Los discursos también se le caen al presidente de la República, pues Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una relación tensa y crítica con el Poder Judicial durante su mandato. Ha criticado las decisiones de la Suprema Corte, como la que permitió a los funcionarios de organismos autónomos ganar más que el presidente. Esto se relaciona con una iniciativa que envió en 2019 para establecer un tope legal a los salarios de los funcionarios, incluidos aquellos de órganos autónomos. El primer mandatario ha expresado su descontento con decisiones judiciales que han resultado en la liberación de personas implicadas en casos de alto perfil, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También ha acusado al Poder Judicial de corrupción y ha sugerido que suelen resolver a favor de grupos de intereses y no a favor del pueblo. De todo esto se desprende que López Obrador haya propuesto reformas al Poder Judicial, argumentando la necesidad de una transformación para combatir la corrupción y mejorar la justicia. Pues bien, el caso Segalmex involucra una serie de irregularidades financieras y administrativas en Seguridad Alimentaria Mexicana, una entidad gubernamental creada para garantizar la alimentación de los sectores más necesitados en México. Este caso se ha convertido en uno de los escándalos más notables de corrupción en el país. Se realizaron adquisiciones y pagos sin la debida documentación de respaldo para productos como maíz, frijol, canasta básica, leche, y subsidios de arroz, trigo y maíz. Y se registraron pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol. Se han documentado desfalcos multimillonarios. Tras ventilarse las investigaciones, el presidente López Obrador relevó a Ignacio Ovalle Fernández de la dirección general del organismo y designó a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California, en su lugar. Hoy, la titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos, concedió una suspensión provisional a favor del extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, para el único efecto de que no se dicte la apertura del juicio en este caso que se le sigue en su contra. Que el Poder Judicial ayuda a los delincuentes, dice López Obrador reiteradamente; y le cabe toda la razón.
Como se preveía, Lenia Batres Guadarrama, recientemente designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha causado pena a su llegada en las primeras sesiones. Ha generado una serie de reacciones encontradas desde su nombramiento. Figuras políticas afines la apoyan, así como le llueven críticas sobre su experiencia y conocimientos jurídicos. En su primera intervención en el Pleno de la SCJN, manifestó un disenso, lo que indica una postura crítica o divergente respecto a las decisiones o argumentos de sus colegas en la Corte??. Durante su primera sesión ordinaria, que duró 22 minutos, Batres votó a favor de los proyectos presentados, pero no intervino en la discusión de los asuntos tratados??. Este hecho se interpretó como una muestra de prudencia, pero a la vez como una falta de preparación, dependiendo de la perspectiva. En su primer discurso en la SCJN, Batres criticó la actuación del Poder Judicial, argumentando que la Suprema Corte se ha extralimitado en sus resoluciones y ha invadido la esfera del Poder Legislativo????. Sus comentarios fueron interpretados por algunos como un ataque directo a la institución que ahora forma parte, lo que ha suscitado críticas sobre su enfoque y comprensión de la función judicial. Lo grave es su capacidad y conocimiento legal, pues comentaristas y expertos señalan que no está suficientemente capacitada para litigar un juicio o resolver los asuntos jurídicos más importantes del país??. Batres ha sido objeto de controversias. Estas han girado en torno a cuestiones personales, como disputas sobre propiedades en donde sacó su florido lenguaje. Dice ser “ministra del pueblo”, pero olvida lo básico, que llegó por primera vez por decisión presidencial, reafirmando en nuevos términos el llamado “dedazo”. La designación de Batres, directamente por el presidente López Obrador tras el rechazo de dos ternas en el Senado, ha sido un hecho sin precedentes en la historia del país. Es más que obvio que con su presencia se está minando la independencia del Poder Judicial en México.
Qué burdo resultó este gobierno que se dice honesto, transparente y transformador. La controversia que rodea a Ulises Lara López, designado como encargado del despacho en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se centra en la validez de su titulación como licenciado en Derecho. La polémica se desató tras revelarse que Ulises Lara López obtuvo su cédula profesional en Derecho en 2024, un requisito legal para el cargo que ocupa. Antes de esta designación, Lara López solo contaba con una cédula profesional como licenciado en Sociología, además de dos maestrías y un doctorado. Este súbito cambio en su perfil académico ha generado suspicacias y cuestionamientos, especialmente porque hasta hace poco no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo de fiscal, es decir, no había cursado la carrera de Derecho. Que pasa con la integridad y la veracidad en el ámbito de la administración pública. La adquisición apresurada de una titulación clave para un puesto de alto perfil sugiere un desdén por los procesos establecidos y el mérito académico, lo que a su vez refleja un sistema en el que las conexiones políticas pueden prevalecer sobre la competencia y la experiencia reales. Este tipo de situaciones erosiona la confianza en las instituciones y en quienes las dirigen, alimentando la percepción de que los estándares éticos pueden ser flexibles para aquellos en posiciones de poder. Es una bofetada a quienes se queman las pestañas estudiando. Y viene como ejemplo del mismo gobierno que habla de convertir a México en un país se mejores personas. Que Ulises Lara López sea padre del hijo de Lenia Batres, ministra hermana de Martí, el jefe de gobierno, es nada comparado con su atrevimiento de graduarse en 24 horas. El obtener una titulación de manera expedita, no solo pone en duda la credibilidad del individuo involucrado, sino que también cuestiona la integridad del sistema educativo y de certificación. Al que se le ocurrió la idea ni cuenta se dio de que abrió la cloaca de todo lo que Morena es capaz de hacer por el poder; hasta el ridículo.
