El apodo «El 30» atribuido a Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la extradición masiva de narcotraficantes a Estados Unidos es un claro reflejo del creciente descontento y la percepción crítica hacia su administración en materia de seguridad y crimen organizado. La ironía detrás del mote radica en la implicación de que AMLO debería ser el siguiente en la lista, insinuando una posible complicidad o, al menos, una gestión laxa en el combate al narcotráfico. Sin embargo, es crucial analizar este fenómeno desde una perspectiva objetiva y sin caer en especulaciones infundadas. Primero, la extradición de figuras clave como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales (líderes de Los Zetas) no es un movimiento aislado, sino parte de la estrategia histórica de México para deshacerse de capos de alto perfil cuya presencia en el país representa una amenaza tanto política como social. Pero el hecho de que estas extradiciones hayan ocurrido tras la salida de AMLO y en los primeros meses de Claudia Sheinbaum sugiere que podrían ser una maniobra de su gobierno para marcar distancia con la administración anterior o cumplir acuerdos previamente pactados con Washington. El apodo en sí refleja una narrativa de desconfianza: López Obrador ha sido duramente criticado por su estrategia de «abrazos, no balazos», la cual, en la práctica, fue interpretada por muchos como una permisividad hacia el crimen organizado. Su gobierno negó repetidamente que existiera un pacto de no agresión con el narco, pero eventos como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, el crecimiento del control territorial de cárteles y la violencia descontrolada dejaron dudas sobre su verdadero papel en la lucha contra el crimen. En este sentido, el mote «El 30» es un síntoma de una percepción pública que asocia a AMLO con la impunidad o incluso con la protección indirecta de ciertos grupos criminales. No obstante, es importante recalcar que no hay acusaciones legales formales ni investigaciones en curso en su contra que justifiquen su inclusión en una lista de extraditables. Hasta ahora, este apodo parece ser más un fenómeno de redes sociales y opiniones políticas críticas que una realidad jurídica. Su origen podría deberse a opositores políticos o sectores de la sociedad que buscan enfatizar la herencia de violencia e inseguridad que deja su administración. A nivel internacional, si bien la administración de Joe Biden no ha señalado directamente a AMLO por complicidad con el crimen organizado, sí han existido fricciones en temas de cooperación en seguridad, especialmente por la Ley de Seguridad Nacional de México que limitó la presencia de agentes de la DEA en el país. Esta tensión también alimenta la percepción de que el gobierno de AMLO no combatió de manera efectiva al narcotráfico. Finalmente, el uso de este apodo podría crecer en relevancia si surgen nuevas revelaciones o si el gobierno de Sheinbaum opta por distanciarse más agresivamente de su antecesor. En política, los símbolos y los apodos suelen tener vida propia, y «El 30» bien podría convertirse en una referencia duradera si se arraiga en el imaginario colectivo como un recordatorio de los fracasos en seguridad del sexenio de López Obrador.
El homenaje a Cuauhtémoc a 500 años de su asesinato es una evidente caja china para desviar la atención de los escándalos y crisis actuales del gobierno de la 4T, en un momento clave de la sucesión presidencial. La maniobra es predecible: cuando los problemas arrecian, se recurre a símbolos históricos y discursos nacionalistas para distraer a la opinión pública. La pregunta es: ¿de qué quieren distraernos? Primero, la salida de Claudia Sheinbaum para arrancar oficialmente su campaña presidencial dejó al gobierno de AMLO en un punto de vulnerabilidad. La ausencia de su delfina pone los reflectores sobre la gestión actual, justo cuando arrecian los cuestionamientos sobre la violencia imparable, el estancamiento económico y las inconsistencias en el discurso oficial. Además, el reciente escándalo de los «narcocandidatos» exhibidos en investigaciones periodísticas y los informes sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones han erosionado la credibilidad del proceso electoral. En segundo lugar, el desabasto de medicamentos y la crisis en el sistema de salud han generado una ola de críticas, sobre todo tras la cancelación de programas clave como el Seguro Popular y la fallida promesa del «sistema de salud como el de Dinamarca». La protesta de padres de niños con cáncer y la indignación por la negligencia en el manejo de las compras de medicinas han dejado una herida abierta en la opinión pública. Tercero, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con masacres recurrentes, colapso de cuerpos policiales locales y un gobierno que insiste en minimizar el problema con discursos sobre «abrazos, no balazos». En este contexto, el homicidio de Cuauhtémoc hace 500 años es una distracción conveniente para no hablar de los miles de asesinatos actuales que quedan impunes. Cuarto, la economía también está en la cuerda floja. El gobierno de AMLO ha gastado sumas millonarias en megaproyectos con dudosa rentabilidad, mientras que la inflación y el desempleo golpean a la clase trabajadora. El peso fuerte es un espejismo si se compara con la caída del poder adquisitivo. Pero en lugar de abordar estos temas, se recurre a la narrativa de resistencia indígena y soberanía nacional para alimentar el discurso populista. El timing del homenaje es revelador: no tiene relevancia inmediata en la agenda nacional, pero sirve como una cortina de humo en un momento de crisis política. Jesús Ramírez Cuevas, como estratega de comunicación, sabe perfectamente que este tipo de distracciones funcionan para polarizar el debate y evitar que los temas urgentes dominen la conversación. Apelar a la figura de Cuauhtémoc es una jugada clásica del manual del populismo: evocar el pasado glorioso para encubrir los fracasos del presente.
El caso del Hospital General de Zihuatanejo «Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez» es solo una muestra del fracaso estructural del IMSS-Bienestar, el modelo estrella del gobierno de la 4T, que ha presumido insistentemente de estar construyendo un sistema de salud «mejor que el de Dinamarca». Sin embargo, la realidad que enfrentan los hospitales públicos en México dista mucho de esta narrativa propagandística. La presencia de ratas en áreas críticas del hospital no solo es un escándalo sanitario, sino una prueba irrefutable del abandono en el que se encuentran muchas instituciones médicas del país. Las imágenes y denuncias provenientes del personal médico y de la comunidad local ponen en evidencia la precariedad de las condiciones hospitalarias, donde la falta de insumos, el deterioro de las instalaciones y la deficiencia en el mantenimiento han convertido estos espacios en un foco de infección y riesgo para los pacientes. No es solo una cuestión de higiene; la presencia de plagas en hospitales refleja la descomposición de un sistema que ha priorizado la retórica política sobre la verdadera eficiencia en la prestación de servicios de salud. La situación en Zihuatanejo no es un caso aislado. En los últimos años, decenas de hospitales del IMSS e ISSSTE han sido señalados por condiciones deplorables, desde quirófanos sin aire acondicionado hasta la falta de medicamentos esenciales. A esto se suman las constantes denuncias de trabajadores de la salud por falta de equipo, pagos retrasados y precarización laboral, un problema que se agudizó con la desaparición del INSABI y la fallida implementación del modelo IMSS-Bienestar. El hecho de que las denuncias provengan de un dirigente del PRI, como Alejandro Bravo Abarca, podría ser usado por el oficialismo para minimizar la gravedad del problema, etiquetándolo como un ataque partidista. Sin embargo, los videos y testimonios de pacientes y médicos superan cualquier argumento político. La presencia de ratas en un hospital es un crimen contra la salud pública, y la responsabilidad recae en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. El caso de Zihuatanejo es una advertencia del colapso en curso del sistema de salud pública en México. La pregunta clave es: ¿qué hará el gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto? Si sigue la misma línea de López Obrador—negando los problemas y culpando al pasado—, la crisis sanitaria solo se profundizará. Es evidente que el discurso triunfalista del «mejor sistema de salud del mundo» es una falacia, y casos como este son la prueba más contundente de que el IMSS-Bienestar no está funcionando. Lo mínimo que se esperaría es una respuesta inmediata de las autoridades, pero si la tendencia sigue, lo más probable es que el caso quede archivado bajo la estrategia clásica de minimización, justificación y olvido.
