Los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucharán este martes en audiencia pública a jueces, abogados y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones en México. Los participantes expondrán sus preocupaciones respecto a la implementación de la reforma judicial y su impacto en la independencia y el acceso a la justicia.
La propia CIDH expresó en septiembre pasado su inquietud por los cambios aprobados y su efecto en el Estado de Derecho. La audiencia fue solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el Colegio de Secretarios y Actuarios Federales, así como por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Estas organizaciones advirtieron sobre el riesgo a la independencia judicial que representan las modificaciones propuestas.
Durante el diálogo, los representantes de la JUFED, la jueza mexicana Juana Fuentes Velázquez; del Colegio PJF, Rosa Elena Alonzo Méndez; y del IIRESODH, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, expondrán las diversas razones por las cuales consideran que la reforma no solo amenaza la estabilidad de los impartidores de justicia actuales, sino que también impacta en la calidad de la justicia al introducir procesos de elección popular para jueces, magistrados y ministros en 2025 y 2027. Argumentan que este cambio es riesgoso en el contexto de la seguridad pública y la posible injerencia del crimen organizado.
Estos cambios constitucionales, advierten, harían incumplir al Estado mexicano la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que solicitarán la imposición de medidas cautelares. Luego de la audiencia y el análisis que realizarán los siete comisionados de la CIDH, encabezados por la trinitaria Roberta Clarke, se espera una resolución que podría incluir recomendaciones específicas sobre la reforma, medidas de protección para los integrantes del Poder Judicial Federal o solo observaciones al proceso.
