El fenómeno de los «comunicadores del bienestar» es un reflejo de cómo ciertos sectores de la prensa se han alineado de manera prácticamente incondicional con el discurso y las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este grupo, compuesto por periodistas y analistas que han adoptado una postura de defensa constante de las políticas y decisiones gubernamentales, ha jugado un papel crucial en la configuración de la narrativa pública, dejando de lado el escrutinio crítico necesario en cualquier democracia saludable. Desde el inicio del sexenio de López Obrador, la polarización en el panorama mediático ha sido evidente. El presidente ha mantenido una relación tensa con gran parte de la prensa tradicional, a la que ha acusado repetidamente de estar alineada con los intereses del «conservadurismo» y de actuar en contra de su proyecto de transformación. Frente a esta situación, ha surgido un sector de comunicadores que se identifica con el gobierno y que ha asumido la defensa de sus políticas como una misión central. Estos «comunicadores del bienestar», un término que puede interpretarse como irónico, han sido claves para reforzar el discurso oficial y para contrarrestar las críticas, presentando una narrativa que exalta los logros gubernamentales y minimiza o justifica sus errores. Esta postura se ha visto intensificada en situaciones donde las acciones del gobierno han sido claramente cuestionables, como es el caso de la reciente intervención de Ulises Lara para proteger a Javier Corral de la justicia estatal. La situación que involucra a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y ahora senador electo por Morena, es particularmente reveladora de cómo estos comunicadores han adaptado su discurso para defender lo que, en otro contexto, habrían criticado duramente. Corral, quien fue un crítico feroz del gobierno de César Duarte y se destacó por su lucha contra la corrupción dentro del PAN, ha sido objeto de controversia tras su cambio de lealtades políticas. La intervención de Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para «rescatar» a Corral de la justicia estatal, es una politización de la justicia. Sin embargo, los comunicadores afines al gobierno han optado por defender la acción, en un evidente cambio de postura que resalta la falta de coherencia en sus principios. Entre los periodistas y analistas que se han destacado por su alineación con el discurso gubernamental, podemos mencionar a los siguientes: Jenaro Villamil: Actualmente presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Villamil ha sido uno de los principales defensores de la administración de López Obrador. Su influencia en la narrativa mediática es considerable, especialmente en medios estatales y públicos. Epigmenio Ibarra: Cineasta y productor, Ibarra ha sido un aliado cercano de López Obrador y su gobierno, defendiendo casi incondicionalmente sus políticas y acciones. Y, entre muchos otros, a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela: han adoptado una postura favorable al gobierno en la mayoría de los temas críticos, defendiendo las decisiones controvertidas. Son los artífices de las maromas más espectaculares de la temporada.
La reciente captura en fotografías y videos, de la diputada federal y próxima senadora de Morena, Anahí González, de compras en la lujosa tienda Dolce & Gabbana en Cancún ha generado revuelo mediático, particularmente por las contradicciones que esta acción presenta en relación con su papel político y su posición como candidata por la cuota indígena. Anahí González, quien ha sido destacada por su cercanía con las bases de Morena y por representar a comunidades indígenas de Quintana Roo, fue vista en una tienda donde los precios de las prendas oscilan entre 15,000 y 20,000 pesos, lo que contrasta con la narrativa de austeridad y cercanía con el pueblo que su partido ha promovido como una cuarta trasformación. Este incidente llega en un momento crítico para González, quien ya enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad de su candidatura como representante indígena, debido a que no cuenta con ascendencia directa de ningún pueblo originario. Esta situación ha levantado críticas, sugiriendo que su nominación podría ser más una estrategia política que una verdadera representación de los intereses indígenas. El hecho de que una figura pública, que se supone debe encarnar los valores de la 4T, sea vista en una tienda de lujo, alimenta la percepción de que hay una desconexión entre el discurso político y las acciones personales. En un país donde la desigualdad económica sigue siendo un tema crucial, imágenes como estas dañan la credibilidad de los políticos. Otros políticos de la Cuarta Transformación han sido criticados por mostrar signos de vida lujosa. Gerardo Fernández Noroña, del PT, generó controversia al viajar en primera clase a Argentina, lo que fue percibido como un gesto contrario a la austeridad promovida por la 4T. Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, ha enfrentado acusaciones por lujos y corrupción, alimentando dudas sobre su compromiso con los principios del movimiento. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque más reservado, también ha sido objeto de escrutinio por su estilo de vida, generando tensiones entre la retórica de austeridad y las acciones individuales dentro del movimiento. A él le gustan los vinos caros y las fuentes de mariscos. Estos casos resaltan las contradicciones internas y los desafíos en mantener la coherencia con los valores que la 4T afirma defender. Y por si fuera poco, Ana Guevara precisa en un singular estilo lo que hace cn su dinero. No aclara los millones de pesos que han desaparecido de las arcas. Así los que no eran como los de antes.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura política en Sinaloa, ha generado controversia y dudas sobre la veracidad de las versiones oficiales. Según la versión inicial proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Cuén fue asesinado en una gasolinera, y se presentó un video que supuestamente mostraba el momento del crimen. Sin embargo, esta versión fue cuestionada cuando Ismael «El Mayo» Zambada, líder del narcotráfico, afirmó que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado para ser llevado a Estados Unidos, lo que contradice la narrativa de la fiscalía estatal. Ante estas inconsistencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, destacando la importancia de llevar a cabo una investigación seria y profunda. López Obrador mencionó que las contradicciones en las versiones presentadas desde el inicio justifican la intervención de la FGR, y subrayó que es esencial esclarecer los hechos sin encubrimientos, como sucedía en el pasado. Además, el presidente señaló que aún es prematuro emitir juicios sobre el papel del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el manejo de la investigación, ya que este se encontraba fuera del país en el momento de los hechos y podría no estar al tanto de los detalles. La investigación por parte de la FGR busca determinar las circunstancias exactas del asesinato de Cuén Ojeda, en medio de una atmósfera de desconfianza y sospechas sobre posibles motivaciones políticas y conflictos con el gobernador Rocha Moya?. Los críticos han señalado inconsistencias en la versión oficial presentada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), que inicialmente afirmó que Cuén fue asesinado en una gasolinera. Estas dudas se intensificaron cuando Ismael «El Mayo» Zambada, en una carta, afirmó que Cuén fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar donde él fue secuestrado, contradiciendo la narrativa de la FGE. Los opositores han cuestionado la falta de claridad en la investigación y la posible colusión entre las autoridades estatales y el crimen organizado, sugiriendo que la versión oficial podría estar encubriendo hechos más oscuros. Además, algunos medios y figuras políticas han insinuado que el conflicto personal y político entre Cuén y Rocha Moya podría haber influido en los acontecimientos que llevaron a su muerte. Este clima de desconfianza ha llevado a la atracción del caso por la Fiscalía General de la República, lo que el presidente López Obrador ha respaldado como un paso hacia una investigación más exhaustiva y transparente. Nada más recuerden que al frente de la FGR está Alejandro Gertz Manero, el catedrático de la justicia selectiva.
