La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la elección de jueces mediante voto popular, ha generado un intenso debate. Esta iniciativa, respaldada por Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de críticas y preocupaciones dentro de los círculos judiciales y políticos. La magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, publicó y luego eliminó un video en redes sociales donde expresaba su rechazo a la reforma. García Villegas argumentó que la implementación de esta medida podría resultar en la salida de alrededor de 1,600 jueces y magistrados, lo cual, según ella, equivaldría a un golpe de Estado técnico que desmantelaría el Poder Judicial. La eliminación del video por parte de García Villegas sugiere una posible presión o reconsideración de la forma y el foro en que expresó sus preocupaciones. No obstante, su mensaje inicial resalta una crítica fundamental: la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial y llevar a una politización excesiva del sistema de justicia. Esta perspectiva es compartida por diversos actores dentro del ámbito jurídico, quienes temen que la reforma pueda resultar en la financiación de campañas judiciales por parte de despachos de abogados, introduciendo conflictos de interés y minando la imparcialidad judicial. Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la necesidad de reformar el Poder Judicial, pero ha expresado preocupaciones similares. Durante un seminario en la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la reforma propuesta podría ser problemática debido a la posible influencia de intereses privados en la elección de jueces. Sánchez Cordero enfatizó la importancia de mantener una judicatura compuesta por individuos altamente capacitados y de garantizar la inamovilidad judicial como una medida institucional clave para preservar la independencia de los jueces. López Obrador ha criticado en múltiples ocasiones al Poder Judicial por considerarlo un obstáculo para sus proyectos y ha acusado a algunos jueces de corrupción y parcialidad. Si bien la intención de democratizar el acceso a la justicia y hacerla más transparente es loable, la ejecución de dicha reforma requiere un análisis cuidadoso para evitar consecuencias no deseadas que podrían debilitar uno de los pilares fundamentales de la democracia: un Poder Judicial independiente y fuerte. Hasta ahora.
La mayoría absoluta puede ser un arma de doble filo. Por un lado, facilita la implementación de reformas y políticas, evitando el bloqueo legislativo que puede ocurrir en gobiernos de coalición o minoría. Sin embargo, también plantea riesgos, especialmente cuando se trata de la reforma del Poder Judicial. En el caso de las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum y su equipo, uno de los puntos más controvertidos es la elección de jueces por el pueblo, similar a lo que ocurre en Bolivia. Analicemos cómo le ha ido a Bolivia con este modelo y qué implicaciones podría tener para México. En 2011, Bolivia se convirtió en el primer país en América Latina en elegir a sus jueces por voto popular. Esta medida fue implementada como parte de un esfuerzo para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia política sobre los jueces. Sin embargo, la experiencia boliviana ha sido problemática: primero, la politización del proceso ha sido un problema constante. A pesar de las intenciones originales, el proceso de selección de candidatos judiciales se ha visto altamente politizado. Los partidos políticos tienen una influencia significativa en la nominación de candidatos, lo que ha llevado a una percepción de que los jueces no son verdaderamente independientes. Segundo, la baja participación y los altos porcentajes de votos nulos y en blanco reflejan una desconfianza en el proceso y en los candidatos seleccionados. Tercero, la elección popular no ha garantizado la selección de los jueces más calificados. La campaña electoral para jueces, que debería enfocarse en méritos y capacidad, se reduce a cuestiones populistas. Finalmente, la percepción de un poder judicial politizado y la falta de independencia han afectado la confianza en el sistema judicial, con implicaciones profundas para el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Dada la experiencia de Bolivia, la implementación de un sistema similar en México podría enfrentar desafíos similares. La independencia judicial podría verse socavada, haciendo que los jueces dependan de los partidos políticos para su nominación y campaña. Existe el riesgo de que el proceso se convierta en una extensión de las luchas políticas, en lugar de centrarse en la selección de los jueces más calificados y capaces. La elección popular de jueces, aunque puede parecer una medida democratizadora, trae consigo riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. La experiencia de Bolivia ofrece lecciones valiosas sobre los desafíos y potenciales problemas de un sistema así. Para México, sería prudente considerar estos antecedentes y asegurar que cualquier reforma judicial preserve la independencia, imparcialidad y confianza en el sistema judicial, elementos fundamentales para la democracia y el estado de derecho. Pero eso no sucederá.
Claudia Sheinbaum, en su encuentro con legisladores electos, planteó una ambiciosa visión: convertir a México en una potencia económica, científica y cultural siguiendo el modelo económico de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la viabilidad de esta transformación depende de múltiples factores económicos, sociales y políticos, tanto internos como externos. El modelo económico de la 4T ha priorizado la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del mercado interno mediante programas sociales y proyectos de infraestructura. Si bien estas medidas han mejorado ciertos indicadores de bienestar, la falta de inversión extranjera y privada ha limitado el crecimiento económico a largo plazo. Para que México pueda aspirar a ser una potencia, es fundamental que se equilibre el enfoque social con políticas que fomenten la inversión y la competitividad. México enfrenta desafíos estructurales profundos que complican la materialización de esta visión. La corrupción sigue siendo un problema persistente que erosiona la confianza en las instituciones y dificulta la implementación de políticas efectivas. La inseguridad, alimentada por el narcotráfico y el crimen organizado, no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos sino que también desincentiva la inversión. Además, la resistencia al cambio por parte de grupos de poder bien establecidos puede obstaculizar las reformas necesarias para impulsar el desarrollo. En el ámbito internacional, México debe navegar un entorno geopolítico complejo. Las tensiones comerciales, especialmente con Estados Unidos, su principal socio comercial, pueden influir significativamente en la economía mexicana. Asimismo, la competencia global por atraer inversión extranjera directa requiere que México ofrezca un entorno económico y político estable y atractivo, lo cual implica realizar reformas estructurales significativas. A pesar de estos desafíos, México tiene varias fortalezas que pueden ser aprovechadas. Su ubicación geográfica estratégica, una población joven y un creciente mercado interno representan ventajas competitivas. Además, sectores como la manufactura, el turismo y la industria automotriz ya posicionan a México como un actor relevante en la economía global. Fomentar la innovación tecnológica y la educación científica también es crucial para el desarrollo a largo plazo. Para avanzar hacia la visión de una potencia multifacética, la administración de Sheinbaum deberá enfocarse en varios ejes estratégicos. Primero, es esencial consolidar un estado de derecho que garantice seguridad y combata la corrupción de manera efectiva. Segundo, se debe promover un ambiente propicio para la inversión, equilibrando la intervención estatal con la libertad económica necesaria para atraer capitales. Tercero, invertir en educación y tecnología es fundamental para fomentar una economía del conocimiento que pueda competir en el escenario global.
