El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua no contaban con autorización para realizar operaciones en territorio nacional, al establecer que su presencia no fue notificada ni avalada por instancias federales. De acuerdo con la revisión oficial, uno de los agentes ingresó al país como turista y el otro con pasaporte diplomático, pero ninguno tenía permiso para participar en tareas de seguridad, inteligencia o capacitación.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en conferencia que el Gobierno federal no fue informado sobre la participación de personal extranjero en el operativo, y subrayó que la legislación mexicana prohíbe la actuación de agentes de otros países sin autorización expresa. “No puede haber agentes de Estados Unidos trabajando en campo sin permiso”, sostuvo al referirse al caso, que calificó como un asunto de soberanía nacional.
Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2026, cuando los agentes murieron en un accidente vehicular en la sierra de Chihuahua, junto con dos funcionarios mexicanos, tras acciones vinculadas al combate a un presunto narcolaboratorio. El incidente derivó en cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades locales y federales, así como sobre los mecanismos de colaboración con agencias extranjeras.
El caso abrió un frente de tensión entre el Gobierno federal y la administración estatal encabezada por Maru Campos, luego de que se planteara que los agentes participaban en actividades de apoyo o capacitación. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad descartó esa versión al precisar que no existía registro de autorización bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.
La administración federal reiteró que toda cooperación internacional en materia de seguridad debe sujetarse a los canales institucionales y a la autorización expresa del Estado mexicano, en un contexto donde el caso es considerado de alta sensibilidad por sus implicaciones legales y diplomáticas.
