La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno de Donald Trump suspender de forma provisional el estatus de “parole” —permiso de permanencia temporal— de 532 000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida revierte una orden de un tribunal inferior que impedía al Ejecutivo finalizar esas protecciones humanitarias establecidas por la administración de Joe Biden a finales de 2022 y principios de 2023.
El fallo es únicamente temporal mientras el caso se resuelve en un tribunal de apelaciones. Las ministras Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su disenso, señalando que la suspensión produciría “sufrimiento humano innecesario” y que las vidas de medio millón de personas quedaron “pendientes de un desenlace judicial aún lejano”.
Estos programas exigían que los solicitantes contaran con un patrocinador legal en EE. UU. y les otorgaban autorización de trabajo por dos años, sin posibilidad de renovación automática. Tras asumir su segundo mandato, Trump emitió una orden ejecutiva para cancelar todos los programas de “freedom of parole”, y en marzo el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las protecciones expirarían el 24 de abril, en línea con su política de endurecer el control migratorio.
La disputa forma parte de la amplia estrategia de la administración Trump contra las políticas migratorias de su antecesor. La autoridad judicial ha frenado ya varias de sus iniciativas —incluida la tentativa de usar la Ley de Enemigos Extranjeros contra migrantes venezolanos—, lo que refleja las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en el tema de la inmigración. La decisión de hoy amplía el cruce de impugnaciones legales que definirán el futuro de cientos de miles de residentes temporales.
