El expresidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, fue sentenciado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado que encabezó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y un gobierno de excepción que nunca llegó a consolidarse.
La resolución fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que también dictó una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos. El tribunal determinó que Castillo actuó con la intención de alterar el orden constitucional, aunque reclasificó los hechos como “conspiración” y no como “rebelión consumada”, lo que derivó en una pena menor a la solicitada por la Fiscalía, que pedía hasta 34 años de cárcel.
Castillo, de 56 años, permanece desde diciembre de 2022 bajo prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, ubicada en una base policial al este de Lima y destinada exclusivamente a exmandatarios. Ahí seguirá cumpliendo la condena recientemente dictada, mientras su defensa anunció que evaluará recursos para impugnar el fallo al considerarlo “injusto y desproporcionado”.
El proceso penal incluyó 85 sesiones de juicio oral, en el que también fueron juzgados exintegrantes de su gabinete. La Corte impuso la misma pena —11 años y 5 meses— a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta, señalados como partícipes en la intentona golpista. En tanto, el exjefe del Consejo de Ministros Aníbal Torres recibió una sentencia de 6 años y 8 meses.
La condena generó reacciones inmediatas en el ámbito político y en redes sociales. Sectores críticos del exmandatario celebraron la decisión como un avance en la defensa del orden democrático, mientras que simpatizantes y familiares de Castillo la calificaron como una “persecución política” y advirtieron que continuarán su defensa por las vías legales.
Con este fallo, Perú cierra uno de los capítulos más tensos de su reciente historia política, marcado por la crisis institucional que siguió a la caída del gobierno de Castillo y que desembocó en un periodo de inestabilidad social bajo la administración de Dina Boluarte.
