La polémica en torno a las declaraciones del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha desatado una oleada de reacciones en el ámbito político y social de México. En un cambio notable en su retórica, Zaldívar ha manifestado su apoyo a la «cuarta transformación» y a Claudia Sheinbaum, posicionándose muy severamente en contra de Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición. Su fanatismo es tal que asegura que la estrategia calculada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según el Ministro, habría sido «muy inteligente» al designar a Gálvez como candidata opositora, considerándola una figura «débil» y «desinflada”, es la acertada. Las críticas no se han hecho esperar, por la incongruencia mostrada por el exministro y ahora porrista de la 4T hacia Gálvez, a quien Zaldívar acusa de cambiar de posición según le convenga, un comentario que ha avivado aún más el debate. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la transformación en la línea argumentativa de Zaldívar, quien pasó de ser reconocido por su maestría en el manejo de los derechos humanos y su defensa del garantismo, a ser tildado de «porrista» de la actual administración. Algunos sugieren que puede haber sido presionado o incluso chantajeado, dada la drástica alteración en su discurso. Estas acusaciones, sin pruebas concretas, abren un debate sobre la integridad y la independencia del poder judicial en México, así como sobre la vulnerabilidad de sus miembros ante posibles presiones políticas o incluso criminales. Es fundamental recordar la importancia de la separación de poderes en una democracia. La independencia del poder judicial es piedra angular para el equilibrio y la justicia en cualquier sociedad. Las acusaciones de corrupción, chantaje, o cualquier forma de influencia indebida sobre jueces o ministros, minan la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos. Y de ello va la presencia de Lenia Batres, quien llegó a la Corte para sustituir a Zaldívar, el nuevo títere presidencial. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la independencia judicial son fundamentales para mantener la confianza pública en el sistema de justicia y, por extensión, en la democracia misma. Algo que tanto a Zaldívar, como a la 4T se les ha olvidado. De ser un ministro respetado, Arturo Zaldívar pasó a ser un grotesco defensor con desastrosos argumentos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió irregularidades muy graves en el programa «Jóvenes Escribiendo el Futuro”, que durante el año 2022 destacó por problemas en la administración y supervisión de fondos públicos destinados a la educación superior. Primero, es fundamental entender el propósito del programa «Jóvenes Escribiendo el Futuro». Diseñado para apoyar a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario inscritos en instituciones públicas de educación superior, su objetivo es fomentar la inclusión educativa y reducir la deserción escolar por motivos económicos. Sin embargo, el descubrimiento de que 2 mil 820 beneficiarios no cumplían con los criterios de elegibilidad —específicamente, no estar inscritos en el periodo escolar vigente— pone en tela de juicio la eficiencia y equidad del proceso de selección y adjudicación de los recursos. Esto plantea varias cuestiones administrativas y de gobernanza. En primer lugar, la falta de adherencia a las reglas de operación vigentes subraya una deficiencia en los mecanismos de control y verificación por parte de Raquel Sosa Elízaga, directora general del Organismo de Coordinación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) y, posiblemente, del Banco del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, encargado de la dispersión de los fondos. La ausencia de evidencia sobre la valoración económica de los servicios de dispersión agrava esta situación, sugiriendo una posible falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. Estos hallazgos pueden tener repercusiones significativas. La eficacia y transparencia de los programas sociales son temas críticos en la agenda política, especialmente cuando están dirigidos a poblaciones vulnerables como los estudiantes de bajos recursos. Las irregularidades en la administración de estos programas no solo afectan a los beneficiarios directos, sino que también pueden erosionar la confianza pública en las instituciones gubernamentales encargadas de su implementación. Este solo caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en la gestión de programas sociales. Y eso es justo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende desaparecer. Otra fuga de recursos para la justicia del futuro.
La liberación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático, reflejando la complejidad del sistema judicial mexicano y las implicaciones de casos de corrupción de alto perfil. Deja además pendiente la promesa de campaña de acabar con la corrupción, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al parecer no puede ni con los de antes ni con los corruptos actuales, que ya suman decenas en su administración. La decisión judicial de no imponer prisión preventiva a Lozoya por el caso de lavado de dinero relacionado con la compra de la empresa Agronitrogenados, a pesar de estar vinculado a proceso, ha sido un punto focal de discusión. Lozoya ha mantenido su inocencia frente a las acusaciones, argumentando que fue utilizado por un «aparato organizado de poder» para cometer los actos delictivos descritos por los fiscales. Además, ha expresado su intención de denunciar a dicho aparato de poder y buscar convertirse en testigo colaborador en el caso??. Por otro lado, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la liberación de Lozoya resalta la crítica personal hacia el Poder Judicial, acusándolo de ser permisivo tanto con presuntos delincuentes de cuello blanco como con miembros de la delincuencia organizada. Esta postura del presidente subraya una percepción de impunidad y desafíos en la lucha contra la corrupción en México??. Es importante destacar que el caso de Lozoya es solo un ejemplo de los retos que enfrenta México en su esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la justicia. La situación evidencia la necesidad de reformas y mejoras en el sistema judicial para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el procesamiento de casos de corrupción de alta relevancia. «El Poder Judicial está podrido», dijo López Obrador, tras comentar la decisión de los jueces que ordenaron que el ex director de Pemex siga su proceso penal en su casa, sólo con un brazalete. Vale la pena apuntar que en este 2024 muchas áreas de gobierno están en las mismas, podridas de corrupción, y nadie hace nada.
