El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reavivado el interés público y el debate sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. En recientes declaraciones, ha acusado a un juez de obstaculizar la justicia al no resolver un recurso de apelación de la Fiscalía General de la República relacionado con la negativa de una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN, implicado como segundo tirador en el asesinato de Colosio. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue uno de los eventos más impactantes en la historia política contemporánea de México. Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional y visto como un reformador, fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Lomas Taurinas. Mario Aburto Martínez fue detenido en el lugar y posteriormente condenado por el crimen. Sin embargo, desde el inicio, han persistido teorías de conspiración y dudas sobre si Aburto actuó solo o si hubo otros autores intelectuales y materiales. AMLO ha señalado que la FGR ha recabado 123 pruebas, de las cuales 50 son contundentes para demostrar la probable responsabilidad de Sánchez Ortega en el homicidio. Entre estas pruebas destacan manchas de sangre en la ropa del imputado, resultados positivos en pruebas de búsqueda de partículas de plomo, bario y antimonio, testimonios que lo ubican en la escena del crimen y una videograbación que contradice la versión del acusado. A pesar de la acumulación de pruebas, AMLO ha denunciado que un juez ha violado principios fundamentales de valoración de pruebas y su función jurisdiccional al no considerar estas evidencias clave. Este señalamiento es una crítica más amplia del presidente hacia ciertos sectores del poder judicial, a los que ha acusado de ser reacios a los cambios y de proteger intereses establecidos. El presidente ha enfatizado que la justicia, aunque pueda tardar, finalmente llegará. Esta postura refleja su narrativa de transformación y justicia social, así como su compromiso de que no se tolerarán crímenes de Estado en su administración. Todo suena, bien, pero esperar treinta años para saber las verdad del magnicidio es un despropósito. Parece que en vez de resolverlo, loo enredan más.
El senador Ricardo Monreal ha defendido enérgicamente la representación de Morena en el Congreso de la Unión, argumentando que los resultados de las elecciones del 2 de junio otorgan al partido una «razón jurídica y moral» para mantener sus escaños. En su llegada a la casa de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Monreal coincidió con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien también defendió la legitimidad de la mayoría calificada obtenida por Morena en las elecciones recientes. Monreal subrayó que Morena tiene una justificación jurídica y moral para defender la voluntad popular expresada en las urnas, asegurando que se aplicará la Constitución y la Ley como se ha hecho durante décadas. Este respaldo no sólo se basa en el resultado electoral, sino en un marco legal y ético que, consideran, les favorece. En relación a la reforma al Poder Judicial, Monreal afirmó que los foros realizados por el Congreso de la Unión han aumentado el conocimiento de la población sobre este tema al 70%. Destacó que estos foros informativos, llevados a cabo por legisladores electos y en funciones, han sido fundamentales para educar a la ciudadanía sobre la reforma judicial propuesta. Monreal también desestimó las críticas provenientes del Poder Judicial, que sugieren que los jueces y ministros serían ahora evaluados por su simpatía en lugar de su conocimiento técnico y capacidad judicial. Respondió afirmando que en la actualidad los jueces, ministros y magistrados ya están involucrados en la política, y defendió la necesidad de experimentar nuevos enfoques para mejorar el sistema de justicia debido a su deterioro.La mala noticia es que no están solos. Los opositores argumentan que la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso contraviene los principios democráticos de representatividad y proporcionalidad. La composición del Congreso, dicen, no refleja fielmente el voto popular, otorgando a Morena más escaños de los que proporcionalmente le corresponderían. Lo que no quieren ver los morenistas es que la sobrerepresentación pone en riesgo el pluralismo político y la democracia en México. Al tener una mayoría calificada, Morena podría impulsar reformas y políticas sin el necesario consenso ni debate, debilitando así los contrapesos necesarios en un sistema democrático. Y eso es, ahora sí, la verdadera confección de la dictadura perfecta.
Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas desde diciembre de 2018, ha enfrentado serias críticas y acusaciones de fracaso en materia de seguridad durante su administración. A pesar de diversas promesas y medidas implementadas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en el estado, los resultados han nulos. Y son cuestionados tanto por la ciudadanía como por expertos en seguridad. Chiapas ha experimentado un incremento notable en el número de homicidios y delitos violentos. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un aumento en los homicidios dolosos, así como en otros crímenes graves como secuestros y extorsiones. Este incremento ha generado una percepción de inseguridad constante entre los habitantes del estado. Chiapas ha visto una mayor presencia y actividad de grupos del crimen organizado, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. La violencia asociada a estas organizaciones, así como sus enfrentamientos con las autoridades y entre ellas mismas, ha contribuido al deterioro de la seguridad en el estado. Las fuerzas policiales en Chiapas han sido criticadas por su falta de capacitación adecuada y la carencia de recursos necesarios para enfrentar la creciente amenaza delictiva. Esta situación ha limitado su efectividad en la prevención y combate de la delincuencia, permitiendo que los grupos criminales operen con impunidad. Existen múltiples denuncias y acusaciones de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública en Chiapas. La colusión entre elementos de la policía y el crimen organizado es una preocupación constante, que socava los esfuerzos por establecer un estado de derecho y combate efectivo a la delincuencia.
Ineficiencia en Políticas de Seguridad. Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Escandón son ineficientes y reactivas. Las estrategias, en lugar de ser preventivas, han respondido de manera tardía a los hechos delictivos, lo que ha permitido la proliferación de la criminalidad. La falta de una planificación integral y de largo plazo ha sido uno de los puntos más criticados. Y por si fuera poco, Palacio Nacional parece haber abandonado a Chiapas. Y como don Rutilio Escandón están media docena de gobernadores morenistas. Estorban más de lo que ayudan.
