El abucheo y los gritos de «mentirosa» hacia Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y líder visible de Morena, junto con la crítica directa hacia Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente y figura clave en la organización partidista, durante un evento en Villahermosa, Tabasco, representan un golpe político para el partido en el poder. Este incidente, ocurrido en el bastión político de la Cuarta Transformación, expone un nivel de descontento interno que ya no puede ser ignorado ni desestimado como un simple desacuerdo local. La reacción de la militancia tabasqueña, en lo que debería haber sido un terreno fértil de respaldo incondicional, subraya el profundo malestar hacia una dirigencia percibida como distante, vertical y ajena a las necesidades y demandas de las bases. La premura con la que Alcalde y López Beltrán abandonaron el recinto no solo revela una incapacidad para enfrentar el descontento cara a cara, sino que además envía un mensaje de desconexión y fragilidad en el liderazgo, justo en un momento en el que Morena necesita proyectar fortaleza y unidad. Este evento refleja una fractura más amplia dentro de Morena, un partido que nació prometiendo ser diferente, pero que hoy exhibe las mismas prácticas de centralismo y favoritismo que criticó en sus adversarios. La percepción de que ciertas figuras, como López Beltrán, ocupan posiciones estratégicas no por méritos políticos o capacidad de liderazgo, sino por lazos familiares, amplifica el resentimiento entre sectores de la militancia que demandan un enfoque más democrático e inclusivo en la toma de decisiones. La incapacidad de Luisa María Alcalde para manejar la situación en Tabasco también plantea dudas sobre su habilidad para desempeñar un rol de mediadora y conciliadora en un partido que enfrenta crecientes tensiones internas, regionalismos y luchas por el poder. El descontento en Tabasco es un síntoma de una crisis mayor: Morena enfrenta el riesgo de fragmentarse si no actúa de inmediato para restablecer canales efectivos de comunicación con sus bases y garantizar que sus líderes sean percibidos como legítimos representantes de un movimiento popular, no como figuras impuestas desde la cúpula. La dirigencia nacional debe asumir este episodio como una señal de alarma, revisando su estrategia de acercamiento con los militantes y aplicando correctivos urgentes que prioricen la transparencia, la inclusión y el respeto a los liderazgos locales. De lo contrario, el partido podría enfrentar un desgaste acelerado que debilite su capacidad para mantener la hegemonía política en un escenario cada vez más competitivo. La Cuarta Transformación prometió ser un movimiento transformador, pero eventos como el de Tabasco hacen evidente que está en riesgo de convertirse en una caricatura de lo que criticó.
Las imágenes que muestran documentación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revelan que la ministra Lenia Batres y su equipo realizaron viajes con el argumento de apoyar en eventos y foros informativos, algunos de los cuales han sido interpretados como vinculados a actividades políticas de Morena. En uno de los documentos, el gasto reportado en viajes asciende a 160 mil pesos y se observa una clasificación de la información como «reservada» por motivos de «Seguridad Personal» y «Seguridad Nacional», lo que ha generado controversia y críticas sobre la falta de transparencia en el uso de recursos públicos. Este caso plantea preguntas sobre la delimitación entre el rol independiente y apolítico que debería mantener el Poder Judicial y la posible participación de sus integrantes en actividades que puedan ser percibidas como partidistas. La ministra Lenia Batres ha sido criticada por esta aparente falta de distancia entre su función en la SCJN y las actividades políticas, una situación que pone en riesgo la legitimidad y credibilidad de la Suprema Corte, especialmente en un momento en el que se enfrenta a un entorno de creciente presión política. La reserva de la información sobre facturas y comprobantes por razones de «seguridad nacional» agrega una capa adicional de opacidad. Clasificar los gastos en actividades de este tipo bajo la sombrilla de seguridad nacional y personal, aunque puede estar justificado en algunos casos, es percibido como un recurso para eludir la rendición de cuentas. En un sistema democrático, es esencial que el uso de los recursos públicos, particularmente en el Poder Judicial, esté sujeto a la mayor transparencia posible, y que cualquier restricción a la información responda a criterios estrictos y justificados, no como un medio para proteger a funcionarios de posibles cuestionamientos. Este episodio alimenta la percepción de un Poder Judicial cada vez más permeable a los intereses del Ejecutivo o de su partido político, lo que resultaría devastador para la división de poderes y la autonomía judicial en México. La SCJN tiene el deber de revisar este tipo de prácticas y establecer directrices claras que garanticen la imparcialidad de sus ministros, así como el manejo transparente y responsable de los recursos públicos, para asegurar que se mantenga la confianza de la ciudadanía en sus funciones.
Una antigua confrontación en «Martes del Jaguar», donde Layda Sansores reveló un gráfico que detallaba 48 propiedades de la familia Monreal, evidencia no solo la profundidad de las divisiones internas en Morena, sino una disonancia perturbadora entre el discurso y la práctica de algunos de sus líderes. Ricardo Monreal, senador y uno de los personajes más influyentes del partido, ha abogado públicamente por una “redistribución de la riqueza”. Sin embargo, la revelación de un vasto patrimonio familiar de 1,801 hectáreas, que incluye propiedades de su esposa, hijos y hermanos, arroja dudas sobre la congruencia de su compromiso con la justicia social que pregona. Además, se ha señalado a su hermano, el gobernador David Monreal, y a su hija Catalina Monreal, quien presuntamente maneja negocios de gasolineras, sugiriendo que la acumulación de bienes de la familia Monreal trasciende lo personal y apunta a una red familiar de influencia económica considerable. La pregunta que emerge es clara: ¿cómo puede un político que llama a redistribuir la riqueza justificar una fortuna de esta magnitud sin que se cuestione su credibilidad y su ética? Este conflicto es sintomático de una crisis más profunda en Morena. La retórica de redistribución y combate a la corrupción, que ha sido el emblema de la Cuarta Transformación, se ve comprometida cuando algunos de sus líderes exhiben patrones de acumulación que emulan prácticas de las élites que alguna vez criticaron. El uso del programa “Martes del Jaguar”, un espacio oficial financiado con recursos públicos, para ventilar este tipo de denuncias personales contra Monreal es, además, un ejemplo de cómo el aparato gubernamental se instrumentaliza para dirimir conflictos internos, una práctica que Morena solía denunciar en gobiernos anteriores. La respuesta de Monreal, quien acusaba una persecución política y anunciaba su intención de desaforar a Sansores, mostró en 2022 que el partido enfrentaba tensiones irreconciliables, donde la confrontación desplazó a la deliberación constructiva. La imagen de Monreal hablando de redistribución mientras su familia posee extensas tierras y negocios es un golpe duro a la credibilidad de Morena, que se proyecta no como un movimiento cohesionado, sino como un conglomerado de intereses individuales en disputa. Eso sin contar las 16 gasolineras que le atribuyen a su hija Caty Monreal. De ahí la molestia por la distribución inequitativa de la riqueza de la que tanto habla el legislador zacatecano.
