Los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum han dejado un rastro preocupante de decisiones que parecen priorizar la consolidación de poder sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Las reformas judiciales que han aumentado la injerencia del Ejecutivo en un sistema ya debilitado, junto con la eliminación de organismos autónomos diseñados para garantizar la transparencia y la competitividad, son medidas que allanan el camino hacia un modelo de gobierno centralizado, alejado de los principios de rendición de cuentas y equilibrio de poderes. Estas decisiones ponen en riesgo la autonomía del Poder Judicial, y fomentan un ambiente propicio para la opacidad y el abuso de poder, despojando a la ciudadanía de herramientas para fiscalizar a sus gobernantes. En el ámbito de la seguridad, la política de mano dura ha generado operativos polémicos que, si bien buscan frenar al crimen organizado, han tenido costos humanos elevados y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos. Las imágenes de enfrentamientos sangrientos evocan los errores del pasado, donde estrategias militarizadas contra el narcotráfico no solo fallaron en reducir la violencia, sino que la intensificaron. Este enfoque, lejos de pacificar al país, perpetúa un ciclo de violencia que afecta desproporcionadamente a comunidades vulnerables, mientras el aparato estatal parece más enfocado en resultados espectaculares que en soluciones sostenibles y respetuosas de la legalidad. El panorama económico tampoco ofrece alivio. A medida que se intensifican las tensiones internacionales, particularmente con Estados Unidos, el gobierno de Sheinbaum ha mostrado una preocupante falta de preparación y estrategia para mitigar los efectos de políticas externas hostiles, como la amenaza de deportaciones masivas y la imposición de aranceles. La retórica optimista de la presidenta no basta para enfrentar un escenario donde la inversión extranjera se enfría y las oportunidades laborales son cada vez más precarias, golpeando directamente a las familias mexicanas. A esto se suma el fenómeno del acarreo político, una práctica histórica que parece haberse reciclado en un gobierno que se presenta como transformador. El evento masivo organizado por estos primeros 100 días, con asistentes traídos desde regiones distantes mediante recursos públicos, reflejan una dependencia preocupante de estrategias clientelares, y también ponen en evidencia un esfuerzo por construir una narrativa de respaldo popular que puede estar lejos de la realidad. Estas tácticas perpetúan la cultura del uso electoral de los recursos y la manipulación de los sectores más vulnerables. Aunque Sheinbaum goza de altos niveles de aprobación, en gran parte gracias a su habilidad para conectar con un amplio sector de la población, las implicaciones a largo plazo de sus políticas son profundamente preocupantes. Sin una oposición que articule un contrapeso efectivo y una ciudadanía dispuesta a exigir mayor transparencia y resultados, las decisiones tomadas en estos primeros 100 días podrían marcar el inicio de un periodo de autoritarismo blando, donde las instituciones son desmanteladas desde dentro. Es crucial actuar ahora, antes de que el país pierda los escasos avances logrados en democracia y justicia en las últimas décadas.
La reforma judicial que actualmente atraviesa México representa un golpe letal a la independencia del Poder Judicial y, con ello, a uno de los pilares fundamentales de la democracia. La dimisión masiva de más de 329 jueces y magistrados no es un simple síntoma de inconformidad administrativa, sino una señal alarmante del deterioro de la arquitectura institucional que sostiene la justicia en el país. Proponer que los jueces sean elegidos por voto popular y someter su independencia económica a un control político directo no solo erosiona la separación de poderes, sino que crea un caldo de cultivo para la politización de la justicia, dejando en manos de las mayorías momentáneas el destino de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Esta reforma, presentada bajo el disfraz de democratización, en realidad mina la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso frente a los excesos de los otros poderes. El abandono de sus cargos por parte de jueces y magistrados también refleja un entorno de trabajo insostenible, agravado por una narrativa que busca desacreditarlos como una élite privilegiada desvinculada de los intereses populares. Sin embargo, el verdadero problema radica en el vaciamiento de los tribunales, ahora manejados en muchos casos por secretarios sin la experiencia ni la formación necesarias para lidiar con los casos más complejos, desde litigios empresariales hasta juicios penales de alto impacto. Esto no solo retrasa la resolución de conflictos esenciales para la estabilidad social, sino que también genera un clima de incertidumbre jurídica que ahuyenta inversiones, compromete el Estado de derecho y pone en riesgo a víctimas y acusados por igual. La elección de jueces por voto popular es especialmente preocupante, ya que introduce un factor de volatilidad y populismo en un sistema que debe ser guiado por el conocimiento técnico y la imparcialidad, no por las preferencias efímeras del electorado o la influencia de los partidos políticos. En países donde se ha intentado implementar sistemas similares, se ha observado un aumento en la corrupción, ya que los candidatos deben financiar campañas electorales, y una tendencia a dictar sentencias populares pero injustas, diseñadas para ganar aprobación pública en lugar de aplicar la ley de manera equitativa. Este panorama no solo paraliza el sistema de justicia, sino que socava profundamente la confianza ciudadana en las instituciones. La justicia independiente no es un lujo; es un requisito indispensable para garantizar que los derechos de las minorías, los opositores políticos y los más vulnerables no queden a merced de los caprichos del poder. México está en un punto crítico: si esta reforma avanza sin modificaciones sustanciales que respeten los principios fundamentales de la independencia judicial, el país podría adentrarse en una crisis de gobernabilidad de la que será extremadamente difícil salir. La ciudadanía debe reconocer que el debilitamiento del Poder Judicial no es un problema aislado, sino un ataque directo a los principios democráticos que protegen a todos, incluidos quienes hoy aplauden estas medidas sin prever las consecuencias de un sistema de justicia sometido al poder político. Sin tribunales independientes, no hay justicia; sin justicia, no hay democracia. Es imperativo actuar antes de que el daño sea irreversible.
El episodio que involucra a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su momento candidata a presidir el máximo tribunal del país, disfrutando de un lujoso crucero en el «Wonder of the Seas» y realizando compras extravagantes como un collar de diamantes acompañado de champaña, no es un simple escándalo de frivolidad personal. Este tipo de comportamiento es un reflejo del abismo entre las élites políticas y judiciales y la realidad cotidiana de millones de mexicanos. En un país donde más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza y el sistema judicial enfrenta una crisis de legitimidad, acciones como esta envían un mensaje corrosivo: las élites están desconectadas de las luchas de la ciudadanía que supuestamente representan y sirven. La imagen de una ministra —cuyo historial ya está bajo escrutinio por señalamientos de plagio en su tesis doctoral— disfrutando de un lujo obsceno en lugar de enfrentar los graves desafíos de un Poder Judicial bajo asedio político, simboliza la desconexión y el desprecio hacia los valores de austeridad, integridad y servicio público. La relevancia de este caso no se limita al ámbito personal. La SCJN es una institución que, en teoría, debe ser el baluarte de la legalidad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la percepción de corrupción, privilegios indebidos y lealtades políticas socava su capacidad para cumplir con este papel esencial. Cuando una figura como Esquivel no solo enfrenta acusaciones éticas y profesionales, sino que además se entrega a un estilo de vida ostentoso, daña irreparablemente la confianza pública en la Corte. Esto es particularmente grave en un momento en que el Poder Judicial enfrenta presiones del Ejecutivo y cuestionamientos sobre su imparcialidad. La independencia judicial no solo depende de decisiones legales sólidas, sino también de la percepción pública de que sus integrantes actúan con probidad y compromiso hacia el interés colectivo. En lugar de trabajar para reparar el tejido judicial y defender la autonomía del Poder Judicial frente a los ataques externos, el comportamiento de Esquivel fortalece el argumento de quienes buscan desacreditar y debilitar la Corte. Este episodio debería ser un llamado urgente para exigir mayores estándares de conducta ética en los altos funcionarios judiciales. En un país donde los índices de impunidad alcanzan niveles alarmantes y donde la justicia es vista como un privilegio para unos cuantos, permitir que figuras como Esquivel mantengan su influencia sin rendir cuentas solo perpetúa la disfunción y el descrédito institucional. La ciudadanía debe exigir no solo transparencia, sino también una verdadera transformación ética en quienes ostentan cargos de poder.
