Itzul Barrera en la Cuarta Transformación representa una voz activa y comprometida dentro del movimiento político liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajando en la comunicación y propaganda, así como buscando un cargo político para influir directamente en la legislación y el desarrollo de su región y del país. Es una figura prominente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. En junio de 2023 fue incorporada al Comité Ejecutivo Nacional de Morena como secretaria técnica de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda. Esta posición le permite tener un papel importante en la lucha contra la desinformación y en la promoción de las iniciativas y valores de Morena y la Cuarta Transformación. Barrera, quien ha sido la Consejera Nacional de Morena más votada por el estado de Jalisco, se ha comprometido a asegurar que la verdad llegue a cada rincón del país, especialmente en su estado natal??. Itzul Barrera ha criticado a la oposición en diferentes contextos. Por ejemplo, ha señalado que la oposición cometió errores al defender a ciertas figuras políticas, como se menciona en una entrevista donde destacó que la oposición aceptó que fue un error defender a Edmundo Jacobo??. Pero lo más importante, es que ella se ha burlado del proyecto alternativo de nación que presenta el PAN, PRI y PRD con Xóchitl Gálvez como estandarte. Pues bien, esta semana, su padre, el periodista Jaime Barrera, conocido por su trabajo en Televisa Guadalajara, desapareció tras salir de una estación de radio en la colonia Jardines de San Ignacio en Guadalajara, Jalisco. No llegó a la televisora para preparar el noticiero nocturno??. Las autoridades del estado de Jalisco encontraron su vehículo, abandonado. Y se activó una búsqueda intensiva por parte de las fuerzas de seguridad estatales y nacionales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional??. Regresó a casa esta mañana, por fortuna, tras la preocupación mostrada por el presidente hacia el padre de su colaboradora cercana. Nadie se salva del infierno en el que vive la sociedad, y en especial, el gremio periodístico. Nunca el panorama lució tan lúgubre como ahora.
Los recientes casos de fuga de Fabián Osvaldo Solís Vega, alias “El Cachorro”, y del policía implicado en la muerte del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, no son meros incidentes aislados, sino manifestaciones de un sistema de justicia mexicano plagado de fallas estructurales y corrupción endémica. Estos sucesos, que deberían ser excepcionales, reflejan una realidad en la que la impunidad se ha convertido en norma y la justicia en una ilusión para muchos ciudadanos. El que sucedan en la misma semana marca una preocupación mayor. El caso de «El Cachorro» expone una simbiosis nefasta entre criminales y autoridades judiciales, donde la supuesta colaboración de un juez federal en la fuga de uno de los criminales más buscados trasciende el mero acto de corrupción para convertirse en un ataque directo al estado de derecho y a la seguridad ciudadana. La denuncia presentada por el gobierno de la Ciudad de México, bajo el mando de Martí Batres es una respuesta necesaria, pero insuficiente, frente a la magnitud del problema. El ya no tan joven político sigue enseñando debilidad. La implicación de un juez en actividades delictivas no solo mina la confianza pública en el sistema judicial, sino que también evidencia una falta alarmante de controles internos y mecanismos efectivos para asegurar la integridad de los servidores públicos. Este no es un problema que pueda solucionarse con sanciones aisladas; requiere una reforma profunda y un cambio cultural dentro del sistema judicial para erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la población. Para colmo, justo lo que predica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, la fuga del policía implicado en el caso Ayotzinapa es igualmente reveladora de las deficiencias sistemáticas dentro de las fuerzas de seguridad. La complicidad y la falta de profesionalismo señaladas por el presidente López Obrador no son fenómenos nuevos, pero la repetición de estos patrones en casos de alta visibilidad subraya la urgencia de enfrentar estos problemas. La tragedia de Ayotzinapa y la subsiguiente falta de justicia han dejado una cicatriz profunda en la sociedad mexicana, y cada fallo en el seguimiento del caso solo sirve para profundizar la desconfianza y el resentimiento hacia las autoridades. Esta administración en lugar de apagar el fuego de los 43, le está echando más leña. Una prueba más de que no saben gobernar.
Están resultando peores que todo lo que en México se haya visto antes. La iniciativa propuesta por Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD en el Instituto Nacional Electoral, para que los ciudadanos dejen sus teléfonos celulares con los representantes de casilla durante las elecciones del próximo 2 de junio en México, es una medida que busca enfrentar directamente los problemas asociados con la compra de votos y la integridad del proceso electoral. Al requerir que los votantes entreguen sus dispositivos móviles antes de entrar a la cabina de votación, se busca eliminar la posibilidad de que los votantes fotografíen sus boletas marcadas como prueba de su voto a cambio de favores o beneficios, una práctica que socava el principio fundamental de un voto libre y secreto. Esta propuesta surge en un contexto donde la compra de votos se ha identificado como un problema significativo, afectando la libertad y la secrecía del voto, esenciales para una democracia saludable. La práctica de fotografiar boletas marcadas es una forma de coacción que viola la autonomía del electorado y la confidencialidad del voto individual, fundamentales para un proceso electoral libre y justo. La acusación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador de interferir en el proceso electoral diariamente durante sus conferencias de prensa en el Palacio Nacional añade otra capa de complejidad y controversia al ambiente electoral. Si la propuesta de Acosta Naranjo es rechazada, especialmente por el partido en el poder, podría interpretarse como una señal de resistencia a garantizar la integridad y libertad del voto en México. La solicitud del INE a las Fuerzas Armadas para resguardar el material electoral desde su producción hasta el día de los comicios subraya la seriedad de las preocupaciones sobre la seguridad y la integridad del proceso electoral. La situación actual destaca la importancia crítica de la vigilancia ciudadana y la responsabilidad individual en la protección de los valores democráticos. El voto libre y secreto no solo es un derecho sino también una piedra angular de la democracia, y su protección es esencial para la legitimidad de cualquier gobierno elegido. ¿Estás dispuesto a dejar tu teléfono celular fuera de la casilla? Hazlo por México.
