente de estabilizar la economía. Ni Cuba ni Venezuela lanzarán una soga cuando México se esté ahogando.
