La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia este lunes, en un movimiento que desató un intenso debate político luego de que el Congreso estatal aprobara una reforma constitucional que modifica la estructura y las reglas de designación en la Fiscalía General del Estado (FGE). La renuncia fue anunciada oficialmente por la propia institución.
De acuerdo con la información disponible, la salida ocurre apenas días después de que el Congreso avalara cambios que reducen la duración del encargo del titular de la Fiscalía —de nueve a cuatro años— y amplían las facultades de la gobernadora Rocío Nahle García para proponer y remover al fiscal. Organizaciones y analistas han señalado que estas modificaciones debilitan la autonomía del órgano constitucional.
La reforma también establece la posibilidad de reelección para un segundo periodo y reconfigura los mecanismos de selección, lo que para diversos sectores representa un viraje hacia un mayor control político del Ejecutivo sobre la procuración de justicia. Aunque Hernández Giadáns no detalló públicamente los motivos de su renuncia, su salida ha sido interpretada como consecuencia directa del nuevo marco legal.
En ese contexto, comenzaron a circular nombres de posibles perfiles que podrían asumir la Fiscalía, entre ellos Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, lo que ha generado preocupación entre colectivos y oposición, quienes advierten que la sucesión podría recaer en figuras cercanas al gobierno estatal.
La transición ocurre en un estado señalado por altos índices de violencia y casos pendientes de justicia, por lo que la autonomía de la Fiscalía se mantiene en el centro de la discusión pública. Colectivos de víctimas y organizaciones civiles anticiparon que estarán vigilantes ante el proceso de designación del nuevo titular y el impacto que estos cambios podrían tener en la investigación de delitos.
