La criminalización anticipada de los cinco jóvenes estudiantes de medicina asesinados en Celaya, Guanajuato, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su aparente desdén hacia las víctimas, es una acción que merece ser analizada críticamente. Esta no es la primera vez que el señor que vive en Palacio Nacional muestra una actitud similar; un ejemplo anterior es su reacción a los eventos en Acapulco, donde minimizó la gravedad de la situación comparándola favorablemente con el huracán Katrina en Nueva Orleans, donde honestamente el gobierno estadounidense informó de dos mil muertos. Aquí la cifra oficial se anquilosó en 50, a pesar de que siguen decenas de pescadores y guerrerenses desaparecidos. El presidente López sugirió, sin pruebas y mientras las investigaciones apenas comenzaban, que el asesinato de los jóvenes tenía relación con el consumo de drogas. Esta afirmación se hizo durante una de sus conferencias matutinas, un espacio conocido por sus declaraciones contundentes y a menudo polémicas y sin derecho a disentir. El presidente insinuó que los estudiantes habían sido asesinados tras comprar drogas en algún punto de Villagrán, una afirmación que generó una respuesta inmediata y crítica. Por otro lado, el Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, desmintió las acusaciones del presidente, asegurando que los jóvenes no eran consumidores de drogas. Según Zamarripa, los estudiantes eran jóvenes universitarios involucrados en actividades recreativas normales y no tenían relación alguna con el narcotráfico. La tendencia del presidente a hacer declaraciones prematuras no solo socava la confianza en su liderazgo, sino que también puede tener efectos perjudiciales en la percepción pública. Que no se le olvide que es año electoral y ya debe dejar de seguirse peleando con todos los sectores o se lo cobrarán en las urnas, como todo apunta.
El gobierno actual de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha puesto como estandarte la honestidad y el fin de la corrupción. Sin embargo, irónicamente las redes sociales se han inundado de acusaciones de supuestas irregularidades que involucran a los hijos del presidente, especialmente a José Ramón y Andy López Beltrán. Estos señalamientos, que incluyen desde favores hasta contratos gubernamentales presuntamente adjudicados a amigos cercanos, plantean un desafío directo a la imagen de integridad que el gobierno busca proyectar. A pesar de la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, que alegan haber realizado investigaciones exhaustivas, las autoridades parecen no iniciar indagaciones con el rigor esperado. Esta aparente inacción alimenta la percepción de que hay un doble estándar en la aplicación de la justicia y la lucha contra la corrupción, especialmente cuando se trata de figuras cercanas al poder. La situación se complica aún más con el uso de hashtags como #AmloALaCarcel y comentarios críticos que circulan en redes, lo que indica una creciente desconfianza en algunos sectores de la sociedad hacia la administración actual. La falta de una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades no solo pone en duda la eficacia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, sino que también afecta la credibilidad del gobierno y su capacidad para mantener el principio de «no robar, no mentir y no traicionar», que el presidente ha promulgado como pilar de su administración. La tibieza de las autoridades contra los de casa y la ferocidad que muestran contra sus opositores, no son sino sinónimos de las dictaduras que tanto afectan a los países. ¿Dónde queda aquella utopía de que nadie está por encima de la ley?
La propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, en lugar de ser designados por su expertise en leyes y la Constitución, plantea un cambio significativo y controvertido en el sistema judicial. Germán Martínez, ex miembro de la administración actual y exdirector del IMSS, se ha distanciado de la Cuarta Transformación, expresando una crítica aguda sobre esta propuesta y otros movimientos políticos recientes. Las apreciaciones de Martínez se han polarizado radicalmente hacia el gobierno, y se centran en la percepción de que desde el poder y el partido Morena hay intentos de controlar políticamente al Poder Judicial. Esta acusación se intensifica por la necedad de enviar las reformas constitucionales anunciadas por el presidente López Obrador, que incluyen cambios al Poder Judicial, al INE y a la Guardia Nacional. Martínez cuestiona la motivación detrás de los recientes conflictos en el Tribunal Electoral, sugiriendo que puede haber intereses ocultos relacionados con el dinero público y la designación de amigos sin una carrera judicial. La resistencia del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, a renunciar ante la presión de otros magistrados, y la subsiguiente ruptura de una sesión, subrayan la tensión y la falta de consenso dentro del organismo. En febrero vendrá el ataque directo al Poder Judicial con el riesgo de que la República entre en crisis gracias a quienes hoy intentan manipular al Poder Judicial. La politización y el potencial desgaste de la independencia judicial, lo cual es contrario a los principios democráticos y al estado de derecho, apuntan a que esta administración lo único que quiere es tapar de alguna manera los excesos. La ecuación de que jueces y ministros sean elegidos por el voto, y no por el conocimiento de la Constitución, no cuadra ni en la lógica más absurda, pero por ello van. La ministra faltante en la Corte, por cierto, será Bertha Alcalde, ya nada la frena.
