El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre los acuerdos con Donald Trump revela una estrategia de contención ante la presión estadounidense, pero plantea serias interrogantes sobre la soberanía y la capacidad real del Estado mexicano para ejecutar los compromisos asumidos. La decisión de desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte responde a la exigencia de Washington de frenar el flujo de fentanilo, un problema que ha escalado hasta convertirse en una crisis de salud pública en EU, pero que en México ha sido minimizado o gestionado con tibieza. Sin embargo, este movimiento tiene dos lecturas inquietantes: primero, la militarización continua de la política de seguridad, lo que reafirma que el Estado mexicano sigue dependiendo de la fuerza castrense en detrimento de una estrategia integral que ataque las raíces del narcotráfico, como la corrupción institucional y la impunidad. Segundo, la falta de reciprocidad real en los compromisos de EU; la vaga promesa de detener el tráfico de armas es una declaración hueca sin mecanismos verificables, mientras que la «pausa» en los aranceles por un mes es un chantaje disfrazado de diplomacia. Trump, un negociador implacable y oportunista, ha logrado que México actúe como su muro de facto sin ceder en cuestiones estructurales que afectan la seguridad nacional mexicana. A esto se suma el inevitable impacto político interno: Sheinbaum se enfrenta a un dilema peligroso entre mantener la línea de continuidad con la política de «abrazos, no balazos» de AMLO, lo que implica tolerancia tácita hacia ciertos grupos del crimen organizado, o endurecer aún más las medidas de contención, lo que podría generar fricciones con los sectores del oficialismo que han normalizado una relación ambigua con estos actores. Además, la reacción de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad civil no tardará en señalar que esta medida puede entenderse como una concesión forzada ante la amenaza de sanciones económicas, lo que debilita la postura soberana del país y lo somete a la agenda electoral de Trump, quien busca proyectar dureza contra la migración y el narcotráfico con la complicidad de un gobierno mexicano dispuesto a asumir costos políticos internos. Si bien el inicio de conversaciones sobre comercio y seguridad es positivo en el papel, el problema radica en que México se encuentra en una posición de debilidad estructural y negociadora. En suma, lo que Sheinbaum presenta como un «buen acuerdo» en realidad es un arreglo de corto plazo que beneficia principalmente a Trump, mientras que para México implica costos estratégicos y políticos difíciles de revertir.
La confrontación pública entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, es un ejemplo más de cómo las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal de la política mexicana. En este caso, el detonante fue la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos hacia México, un movimiento impulsado por el presidente Donald Trump como parte de su estrategia agresiva contra el comercio mexicano. Este contexto internacional sirvió como marco para que ambos políticos intercambiaran acusaciones, en una disputa cargada de insultos y críticas directas. Alejandro Moreno utilizó términos peyorativos como «Chango MORENARCO» para atacar a Fernández Noroña, acusándolo de ser un «servil» que defiende a un gobierno que, según el priista, está coludido con el narcotráfico. Esta retórica se basa en una narrativa común en la oposición: vincular a Morena y a sus líderes con el crimen organizado, señalando una supuesta incapacidad para gobernar y proteger los intereses nacionales. Moreno además criticó lo que considera una falta de estrategia del gobierno para evitar que Estados Unidos imponga condiciones perjudiciales a México, como los aranceles anunciados. Por su parte, aunque Noroña eliminó su publicación original, respondió inicialmente en términos similares, defendiendo la postura del gobierno y atacando al PRI como un partido que representa los intereses de las élites corruptas y que carece de legitimidad para criticar, dado su historial de corrupción y represión. Este intercambio no solo intensifica las tensiones entre Morena y la oposición, sino que refleja la polarización política extrema que caracteriza al México contemporáneo. La pelea no solo tiene un carácter personal, sino también estratégico: Moreno busca consolidarse como el rostro combativo de la oposición, mientras que Noroña, al ser una figura controvertida incluso dentro de Morena, busca reafirmar su lealtad al gobierno y mantener su relevancia política. Sin embargo, estas disputas en redes sociales no abonan a un diálogo constructivo sobre los problemas estructurales del país, como la dependencia comercial con Estados Unidos o la militarización de la seguridad pública, que son temas centrales en este conflicto. Esta confrontación expone el estilo de política espectáculo que domina el debate en México, donde los insultos y las acusaciones sustituyen el análisis y las propuestas. Aunque ambos políticos intentan proyectar fuerza ante sus respectivas bases, este tipo de episodios solo profundiza la división social y distrae de las verdaderas soluciones a los problemas del país.
El movimiento “Un Día Sin Latinos”, llevado a cabo este 3 de febrero, representa una de las manifestaciones más significativas de la comunidad latina en Estados Unidos en los últimos años. Este tipo de protesta, inspirada en antecedentes como el “Día sin inmigrantes” de 2006 y otras huelgas simbólicas, tiene el objetivo de demostrar la fuerza laboral, económica y social de los latinos en el país, evidenciando lo que ocurriría si este sector dejara de trabajar, consumir y participar en la vida cotidiana estadounidense por un solo día. La convocatoria surge en un contexto de creciente tensión política, impulsado en gran medida por las posturas antimigratorias del expresidente Donald Trump, quien, en plena campaña para regresar a la Casa Blanca, ha endurecido su retórica contra los migrantes, prometiendo redadas masivas y deportaciones al estilo de la era Eisenhower. El impacto de esta protesta no se limita a lo simbólico. La comunidad latina representa cerca del 19% de la población estadounidense y contribuye con aproximadamente 2.8 billones de dólares al PIB de EU. anualmente. Sectores como la construcción, la agricultura, los servicios y la hospitalidad dependen en gran medida de la fuerza laboral latina, por lo que su ausencia por un día afecta directamente a empresas, cadenas de suministro y la economía local. Además, la dimensión política de la protesta es innegable: con elecciones presidenciales en el horizonte, este tipo de movilizaciones presiona a los candidatos para definir posturas más claras sobre inmigración, ciudadanía y derechos laborales. Sin embargo, aunque el impacto económico y mediático de la protesta es innegable, el desafío sigue siendo convertir esta demostración de fuerza en cambios políticos tangibles. Históricamente, huelgas y boicots han servido para visibilizar problemas estructurales, pero sin una estrategia de presión sostenida, el efecto puede diluirse con el tiempo. La clave será si esta protesta logra traducirse en mayor organización política, participación electoral y presión legislativa para impulsar reformas migratorias integrales. De lo contrario, corre el riesgo de ser una acción simbólica que, aunque potente, no modifique la realidad de millones de latinos que siguen enfrentando políticas hostiles y un sistema migratorio obsoleto.
