A dos meses de iniciado el sexenio de Claudia Sheinbaum, su presidencia enfrenta una creciente oleada de críticas que evidencian los serios retos estructurales que enfrenta su administración. Aunque llegó al poder con un sólido respaldo político y una narrativa de continuidad respecto al proyecto de la Cuarta Transformación, su gestión inicial se ha visto marcada por decisiones controvertidas, crisis en áreas clave como la seguridad y la justicia, y una percepción de que su administración prioriza la ideología sobre la solución efectiva de problemas. Uno de los puntos más álgidos ha sido la creciente crisis de violencia que sacude al país. A pesar de prometer una estrategia que priorizaría la inteligencia y la prevención, sucesos como la masacre en Querétaro, que dejó 10 muertos y 13 heridos, han ensombrecido las primeras semanas de su mandato. Voces han señalado que el gobierno de Sheinbaum muestra señales de continuidad con los errores de su predecesor, sin un cambio estructural en la estrategia de seguridad. Mientras tanto, la oposición, encabezada por figuras como Xóchitl Gálvez, no ha dudado en calificar su manejo de la seguridad como “una continuación del fracaso”. Otro frente de crítica ha sido la reforma judicial, que propone la elección popular de jueces. Esta medida, lejos de consolidar el sistema de justicia, ha desatado una tormenta institucional. Ministros de la Suprema Corte, como Luis María Aguilar, han manifestado su preocupación por la politización del poder judicial, mientras que el constitucionalista Diego Valadés advirtió que “la reforma socava los principios de imparcialidad y profesionalismo que deben regir al sistema judicial”. Esta decisión ha sido calificada por medios internacionales como The Economist como una amenaza a los contrapesos democráticos, lo que ha puesto en entredicho el compromiso de Sheinbaum con la independencia de las instituciones. La economía también se perfila como un terreno resbaladizo para el nuevo gobierno. A pesar de que Sheinbaum ha descartado la necesidad de una reforma fiscal profunda, agencias como Moody’s han rebajado la perspectiva económica de México a negativa. Analistas han criticado la falta de claridad en las propuestas económicas, señalando que la administración apuesta más por un discurso optimista que por soluciones estructurales. Sheinbaum ha enfrentado cuestionamientos por su falta de autocrítica y su tendencia a priorizar lealtades ideológicas. Refleja una desconexión con la realidad del país. La creciente tensión con Estados Unidos por el tráfico de fentanilo y la narrativa confrontativa hacia organismos internacionales agravan la percepción de un liderazgo más enfocado en sostener su base política que en generar consensos amplios. Claudia Sheinbaum enfrenta una presidencia que, a pesar de contar con legitimidad inicial, se tambalea bajo el peso de crisis estructurales. Si su gobierno no ajusta su rumbo y prioriza resultados sobre ideología, corre el riesgo de dilapidar su capital político en un contexto nacional cada vez más exigente y polarizado.
El caso de Patricia González y su acompañante, secuestrados en la autopista México-Querétaro por un grupo de hombres que utilizó un vehículo con apariencia de patrulla, es un síntoma aterrador de la degradación del Estado de derecho en México. Este incidente no es un hecho aislado, sino un reflejo brutal de cómo la impunidad, la corrupción y la incompetencia gubernamental han convertido al país en un terreno fértil para la delincuencia. Cuando un grupo de criminales puede simular ser autoridad, detener vehículos a plena luz del día y ejecutar secuestros con total impunidad, la pregunta no es qué está fallando, sino si queda algo que funcione en nuestro sistema de seguridad y justicia. La autopista México-Querétaro, una de las vías más transitadas del país, debería ser un corredor seguro bajo vigilancia constante. En cambio, se ha convertido en un punto rojo donde el crimen organizado actúa con la confianza de que las fuerzas de seguridad no llegarán, o peor, que podrían estar coludidas. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Cómo puede un vehículo simular ser patrulla sin ser detectado? Estas preguntas exponen la absoluta negligencia de los gobiernos estatal y federal, que parecen más interesados en discursos políticos que en atender la crisis real que viven millones de ciudadanos. La corrupción policial es un cáncer que México lleva décadas arrastrando. El hecho de que delincuentes puedan operar haciéndose pasar por fuerzas del orden resalta la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de protegerla. En lugar de garantizar la seguridad, estas instituciones se han convertido en una sombra que representa más temor que protección. La amenaza de violación y mutilación a Patricia es un recordatorio de la barbarie que enfrentan miles de mujeres en un país donde la violencia de género sigue escalando sin freno. Cada hora, 11 mujeres son asesinadas en México, y cada día miles enfrentan el miedo de no regresar a casa. El problema no es solo la delincuencia, sino la ausencia de una respuesta efectiva del Estado. Los discursos vacíos y las estrategias fallidas han dejado a la población a merced de los criminales. La reciente propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum de militarizar aún más la seguridad, lejos de ser una solución, perpetúa el problema: un sistema represivo que responde con fuerza bruta y no con inteligencia, prevención y justicia. Al mismo tiempo, las fiscalías estatales están desbordadas, y los casos de violencia y secuestro se acumulan en una montaña de impunidad. Lo que está pasando en México es más que una crisis de seguridad: es un colapso moral e institucional. La incapacidad de garantizar la vida, el patrimonio y la dignidad de los ciudadanos refleja un Estado fallido en sus funciones más básicas. Sin una sacudida profunda en la estrategia de seguridad y un compromiso real contra la corrupción, el país continuará siendo rehén de la violencia, mientras los ciudadanos siguen preguntándose, con desesperación y enojo: ¿qué carajos está pasando con México?
La intención de Xóchitl Gálvez de formar un nuevo partido político, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2024, plantea serias interrogantes sobre la fortaleza de su liderazgo y su capacidad para consolidar un movimiento opositor efectivo. Aunque su propuesta podría leerse como un intento de revitalizar la oposición y ofrecer una opción fresca ante la decadencia de los partidos tradicionales, también refleja una preocupante falta de estrategia y una posible desconexión con las demandas de quienes depositaron en ella su esperanza de cambio. La rapidez con la que Gálvez abandonó su rol como principal figura opositora y su alineación con los partidos existentes genera desilusión entre un electorado que esperaba más resistencia y claridad en sus convicciones. El argumento de Gálvez, centrado en la creación de un partido que reúna ciudadanos «honestos y comprometidos», sugiere una crítica implícita a los partidos tradicionales como el PAN y el PRI, que la respaldaron en su candidatura presidencial. Sin embargo, la rapidez con la que ha pasado de ser el rostro visible de un frente amplio a buscar una alternativa independiente pone en entredicho su capacidad para consolidar alianzas y liderar un movimiento político cohesionado. Para muchos, esta decisión evidencia que su candidatura careció de una base sólida y estuvo más motivada por circunstancias coyunturales que por un proyecto político claro y de largo plazo. Además, el tiempo elegido para anunciar esta iniciativa agrava la percepción de una claudicación prematura. En lugar de mantenerse como una voz crítica que capitalice las debilidades iniciales del gobierno de Claudia Sheinbaum, Gálvez parece estar más enfocada en construir un proyecto personal que en fortalecer la oposición existente. Esto genera frustración en un electorado que esperaba de ella una postura más combativa y estratégica frente al oficialismo. El anuncio también puede ser leído como un rechazo a la coalición que la impulsó, lo que podría fragmentar aún más a la oposición y disminuir su efectividad en futuros procesos electorales. Por otro lado, la idea de un nuevo partido enfrenta enormes desafíos prácticos. México cuenta ya con un sistema político sobresaturado, donde los partidos pequeños tienden a ser irrelevantes o a convertirse en meras plataformas para negociar cuotas de poder. Para que su propuesta sea viable, Gálvez tendría que demostrar que su proyecto no es solo una reacción impulsiva a su derrota, sino una alternativa auténtica capaz de atraer a sectores amplios y diversos de la ciudadanía. Esto requiere más que discursos: necesita una narrativa sólida, propuestas claras y, sobre todo, credibilidad, algo que ahora podría estar en duda tras su aparente abandono del frente opositor que prometió liderar.
