El máximo tribunal concluye que fue víctima de tortura y pruebas falsas en uno de los montajes judiciales más polémicos de México
Ciudad de México.– En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, acusada hace casi 20 años del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. La Corte determinó que su condena se basó en confesiones obtenidas bajo tortura y pruebas fabricadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General).
El caso, ampliamente conocido como el “caso Wallace”, ha sido señalado durante años como un ejemplo emblemático de corrupción, fabricación de delitos y violaciones a los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal mexicano.
La sentencia que cambia el rumbo del caso Wallace
La resolución, redactada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fue aprobada por mayoría en la Primera Sala del máximo tribunal, a pesar de las presiones ejercidas por la Fiscalía General de la República (FGR), que intentó posponer la discusión hasta la llegada de los nuevos ministros electos por voto popular.
El fallo destaca que Juana Hilda fue obligada a autoinculparse tras ser sometida a tortura física y psicológica. La Corte declaró inválidas todas las pruebas obtenidas con base en dicha confesión, al considerar que violaban el debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México.
Dos décadas de prisión por un delito fabricado
Juana Hilda González ha pasado casi 20 años en prisión, cumpliendo una sentencia de más de 70 años. Fue detenida en 2006 tras ser vinculada con Hugo Alberto Wallace mediante testimonios inconsistentes. En su primera declaración negó cualquier participación en el crimen. No fue sino hasta una segunda confesión —obtenida bajo amenazas y coacción— cuando se declaró culpable.
Según el expediente, los agentes del Ministerio Público le exigieron confesar bajo amenaza de tortura, violación y daño a sus familiares. A pesar de sus denuncias ante un juez, la Procuraduría no investigó las acusaciones y validó la supuesta confesión.
Pruebas sembradas y omisiones graves
Previo a su “confesión”, las autoridades no encontraron evidencia incriminatoria durante el cateo de su domicilio. Sin embargo, tras su declaración bajo tortura, reaparecieron elementos clave como una licencia de conducir de Wallace y una gota de sangre en la tina del baño, supuestamente ignorada en la primera inspección.
La sentencia también cuestiona que estas pruebas fueran aceptadas sin evaluar el contexto de tortura denunciado. “Juana Hilda no confesó de manera libre y voluntaria, sino mediante presiones, intimidación y amenazas”, señala el fallo.
Una decisión judicial con fuerte carga política
La resolución se da en un contexto político tenso, marcado por la reciente muerte de Isabel Miranda de Wallace, madre de la presunta víctima y figura clave en la acusación. La Corte rechazó la petición de la FGR de aplazar el caso por “inestabilidad” ante la nueva composición judicial tras las elecciones.
También desestimó la solicitud de inhabilitar al ministro Gutiérrez, luego de que su proyecto de sentencia se filtrara a la prensa días antes de la votación.
¿Qué sigue para el caso Wallace?
Con esta resolución, la SCJN pone en duda la versión oficial construida durante casi dos décadas y abre la puerta a que otros coacusados, como Brenda Quevedo, también busquen la revisión de sus casos.
La Corte no solo ordenó la liberación de Juana Hilda, sino que también criticó duramente la actuación de la Procuraduría, señalando que lejos de investigar los actos de tortura, los encubrió.
