Claudia Sheinbaum ha prometido aclarar el monto de las pensiones que recibirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras su renuncia, mencionando explícitamente las cifras millonarias involucradas. La controversia se enmarca dentro de su propuesta de reforma judicial, que busca democratizar la elección de jueces mediante el voto popular y reducir los privilegios financieros del Poder Judicial. Arturo Zaldívar, quien renunció en 2023 para unirse a su equipo, ha sido uno de los casos más polémicos, ya que recibe una pensión de 192,584 pesos mensuales. Esto ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de las políticas de austeridad que promueve Sheinbaum, pues mientras critica los «privilegios» judiciales, Zaldívar se benefició de ellos y nada dice pues ahora el señor es parte de su club. Zaldívar ha argumentado que su salida de la SCJN fue necesaria para apoyar la «transformación del país», aunque su renuncia planteó dudas legales, ya que la Constitución exige una «causa grave» para la dimisión de un ministro antes de concluir su periodo. Este conflicto ha simbolizado la creciente tensión entre el proyecto de la Cuarta Transformación y el Poder Judicial, con Sheinbaum enfatizando la falta de transparencia como razón clave para una reforma profunda. A su vez, críticos de la oposición interpretan estas acciones como un intento de someter al máximo tribunal y socavar su independencia, algo que amenaza con desdibujar la separación de poderes en México. La controversia sobre las pensiones de los ministros se ha convertido así en una cuestión política central, reflejando las profundas divisiones sobre el futuro de la justicia en el país y la interpretación de la austeridad gubernamental.
Las acusaciones de Julio Edmundo Faugier Guillén contra Omar García Harfuch y Santiago Nieto representan un escándalo de proporciones potencialmente devastadoras, si llegaran a corroborarse. La denuncia central gira en torno a la supuesta corrupción y complicidad de ambos con el Cártel de Sinaloa, lo cual, de confirmarse, no solo pondría en entredicho la integridad de dos figuras clave en la seguridad y la lucha contra el crimen en México, sino también la credibilidad del gobierno de la 4T. Faugier, conocido como «Hacker Damaso», alega tener videos y pruebas de transacciones ilegales, lo cual implicaría no solo actos de lavado de dinero sino una profunda infiltración del narcotráfico en las esferas de poder?. Este tipo de acusaciones no son inéditas en México, un país donde la corrupción y el crimen organizado han corroído sistemáticamente las instituciones de justicia y seguridad. Sin embargo, lo preocupante en este caso es la falta de claridad y seguimiento por parte de las autoridades ante denuncias tan graves. La Fiscalía General de la República, en lugar de pronunciarse sobre la veracidad de las pruebas presentadas, ha guardado silencio, lo cual podría interpretarse como una señal de ineficiencia o, peor aún, de encubrimiento. Este mutismo institucional resulta inaceptable en un contexto donde el país sigue enfrentando niveles récord de violencia e impunidad, lo cual hace urgente que estas acusaciones sean investigadas de manera transparente y rápida para evitar un mayor descrédito de las instituciones?. La figura de García Harfuch, encargado de la seguridad nacional, ha sido en ocasiones proyectada como símbolo de una nueva generación de funcionarios dedicados a la seguridad. Similar es el caso de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya imagen de «limpieza» ha sido crucial para la narrativa de la 4T. De comprobarse las acusaciones de Faugier, quedaría al descubierto una hipocresía monumental en el discurso gubernamental, lo cual podría minar el respaldo popular hacia el gobierno?. La gravedad de las acusaciones no puede ser subestimada. Un país que pretende combatir el crimen organizado no puede permitirse que sus líderes más visibles sean señalados de colaborar con el mismo enemigo al que deberían combatir. Es imperativo que las autoridades no solo investiguen las denuncias, sino que lo hagan de manera pública, para evitar cualquier sospecha de impunidad. Si México aspira a consolidar un Estado de derecho funcional, debe tratar este caso con la seriedad que merece y dejar de lado los intereses políticos que pudieran estar en juego.
La intención de reelegir a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un agravio no solo a la institución sino a la defensa misma de los derechos humanos en México. La gestión de Piedra ha estado marcada por una evidente parcialidad hacia el gobierno de la 4T, debilitando el papel autónomo que debe desempeñar la CNDH. A pesar de que la ley permite una reelección, el historial de Piedra en el cargo ha sido escandaloso: ha priorizado el cierre de expedientes sin una investigación adecuada, ha minimizado graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y ha mostrado un alarmante desinterés por casos actuales y de gran relevancia social, como el espionaje ilegal mediante el software Pegasus y la criminalización de periodistas y activistas. Estos hechos han generado indignación entre organizaciones civiles, que denuncian que la CNDH ha actuado como un escudo protector del gobierno más que como un verdadero defensor de los ciudadanos. Lo más preocupante de la posible reelección de Piedra es que refleja la creciente subordinación de instituciones autónomas al Ejecutivo, una tendencia que erosiona la democracia y la rendición de cuentas en México. La CNDH, bajo el mandato de Piedra, ha preferido enfocar sus recomendaciones en violaciones ocurridas en sexenios anteriores, en lugar de abordar con firmeza los abusos de las fuerzas de seguridad actuales, como la Guardia Nacional y el Ejército, ambas piezas clave del gobierno de la 4T. Este enfoque selectivo no solo denota una falta de independencia, sino que contribuye a una cultura de impunidad que profundiza la crisis de derechos humanos en el país. Durante la gestión de Piedra, las renuncias masivas de consejeros del organismo, incluso aquellos designados por Morena, reflejan un descontento interno que evidencia la descomposición de la CNDH como ente autónomo. El respaldo de figuras como Jesús Ramírez a la reelección de Piedra no es más que un reflejo de la política de la 4T: preservar lealtades a costa de la institucionalidad. No se puede obviar que, durante el mandato de Piedra, las quejas ante la CNDH aumentaron drásticamente, pasando de 11,387 en 2020 a casi 20,000 en 2023, sin que la mayoría se resolviera con investigaciones profundas. De hecho, la administración de Piedra ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones, convirtiéndolas en meras declaraciones simbólicas que no generan cambios reales. La reelección de un perfil tan cuestionado enviaría un mensaje devastador para la protección de derechos en México: que la lealtad política pesa más que la defensa de los ciudadanos. La CNDH, creada para ser un contrapeso frente a abusos del Estado, no puede permitirse otro periodo de ineficacia y alineación política; su captura por parte del Ejecutivo solo perpetuaría la impunidad y el descrédito institucional. La reelección de Piedra sería, en el mejor de los casos, una derrota para la justicia y los derechos humanos, y en el peor, una traición a las víctimas que dependen de un organismo robusto e independiente para proteger sus derechos.
