La narrativa promovida por Epigmenio Ibarra sobre Claudia Sheinbaum viajando en vuelo comercial rumbo a la Cumbre de Líderes del G20 en Brasil está diseñada para subrayar un supuesto contraste entre la austeridad del gobierno actual y los excesos de administraciones pasadas. Recordar que al ser le prestaron 150 millones de pesos acompañados de prórrogas inexplicables que le ayudan a que no haya cubierto la supuesta deuda. Sin embargo, este tipo de gestos simbólicos, aunque bien recibidos por ciertos sectores, carecen de impacto real si no están acompañados de políticas públicas efectivas que mejoren las condiciones de vida de la población. La austeridad como bandera política es un recurso de alto valor electoral, pero se desvirtúa cuando se utiliza como herramienta de propaganda sin una coherencia integral entre discurso y práctica. El problema radica en el doble rasero de quienes impulsan estas narrativas. Es inevitable recordar que el propio Epigmenio Ibarra fue captado viajando en primera clase en un vuelo comercial, lo que contradice la postura de austeridad que ahora ensalza. Este tipo de incongruencias alimenta el escepticismo público y pone en entredicho la autenticidad de estas gesticulaciones políticas. Si bien no es un pecado viajar en primera clase, el problema surge cuando quienes abanderan la austeridad caen en prácticas que buscan imponer una superioridad moral que no siempre se sostiene. La política del «gobierno rico con pueblo pobre» que se pretende combatir no se soluciona con gestos mediáticos, sino con reformas estructurales que reduzcan la desigualdad, eliminen la corrupción y generen bienestar. Los viajes comerciales de funcionarios son irrelevantes si las prioridades gubernamentales no se traducen en resultados tangibles para la ciudadanía. La obsesión por los simbolismos, como el caso del AIFA o el uso de vuelos comerciales, pierde peso frente a problemáticas más urgentes: inseguridad, deficiencias en el sistema de salud y una economía que enfrenta retos de crecimiento. El discurso de austeridad no puede seguir siendo una cortina de humo para evitar rendir cuentas sobre decisiones cuestionables. Los ciudadanos necesitan políticas concretas, no montajes ni figuras públicas utilizando gestos simbólicos para reforzar narrativas vacías. La credibilidad se construye con acciones consistentes, no con discursos. Y cuando estas inconsistencias se exhiben, como en el caso de Ibarra, el mensaje se desploma, dejando en evidencia que la lucha simbólica es más estrategia que convicción.
El video que circula en redes sociales, donde se observa a sicarios aplicando la llamada «ley fuga» a un individuo en Teapa, Tabasco, es una muestra alarmante de la creciente violencia que azota la región. Este acto, en el que la víctima es obligada a descender de un vehículo con la cabeza cubierta y posteriormente ejecutada a tiros, refleja la impunidad con la que operan los grupos delictivos en el estado. La situación en Tabasco ha escalado a niveles preocupantes. En agosto de 2024, la dueña del restaurante «La Leyenda» en Teapa fue asesinada en un ataque armado que provocó un fuerte operativo de seguridad, incluyendo la movilización de un helicóptero. Asimismo, en julio de 2024, un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional resultó en la captura de presuntos secuestradores en la ranchería Juan Aldama, también en Teapa. Estos eventos evidencian una escalada de violencia que las autoridades locales han sido incapaces de contener. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, enfrenta un desafío monumental. La percepción de que está «en el hoyo» refleja la frustración de la ciudadanía ante la falta de resultados efectivos en materia de seguridad. La aplicación de la «ley fuga» por parte de sicarios no solo es una afrenta a la legalidad, sino también una señal de que el control territorial está siendo disputado por fuerzas al margen de la ley. Es imperativo que el gobierno estatal, en coordinación con las autoridades federales, implemente estrategias integrales para combatir la delincuencia organizada. La impunidad y la corrupción deben ser erradicadas para restablecer la confianza de la población en sus instituciones. La situación actual en Tabasco no solo afecta la seguridad de sus habitantes, sino que también tiene repercusiones económicas y sociales que podrían agravar la crisis en el mediano y largo plazo. La violencia desatada en el «edén morenista» de Tabasco es un recordatorio de que las promesas de cambio y transformación deben materializarse en acciones concretas y efectivas. La ciudadanía exige resultados tangibles y una respuesta contundente ante la barbarie que se ha apoderado de sus calles. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con la firmeza que la situación demanda.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y la subsecuente construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles representan decisiones que han comprometido gravemente el desarrollo aeroportuario y económico del país. El NAICM, concebido como una solución integral a la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, contaba con estudios técnicos y financieros que respaldaban su viabilidad y proyección a largo plazo. Su cancelación, anunciada en octubre de 2018 tras una consulta pública cuestionable, implicó un costo de 113,327.7 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. El principal responsable de esta decisión es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde su campaña, manifestó su oposición al proyecto de Texcoco, calificándolo de faraónico y corrupto. Su determinación de cancelar el NAICM y optar por el AIFA, ubicado en la Base Aérea de Santa Lucía, careció de fundamentos técnicos sólidos y respondió más a una agenda política que a un análisis objetivo de las necesidades del país. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, también comparte responsabilidad al respaldar y ejecutar esta decisión sin presentar argumentos técnicos convincentes que justificaran el cambio de proyecto. La construcción del AIFA ha sido objeto de críticas por su lejanía, falta de conectividad y escasa demanda. A pesar de la inversión significativa, el aeropuerto no ha logrado posicionarse como una alternativa viable al Benito Juárez, evidenciando una planificación deficiente y una ejecución apresurada. La ASF ha señalado inconsistencias en los costos asociados a la cancelación del NAICM y la construcción del AIFA, lo que refleja una gestión financiera cuestionable. Esta cadena de decisiones ha tenido consecuencias negativas para la economía nacional, afectando la confianza de inversionistas y desperdiciando recursos públicos en proyectos que no cumplen con las expectativas ni las necesidades reales del país. Es imperativo que los responsables de estas acciones, encabezados por el presidente López Obrador y el exsecretario Jiménez Espriú, rindan cuentas por las implicaciones económicas y sociales derivadas de sus decisiones. La historia juzgará con severidad este episodio como un ejemplo de cómo la política puede imponerse sobre la razón y el bienestar colectivo, con consecuencias nefastas para el desarrollo de México.
