El Senado de la República aprobó este martes, con 106 votos a favor y ninguno en contra, una reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión, con el objetivo de unificar criterios y sanciones en todo el país. La minuta fue enviada a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su ratificación.
De acuerdo con el dictamen, la reforma busca homologar los tipos penales y agravantes de este delito, establecer mecanismos de protección a víctimas y coordinar la acción de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación y sanción de la extorsión. Actualmente, las legislaciones estatales contemplan sanciones muy dispares —de entre 2 y 30 años de prisión—, lo que, señalaron los legisladores, favorece la impunidad y dificulta la persecución del delito.
Durante la discusión, senadores de distintas bancadas coincidieron en que la extorsión es uno de los crímenes de mayor impacto social, pues afecta tanto a personas como a comercios, transportistas y productores en todo el país. Subrayaron que contar con una ley general permitirá crear unidades especializadas, protocolos de atención temprana y fortalecer la denuncia ciudadana mediante la protección de identidad de las víctimas.
Aunque la reforma representa un avance en el combate a la extorsión, legisladores advirtieron que será fundamental que las autoridades destinen recursos, capaciten personal y diseñen estrategias efectivas para que el nuevo marco jurídico se traduzca en resultados concretos.
