La fallida incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, seguida de su rocambolesca “salida voluntaria”, representa no sólo un episodio de oportunismo político disfrazado de pragmatismo, sino también una muestra palpable del caos estratégico que reina en la política partidista mexicana. Yunes Márquez —hijo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y parte de una dinastía política conocida por su beligerancia retórica y sus choques con el obradorismo— intentó presentarse como un converso político, cuando en realidad lo movía un cálculo de supervivencia personal ante la evidente fractura con el PAN y la posibilidad de quedar marginado del juego electoral. Su narrativa de que se desafiliaría “voluntariamente” de Morena para evitar divisiones internas quedó rápidamente demolida por la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, que no solo rechazó su solicitud de afiliación, sino que dejó entrever que la maniobra del senador fue anticipada por una filtración desde las altas esferas del lopezobradorismo, particularmente del círculo de Adán Augusto López, viejo operador del sistema. Es decir, Yunes no se fue, lo echaron, pero intentó venderlo como una retirada noble. Este acto no fue ingenuo: buscaba proteger su imagen ante una base política que lo identifica con la derecha y que difícilmente aceptaría una alianza con el movimiento que ha combatido durante más de una década. La intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle —quien promovió activamente el rechazo a su entrada— revela no solo la influencia política que ha ganado dentro del aparato de Morena, sino también el celo con el que ciertos sectores del partido se oponen a la “contaminación” de su militancia por actores que consideran ajenos o incluso enemigos ideológicos. Nahle no solo defendió la coherencia interna del partido; lanzó un mensaje de fuerza en el tablero sucesorio de Veracruz, consolidándose como la figura central del morenismo local. Es también un golpe para quienes desde la dirigencia nacional promueven la política de puertas abiertas sin filtro ideológico, lo que en los hechos convierte a Morena en una plataforma sin identidad clara, susceptible de ser colonizada por expanistas, expriistas y oportunistas de ocasión. El caso Yunes pone al descubierto las tensiones intestinas entre los que aún ven a Morena como un movimiento transformador y quienes lo visualizan como un mero vehículo electoral. Más allá de la anécdota, el episodio expone la debilidad institucional de los partidos, donde las decisiones se toman más por cálculos de coyuntura que por principios ideológicos, y donde el transfuguismo no es una excepción, sino la norma. A pesar de haber sido rechazado, Yunes Márquez afirmó que seguirá votando por Morena, lo que solo acentúa el carácter contradictorio y pragmático de su actuar: una jugada desesperada por no quedar fuera del tablero, aunque sea como peón de reserva. Esta paradoja encapsula la degradación política en curso: en México, ya ni los adversarios se respetan como tales, y el oportunismo ha desplazado por completo a la congruencia.
Lo ocurrido en Oxchuc, Chiapas, con el alcalde César Gómez López exigiendo ser cargado en hombros “como un rey egipcio” como condición para autorizar una obra pública, representa un acto grotesco de distorsión del poder público, una regresión feudal en pleno siglo XXI que exhibe con crudeza las patologías del autoritarismo comunitario disfrazado de gobernanza por “usos y costumbres”. No estamos ante una anécdota pintoresca o una expresión folclórica de la política local; estamos frente a una afrenta directa al principio republicano de que toda autoridad está al servicio del pueblo y no al revés. Lo simbólico aquí no es irrelevante: que un funcionario imponga su propia vanagloria personal como requisito para cumplir con su obligación administrativa es una forma burda de humillación colectiva, un acto de vasallaje forzado que contraviene no sólo la legalidad, sino los más elementales principios de dignidad cívica. Peor aún: se trata de un alcalde electo bajo un sistema de usos y costumbres, lo cual, lejos de servir como justificación, debería implicar una mayor sensibilidad hacia los códigos de respeto comunitario. Lo que Gómez López hizo fue prostituir la legitimidad de esa forma de elección para consolidar un pequeño culto personalista que ni en las peores épocas del caciquismo indígena se había tolerado de forma tan explícita. Este episodio, además de indignante, revela la fragilidad institucional de muchos municipios del país, donde la ausencia de contrapesos efectivos, la opacidad en el uso de recursos y la captura de las estructuras comunales por élites locales conducen a situaciones de abuso sistemático sin consecuencia alguna. Que hasta el momento el alcalde no haya ofrecido una disculpa pública ni haya sido llamado a rendir cuentas por alguna autoridad estatal o federal refleja una preocupante normalización del despotismo rural, donde la justicia y la administración pública se negocian con base en rituales clientelares, venganzas políticas o humillaciones públicas. Lo ocurrido no es un chiste viral ni un meme más: es un síntoma de una enfermedad profunda en el tejido democrático del país. Urge revisar, con mirada crítica, cómo operan los sistemas de elección por usos y costumbres en México, particularmente cuando se desvían de su raíz comunitaria para convertirse en simulacros de poder vertical, arbitrario y personalizado. El silencio cómplice de las autoridades estatales y federales no hace más que alimentar esta impunidad estructural. Si la ciudadanía no puede confiar en que las obras públicas se asignen con base en criterios técnicos y sociales —y no en la sumisión al ego de un funcionario—, entonces hemos perdido la esencia misma del contrato social. El respeto a la ciudadanía no debe ser negociable, y este tipo de prácticas deben ser sancionadas con la misma severidad que se aplicaría a cualquier acto de corrupción o coacción. No es posible construir democracia sobre el lodo de la humillación.
Andrea Chávez Treviño, senadora de Morena por Chihuahua desde septiembre de 2024 y actual vocera de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, enfrenta una grave denuncia penal presentada el 1 de abril de 2025 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que la acusa de haber incurrido en tres delitos federales de alto impacto: defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. La querella fue encabezada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acompañado del abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth, la dirigente estatal del partido en Chihuahua, Daniela Álvarez, y las legisladoras Kenia López Rabadán y Mariana Gómez del Campo, quienes acudieron personalmente a la sede de la FGR en la Ciudad de México. De acuerdo con los panistas, Chávez habría utilizado recursos del Senado, así como financiamiento opaco y estructuras paralelas, para operar las denominadas “Caravanas de la Salud”, que en apariencia brindaban servicios médicos a comunidades marginadas, pero que en el fondo —según la denuncia— fueron actos sistemáticos de proselitismo anticipado y desvío de fondos con fines personales y electorales. El PAN argumenta que estas caravanas, lejos de ser una acción altruista o institucional, conforman un esquema de simulación en el que participaron recursos humanos, materiales y financieros no reportados, y que además se vinculan con un notable incremento patrimonial de la senadora en los últimos meses. “No estamos hablando de una irregularidad administrativa menor, sino de un posible entramado de corrupción y lavado de dinero, disfrazado de activismo social”, señaló Gil Zuarth. La acusación por defraudación fiscal se sustenta en discrepancias detectadas entre los ingresos declarados por la senadora y los gastos desplegados en las giras y logística de las caravanas; la de enriquecimiento ilícito parte del supuesto aumento no justificado de su patrimonio y la ostentación de recursos durante sus actividades públicas; y la más grave, delincuencia organizada, se basa en la participación reiterada y coordinada de múltiples personas, operadores y empresas fantasma que habrían contribuido a este esquema, lo que podría configurar una estructura con fines ilícitos conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Kenia López fue enfática al afirmar que “lo que Andrea Chávez encabeza es un modelo de propaganda encubierta financiado con el dinero del pueblo, operado con cinismo y violencia institucional, en detrimento de la legalidad”. Jorge Romero advirtió que esta denuncia es solo el inicio de una serie de acciones legales que el PAN emprenderá contra quienes —dijo— “usan el Senado como trampolín y las necesidades sociales como botín”. La denuncia exige a la FGR abrir de inmediato una carpeta de investigación, congelar cuentas vinculadas y solicitar el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del SAT para documentar las irregularidades fiscales y financieras. Aunque hasta el momento Andrea Chávez no ha emitido una declaración formal sobre el caso, en redes sociales ha sugerido que se trata de “una persecución machista y clasista” contra mujeres jóvenes del movimiento obradorista. Sin embargo, la gravedad de los delitos imputados —y el hecho de que sea senadora en funciones— podría derivar en una solicitud de desafuero ante el Senado, abriendo la puerta a un proceso penal que marcaría un precedente histórico en la actual contienda electoral. Este episodio no solo revela el nivel de confrontación entre las fuerzas políticas, sino también el grado en que la figura de Andrea Chávez se ha convertido en un símbolo polarizante: para unos, la encarnación de la renovación obradorista; para otros, el rostro joven de un autoritarismo maquillado con redes sociales y propaganda asistencialista.
