La declaración de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la creación de los llamados «Centros de Educación y Cuidado Infantil IMSS», representa un ejemplo claro de lo que podríamos denominar la política del reciclaje disfrazado de innovación, o como atinadamente se menciona: “te quito las piernas para darte las muletas”. Esta medida implica la reintroducción de un esquema que, aunque presentado con un nuevo empaque discursivo, no es más que un intento de subsanar el vacío generado por la eliminación de las estancias infantiles implementadas durante los gobiernos etiquetados como “neoliberales”. En 2019, el gobierno actual, bajo el pretexto de combatir la corrupción en estos programas, recortó de forma abrupta los recursos destinados a las estancias infantiles, lo que dejó a miles de madres trabajadoras sin acceso a un sistema que les permitía participar en la vida laboral y generar ingresos para sus familias. La decisión, lejos de resolver problemas estructurales, agravó la desigualdad de género, la precarización laboral y la exclusión social de miles de mujeres, perpetuando la narrativa de que el cuidado infantil sigue siendo una responsabilidad doméstica e individual, más que una política de Estado integral. Lo irónico de este anuncio es que no solo se retoma el modelo de las estancias infantiles, sino que además se presenta como una “nueva” estrategia de bienestar, obviando los daños ocasionados en los últimos años por la ausencia de este servicio. Es importante señalar que las estancias infantiles originales no eran perfectas y requerían ajustes, especialmente en términos de supervisión, estándares de calidad y transparencia en la asignación de recursos. Sin embargo, en lugar de realizar una reforma estructural para mejorar el programa, se optó por su desmantelamiento, un golpe que dejó a la deriva a familias enteras y que evidenció la incapacidad del gobierno para proponer soluciones viables y sostenibles en su lugar. Ahora, el gobierno actual pretende presentar estos nuevos centros como una gran conquista social, cuando en realidad es un intento tardío de remediar un problema que ellos mismos crearon. Además, habría que analizar cómo se financiarán y operarán estos centros. El gobierno deberá demostrar que esta política no solo es viable, sino que también es capaz de atender a la población objetivo con estándares de calidad superiores a los del modelo anterior. Si estos nuevos centros enfrentan los mismos problemas de insuficiencia presupuestaria y corrupción que llevaron a la desaparición de las estancias infantiles, entonces estaremos frente a un círculo vicioso de políticas públicas improvisadas que no logran resolver de fondo las necesidades sociales. Esta nueva propuesta será utilizada como una herramienta de clientelismo político.
El panorama del ISSSTE bajo Martí Batres refleja una alarmante combinación de incompetencia administrativa, prácticas laborales abusivas y prioridades desviadas. Mientras el sistema de salud pública está en colapso, con carencias de medicamentos, saturación hospitalaria y una atención deficiente, resulta escandaloso que Batres promueva paquetes turísticos para el AIFA y el Tren Maya, desviándose de las responsabilidades críticas de su cargo. Este enfoque no solo muestra desconexión con la realidad que enfrentan millones de derechohabientes, sino también una frivolidad imperdonable en la administración de una institución vital. Más grave aún son las denuncias de despidos injustificados que, desde octubre, señalan que su equipo exige renuncias disfrazadas, violando derechos laborales básicos para evadir indemnizaciones. Trabajadores con décadas de servicio enfrentan violencia laboral, sicológica e inequidad, mientras la propia institución, irónicamente, exhibe carteles contra el maltrato laboral que ella misma perpetúa desde las altas esferas. La crisis interna del ISSSTE no solo compromete a miles de empleados, sino también a millones de derechohabientes que dependen de esta institución. Despedir a personal con experiencia, en lugar de implementar una reestructuración justa y eficiente, refleja un patrón de improvisación y negligencia que erosiona aún más la calidad de los servicios. El ISSSTE, como pilar del sistema de seguridad social, debería garantizar atención digna y oportuna, pero bajo su dirección actual parece estar encaminado al deterioro acelerado. Los recursos, la atención y el liderazgo que debería enfocarse en resolver problemas estructurales están siendo desperdiciados en iniciativas como el turismo, que no benefician a los usuarios de la institución ni resuelven sus necesidades urgentes. El involucramiento de Batres en la promoción turística no solo distrae de la misión principal del ISSSTE, sino que evidencia prioridades ajenas a las urgencias del sistema de salud. Mientras derechohabientes enfrentan largas esperas para consultas, tratamientos deficientes y desabasto de medicamentos, el director se dedica a tareas propias de la Secretaría de Turismo, lo que denota una desconexión total con las problemáticas reales. Esta situación pone en tela de juicio no solo su capacidad como líder, sino también la seriedad del gobierno federal para gestionar pilares fundamentales del bienestar social. Si no se toman medidas inmediatas, el ISSSTE podría colapsar aún más, ejemplificando cómo decisiones erróneas pueden desmantelar instituciones clave para el país.
El contraste entre el discurso político de figuras públicas y sus acciones o apariencia personal suele ser uno de los aspectos más criticados en las dinámicas gubernamentales, y el caso de Altagracia Gómez Sierra, quien apareció vestida con una prenda de lujo de origen italiano mientras pedía consumir productos nacionales durante la presentación del «Plan México», no es la excepción. Altagracia es la presidenta del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, una de las principales empresas siderúrgicas del país. Su rol no es específicamente gubernamental, pero está vinculada a la esfera pública debido a la relevancia de AHMSA en la economía mexicana y su relación con el gobierno federal en temas como la industria, el empleo y las negociaciones relacionadas con el sector siderúrgico. Es importante señalar que, aunque no ocupa un cargo público, su participación en eventos oficiales como la presentación del Plan México la coloca en el foco de atención mediática, especialmente cuando su comportamiento o acciones son percibidos como contradictorios con los valores promovidos por la administración actual, en este caso, el apoyo a los productos nacionales y la austeridad. Este tipo de incongruencias resulta un reflejo simbólico de lo que podría describirse como la desconexión entre la narrativa oficial de austeridad, patriotismo y apoyo a lo local, y la realidad de quienes detentan el poder. Mientras se insta a la ciudadanía a priorizar el consumo de bienes nacionales como un pilar del desarrollo económico y del proyecto de la 4T, las propias figuras representativas del movimiento no logran alinear su estilo de vida con el mensaje que promueven. El vestido que portó Altagracia —supuestamente una pieza de lujo de diseñador italiano— rápidamente se convirtió en blanco de críticas, no solo por su elevado costo, que podría exceder con facilidad los ingresos mensuales de la mayoría de las familias mexicanas, sino también por el mensaje contradictorio que envía. En un país donde el poder adquisitivo de amplios sectores de la población está en declive y el pequeño comercio lucha por sobrevivir en medio de crisis económicas recurrentes, este tipo de incidentes subraya la falta de sensibilidad de los altos funcionarios hacia las realidades cotidianas de la ciudadanía. Aún más, refuerza la percepción de que el discurso gubernamental, aunque envuelto en símbolos nacionalistas y populares, carece de coherencia práctica en los círculos de quienes promueven estas ideas. La reacción pública ante este tipo de episodios es una señal clara de que la ciudadanía exige mayor congruencia en sus líderes. En lugar de apelar únicamente al simbolismo del discurso nacionalista, es imperativo que los funcionarios de la 4T adopten prácticas y estilos de vida acordes con el mensaje que buscan transmitir. Si el gobierno actual realmente desea consolidar su visión de transformación y equidad, deberá empezar por garantizar que sus representantes actúen como modelos de los valores que predican. De lo contrario, episodios como este seguirán reforzando la percepción de que la 4T, más que un proyecto de transformación, se ha convertido en un espectáculo de incongruencias y promesas incumplidas.
