Autoridades de la CDMX catean el Refugio Franciscano; gobierno acusa maltrato animal y asegura a los ejemplares

Autoridades de la CDMX catean el Refugio Franciscano; gobierno acusa maltrato animal y asegura a los ejemplares

Autoridades de la Ciudad de México realizaron este martes un cateo en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, tras detectar presuntas condiciones de maltrato animal en el lugar. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de instancias de protección animal y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información oficial, peritajes practicados en el inmueble identificaron hacinamiento, jaulas en condiciones inadecuadas y deficiencias en la atención veterinaria. En el sitio se contabilizaron 936 animales, principalmente perros y gatos, de los cuales 798 presentaban afectaciones consideradas compatibles con maltrato animal, por lo que se determinó su aseguramiento inmediato.

Los animales fueron trasladados a distintos centros de resguardo administrados por el gobierno capitalino, así como a hospitales veterinarios y clínicas especializadas, con el objetivo de brindarles atención médica, alimentación y condiciones adecuadas mientras se define su situación legal.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la intervención tuvo como prioridad salvaguardar el bienestar de los animales y se realizó con base en dictámenes técnicos y en el marco de la ley. Añadió que las autoridades darán seguimiento al estado de salud de los ejemplares y al proceso jurídico correspondiente.

El caso ocurre en medio de un litigio por la posesión del predio donde operaba el Refugio Franciscano, situación que ha generado versiones encontradas. Mientras los responsables del refugio rechazan las acusaciones y cuestionan la legalidad del operativo, colectivos y activistas animalistas han expresado posturas divididas, entre el respaldo a la acción gubernamental y la exigencia de transparencia sobre el destino de los animales.

Las autoridades capitalinas informaron que las investigaciones continuarán y que, conforme avancen las indagatorias, se determinarán posibles responsabilidades administrativas o penales.

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