La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma electoral impulsada por su gobierno —y que no fue aprobada recientemente en el Congreso— tenía como objetivo central reducir los privilegios en el sistema político-electoral, particularmente en los partidos políticos y en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
Durante su explicación sobre la iniciativa, la mandataria señaló que desde antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, el proyecto político que hoy gobierna al país planteó como meta terminar con lo que denominó un “régimen de corrupción y privilegios” dentro de las instituciones públicas.
Según explicó, la propuesta de reforma planteaba disminuir los recursos públicos destinados a partidos políticos y organismos electorales, al considerar que una parte de la ciudadanía percibe como excesivo el monto que se destina a estas estructuras en un país que enfrenta diversas necesidades sociales. En ese contexto, también cuestionó los niveles salariales dentro del Instituto Nacional Electoral, señalando que algunos consejeros perciben ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal.
La presidenta también mencionó la duplicidad de funciones entre el INE y los organismos públicos locales electorales, conocidos como Organismos Públicos Locales Electorales, como uno de los factores que incrementan el gasto público en materia electoral.
Sheinbaum sostuvo que los recursos públicos deberían orientarse prioritariamente a atender necesidades en los municipios, como obras de agua potable, drenaje, mantenimiento urbano y otros servicios básicos. En ese sentido, enmarcó la iniciativa dentro del principio de “austeridad republicana”, el cual busca que el gasto gubernamental se concentre en funciones esenciales y en programas sociales.
La mandataria explicó que la reforma electoral discutida recientemente en el Congreso —que recibió únicamente el respaldo de legisladores de Morena y algunos integrantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo— también contemplaba fortalecer mecanismos de participación ciudadana.
Tras el rechazo de la iniciativa, Sheinbaum señaló que su gobierno explora alternativas dentro de lo que denominó un “plan B”, orientado a reducir privilegios que, según dijo, persisten en congresos locales y municipios, así como a ampliar instrumentos como la consulta popular.
De acuerdo con la presidenta, las propuestas buscan reorientar el uso de los recursos públicos para destinarlos principalmente a programas de bienestar, infraestructura educativa, servicios de salud y obras públicas en comunidades del país.
