El optimismo de Marcelo Ebrard sobre el éxito del T-MEC como «gran fortaleza» en las negociaciones con Estados Unidos no debe ocultar los riesgos que representan las amenazas recurrentes de Donald Trump. El líder estadounidense, con su discurso nacionalista y antiinmigrante, ha usado a México como chivo expiatorio para consolidar su base electoral y su regreso a la presidencia en 2025 podría reinstaurar un clima de confrontación que México no puede permitirse dada su dependencia económica y social de Estados Unidos. Las amenazas de Trump de imponer aranceles punitivos, como en 2019, son una grave amenaza para la economía mexicana. Aunque el T-MEC ofrece cierto respaldo, los mecanismos de resolución de controversias son lentos, y tarifas adicionales podrían afectar sectores estratégicos como el automotriz, agroalimentario y manufacturero, que representan más del 80% de las exportaciones mexicanas. Además, Trump podría intentar renegociar el T-MEC o usar pretextos como la «seguridad nacional» para justificar medidas unilaterales, lo que desestabilizaría el acuerdo y ahuyentaría la inversión extranjera. El tema migratorio es otro punto vulnerable. Las amenazas de militarizar más la frontera, construir más barreras físicas o deportar masivamente son herramientas que Trump usaría para presionar a México. En el pasado, el gobierno mexicano cedió, desplegando la Guardia Nacional para contener migrantes, lo que generó críticas internacionales. Una política migratoria más agresiva podría provocar una crisis humanitaria en la frontera y agudizar tensiones en regiones fronterizas donde los recursos son limitados. Trump ha mostrado desprecio por la diplomacia multilateral, optando por chantajes directos. Si regresa al poder, podría intensificar la presión contra México en temas como narcotráfico, tráfico de armas y seguridad, amenazando la soberanía mexicana. Propuestas como designar a los cárteles como organizaciones terroristas abrirían la puerta a intervenciones unilaterales. México debe prepararse para un escenario hostil diversificando mercados, fortaleciendo su economía interna y reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Es esencial construir alianzas con actores estadounidenses como gobernadores y empresas, además de resolver problemas estructurales internos como la inseguridad y la corrupción. Confiar únicamente en el T-MEC es un error estratégico. Las amenazas de Trump son reales y no enfrentarlas con firmeza solo agravaría la vulnerabilidad del país.
No olvidemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa el intento de imponer la reforma judicial, una continuación directa del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, quien durante su sexenio atacó sistemáticamente al Poder Judicial por no doblegarse completamente a su mandato. La reforma propuesta plantea la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, bajo la premisa de que el «pueblo» decidirá quién imparte justicia. Pero en la práctica, esto no es más que un ardid para que Morena y el aparato gubernamental controlen las candidaturas y, por ende, la justicia. No es el pueblo quien elegirá, sino quienes seleccionen a los candidatos y manipulen la elección. Desde la posibilidad de designaciones por tómbolas hasta la intervención de grupos clientelares para acarrear votos en casillas, todo apunta a un proceso diseñado para consolidar el control del Ejecutivo sobre el Judicial. Bajo este esquema, los jueces no serán independientes, sino piezas de un engranaje político. En lugar de impartir justicia con base en la Constitución, responderán a la estructura partidista que los impulse, garantizando impunidad para el poder en turno y persecución para opositores. Es la crónica de un Estado de derecho hecho añicos, donde la autonomía judicial será un mero recuerdo. El contexto no es casual: el gobierno de Sheinbaum hereda un país con crisis de inseguridad, crecimiento estancado y un descrédito internacional por la militarización y los ataques a la democracia. En vez de resolver estos problemas, la reforma judicial busca un remedio autoritario: si los jueces no fallan a favor del régimen, entonces hay que sustituirlos por jueces leales. Es la receta clásica de gobiernos populistas que buscan perpetuarse en el poder: someter las instituciones democráticas hasta convertirlas en simples brazos del Ejecutivo. El verdadero trasfondo de esta reforma no es mejorar la justicia, sino garantizar que no haya contrapesos al gobierno de Sheinbaum y que Morena pueda operar sin riesgos judiciales en futuros sexenios. Si se aprueba, significará la liquidación de la separación de poderes en México. La pregunta es si la oposición y la sociedad civil tienen la fuerza para detener esta embestida antes de que sea demasiado tarde. Lastimosamente la respuesta es no.
Hay que subrayar una de las crisis más alarmantes en México: la violencia sistemática contra periodistas, que ha colocado al país en el vergonzoso primer lugar mundial en desapariciones de comunicadores, y en el tercero por asesinatos, solo superado por contextos de guerra abierta como Palestina y Pakistán. Este dato, reportado por Reporteros Sin Fronteras, es un reflejo contundente de la fragilidad del Estado de derecho, la impunidad rampante y la complicidad de actores tanto del crimen organizado como de estructuras gubernamentales. El ejercicio del periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, particularmente en regiones controladas por el narcotráfico o donde las autoridades locales están coludidas con el crimen organizado. Periodistas que investigan temas como corrupción, tráfico de drogas o violaciones de derechos humanos son sistemáticamente silenciados mediante amenazas, desapariciones y asesinatos. La impunidad es el sello distintivo de esta crisis: más del 95% de estos casos no son resueltos, lo que envía un mensaje claro de que el asesinato de periodistas no tiene consecuencias legales. El gobierno actual ha sido severamente cuestionado por su falta de acción efectiva para proteger a la prensa y garantizar la libertad de expresión. Aunque existen mecanismos como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, su ineficiencia es evidente, pues a menudo no se activan a tiempo o no ofrecen garantías reales de seguridad. En muchos casos, las autoridades federales y locales han adoptado una postura pasiva o incluso hostil hacia el periodismo crítico, acusándolos de ser «adversarios» o parte de una «campaña mediática» contra el gobierno, lo que legitima indirectamente las agresiones en su contra. Este contexto coloca a México en una encrucijada peligrosa: la falta de garantías para el ejercicio del periodismo no solo pone en riesgo la vida de los comunicadores, sino que también mina la democracia y el derecho de la sociedad a estar informada. Sin una prensa libre y protegida, los ciudadanos pierden una herramienta fundamental para exigir transparencia y rendición de cuentas, y los espacios para el debate público se reducen drásticamente. La respuesta gubernamental a esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, cómplice por omisión. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de revertir este panorama; sin embargo, hasta ahora no se han anunciado estrategias claras ni contundentes para frenar esta tragedia. La comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU, ha señalado la gravedad de la situación, pero la presión externa no ha sido suficiente para provocar cambios estructurales. La solución requiere un compromiso integral: fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial, combatir la impunidad y establecer una política de tolerancia cero hacia las agresiones contra la prensa. Sin estas acciones, México continuará encabezando rankings vergonzosos que son un espejo de su crisis institucional y de derechos humanos.
