El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, suspendiendo la medida de detención domiciliaria que le había sido impuesta tras la condena de primera instancia por los delitos de soborno y fraude procesal.
De acuerdo con la resolución, la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien había dictado la reclusión preventiva, carecía de fundamentos jurídicos claros y vulneraba principios esenciales como la presunción de inocencia. El Tribunal consideró que los argumentos presentados en el fallo inicial se basaban en criterios “vagos, indeterminados e imprecisos”, como la supuesta necesidad de dar un “efecto ejemplarizante” o responder a la “percepción ciudadana”.
Pese a esta determinación, la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada contra el exmandatario en julio pasado sigue vigente, aunque ahora podrá enfrentar el proceso en libertad mientras la Sala Penal del Tribunal Superior analiza el recurso de apelación. Este órgano tiene como plazo máximo el 16 de octubre de 2025 para emitir una decisión definitiva sobre el caso.
La liberación de Uribe ha generado una fuerte reacción en el ámbito político colombiano: mientras sus simpatizantes la celebran como un triunfo del debido proceso, sus detractores advierten que podría enviar un mensaje de impunidad. En cualquier caso, el expresidente permanecerá bajo escrutinio judicial hasta que se resuelva la apelación que definirá su situación legal.
