El episodio protagonizado por Andrés Manuel López Beltrán —tras su demanda pública de no ser llamado “Andy” y su intento por revestirse de una épica heredada— ha desatado no solo una avalancha de burlas, sino también una crítica frontal por parte de actores políticos como Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, quien encontró en este desplante identitario una oportunidad para desnudar la fragilidad política del hijo del expresidente. Con un meme mordaz que alude al personaje de Toy Story —donde “Andy” es el niño dueño de los juguetes, símbolo involuntario de privilegio e inmadurez— Alito no solo ridiculiza la sensibilidad del joven López Beltrán frente al diminutivo que lo persigue, sino que lo reduce al arquetipo de “junior”: ese heredero político que pretende tener legitimidad solo por su apellido, sin construirla con hechos propios. La frase “saliste peor que tu papá” sintetiza la crítica más punzante: no solo se cuestiona su mérito, sino su capacidad de sostener, siquiera, la maquinaria que el padre construyó a lo largo de décadas. Y aunque Alito representa un partido marcado por décadas de corrupción y simulación, su ataque expone algo que ni el obradorismo más fiel puede ocultar: la creciente desconexión entre la cúpula de Morena y una ciudadanía que empieza a repudiar los intentos de convertir el legado presidencial en una dinastía política. Que Andy exija solemnidad por su nombre mientras admite haberse instalado en Durango para “organizarse” ante una supuesta elección de Estado, como secretario de organización del partido, demuestra el grado de confusión entre lo familiar y lo institucional que domina la lógica del obradorismo. Más que una anécdota sobre apodos, esta escena es sintomática del ocaso de una era donde el poder se concentró no solo en un caudillo, sino en su estirpe. En cualquier país con democracia funcional, un personaje así sería llamado a rendir cuentas, no a protagonizar entrevistas partidistas con aire de dinastía revolucionaria. La respuesta de Alito, aunque burlesca, retrata a un país cansado del paternalismo transformado en nepotismo. Y si Morena insiste en cargar el proyecto de nación sobre los hombros del hijo del líder, sin trayectoria ni arraigo, terminará convirtiendo su narrativa histórica en una tragicomedia de sucesión monárquica. Andy podrá cambiar su nombre público, pero no puede borrar la percepción: la del poder heredado, del mérito ausente y del miedo creciente a que lo que viene sea peor que lo que ya se fue.
La descomposición ética de la política mexicana alcanza uno de sus puntos más patéticos con el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quienes han protagonizado una de las traiciones más descaradas de la historia reciente al abandonar el bando opositor para alinearse con Morena, el régimen que juraban combatir. La escena es grotesca: figuras que por años se presentaron como adversarios firmes del obradorismo —denunciando su militarismo, su centralismo autoritario y su desprecio por el Estado de Derecho— hoy desfilan con entusiasmo en eventos morenistas, suplicando inclusión bajo el paraguas del poder, como si la dignidad política fuera una prenda descartable. Yunes Márquez, incluso inhabilitado para competir por cargos públicos debido a irregularidades en su residencia oficial, ha reaparecido como operador territorial del oficialismo en Veracruz, mientras su padre —camaleónico hasta la náusea— apuesta por la supervivencia política de su dinastía en medio del naufragio ideológico del PAN. Este tipo de transfuguismo, que en otros tiempos habría desatado escándalos, hoy es celebrado por un Morena que ha dejado de ser movimiento para convertirse en aspiradora de oportunistas: un frente donde cabe desde un exmilitar golpista hasta un exgobernador priista procesado, siempre que rindan pleitesía al nuevo orden. Este fenómeno ha generado un repudio popular sin precedentes en plazas públicas y redes sociales, como lo demuestra la protesta reciente en Mazatlán y las constantes expresiones de rechazo a personajes como Fernández Noroña, que va perdiendo el manto de radical honesto para convertirse en un cortesano del poder. Lo que está emergiendo es una ciudadanía harta del cinismo, que ya no traga el discurso de la Cuarta Transformación como si fuese dogma inquebrantable. La indignación que hoy se dirige a los Yunes no es sólo por su traición a la oposición, sino por haber legitimado un régimen que ya muestra signos inequívocos de autoritarismo y decadencia: injerencia en el Poder Judicial, cooptación de los medios públicos, desmantelamiento de contrapesos y uso faccioso de la justicia para proteger a los suyos y perseguir a los otros. En este contexto, los Yunes representan la capitulación total de la ética política frente al pragmatismo más vulgar. No se trata solo de oportunismo, sino de una visión patrimonialista del poder, donde el apellido y la influencia pesan más que los principios. México no está dividido entre izquierda y derecha, sino entre quienes están dispuestos a venderse al régimen por cuotas y quienes aún creen en la pluralidad, la legalidad y la crítica como pilares fundamentales de una democracia. Y mientras más se consolida esta lógica de sumisión al poder dominante, más se cierra el horizonte democrático del país.
El caso de la periodista Lourdes Mendoza no solo revela el grado de acoso judicial al que se enfrentan voces críticas bajo el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, sino que también expone la consolidación de un aparato de poder que utiliza las instituciones de justicia como herramientas de represión indirecta, mediante demandas, procesos judiciales o intimidación legal. Esta práctica, conocida como lawfare, consiste en manipular los recursos legales para silenciar, desgastar o desacreditar a periodistas incómodos, una estrategia que contradice de forma flagrante el discurso oficial de respeto a la libertad de expresión. El caso de Adrián Rubalcava, exalcalde priista de Cuajimalpa reciclado por Morena, es un ejemplo particularmente tóxico: un político de historial turbio, señalado por prácticas caciquiles y opacidad, que hoy ostenta poder dentro del gobierno capitalino, en este caso en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, y que ahora utiliza su posición para perseguir en tribunales a una periodista que ha documentado su pasado con rigor. Que esto ocurra con la anuencia —o al menos la omisión— de Claudia Sheinbaum, quien prometió no reprimir ni censurar, confirma el doble discurso del nuevo régimen: por un lado, predican derechos y garantías; por el otro, toleran —cuando no fomentan— acciones de intimidación judicial contra quienes no se alinean al discurso oficial. Y como bien señala Mendoza, este fenómeno ha dividido al gremio periodístico entre los “oficialistas”, que repiten sin cuestionar las líneas del poder, y los que ejercen su labor crítica pese a las consecuencias. Esta dicotomía es corrosiva para cualquier democracia: cuando la prensa se fragmenta entre voceros del poder y víctimas del poder, se rompe el pacto fundamental de la sociedad con la verdad y con la fiscalización pública. El silencio de Sheinbaum ante estas agresiones —y su evidente cercanía con un poder judicial local sumiso al Ejecutivo, envía una señal inequívoca: el cambio de liderazgo no ha significado un cambio de método, solo de rostro. El sometimiento, como bien apunta la periodista, es el verdadero objetivo de este control institucional, más sofisticado que la represión abierta, pero igual de nocivo. Mientras el régimen celebre la victoria democrática en las urnas y al mismo tiempo persiga judicialmente a sus críticos, lo que se está consolidando no es una transformación, sino una regresión autoritaria disfrazada de legitimidad popular. Y si no hay una respuesta firme desde la sociedad civil, el periodismo libre terminará siendo la próxima víctima de esta nueva era de control encubierto.
