Las víctimas -entre las cuales se encontraba una persona con una discapacidad intelectual del 67 %- tenían que estar disponibles las 24 horas y ser explotadas sexualmente al menos ocho horas al día para tener dos horas libres.
Once de los integrantes de la banda fueron detenidos en Madrid y otro de ellos en Las Palmas de Gran Canaria (islas Canarias, Atlántico) como presuntos partícipes en delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pornografía y contra la salud pública.
Los implicados, también de origen sudamericano y con vínculos familiares entre ellos, captaban a las víctimas en sus países de origen mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y con la promesa de trabajos dignos y bien remunerados.
La red se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que llegaran a España y, una vez que las víctimas llegaban a su destino, se las informaba de que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje.
Esta deuda debía ser abonada con el ejercicio de la prostitución, y para ello las mujeres eran trasladadas a una casa ubicada en Madrid, donde eran sometidas a un control férreo. Vivían hacinadas en un sótano sin ventanas, en condiciones insalubres, sin poder salir al exterior y bajo la amenaza de ser multadas si no cumplían con las condiciones impuestas.
Además, las mujeres tenían que abonar 100 euros por su estancia y entre 16 y 20 euros por la comida y, como parte de la explotación sexual, eran obligadas a realizar dos servicios sexuales con cada cliente sin preservativo. En la casa también se traficaba con cocaína y eran ellas las que tenían que transportarla cuando salían al exterior.
Fuente: DW
