El gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial de sus operaciones a partir del 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar el paquete de financiamiento necesario para el nuevo año fiscal. La parálisis legislativa, derivada de desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre prioridades presupuestales y recortes en programas sociales, obligó a suspender una amplia gama de servicios públicos.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley Antideficiencia, las agencias federales están impedidas de gastar recursos no aprobados por el Congreso. Esto implica que miles de trabajadores considerados “no esenciales” serán enviados a licencia sin goce de sueldo (furlough), mientras que otros deberán continuar sus labores sin recibir pago inmediato hasta que se resuelva el conflicto. Servicios básicos como la seguridad nacional, el control aéreo y la operación de hospitales militares permanecerán activos, aunque con recursos limitados.
Los principales impactos se observan en el cierre o reducción de actividades en parques nacionales y museos federales, la suspensión de investigaciones en salud pública y la ralentización de trámites administrativos. La Administración Federal de Aviación (FAA) anticipó la licencia de más de 11 mil empleados, mientras que en agencias de salud se prevé que cerca del 40% del personal quede temporalmente fuera de funciones. A pesar de ello, programas obligatorios como Medicare, Medicaid y los pagos del Seguro Social continuarán operando con normalidad.
El presidente y los líderes del Congreso enfrentan una creciente presión política y social para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el gobierno. Analistas advierten que, de prolongarse el cierre, podría tener consecuencias económicas significativas, tanto por la pérdida de ingresos en las familias afectadas como por la incertidumbre que genera en los mercados y en la relación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones federales.
