La patanería llegó al poder. El escándalo en torno al Cónsul Adscrito de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, ha generado polémica en la opinión pública y ha puesto bajo el microscopio la política exterior del gobierno de la Cuarta Transformación. Este episodio se centra en videos que han circulado en redes sociales, donde Michel Díaz aparece en situaciones comprometedoras que han sido interpretadas por muchos como evidencia de problemas de comportamiento que podrían afectar su capacidad para desempeñar sus funciones diplomáticas de manera efectiva. Los videos muestran a Michel Díaz en circunstancias que sugieren un comportamiento inusual y errático. Estas imágenes han alimentado las críticas sobre su estado de salud mental y emocional, sugiriendo que podría necesitar atención médica especializada. El lenguaje con el que se refiere a sus subordinados, y lo que es peor, a sus superiores, es inaceptable no solo en un organismo diplomático, sino en la sana convivencia social. Es evidente que el señor necesita tratamiento. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno sobre el incidente. Sin embargo, el escándalo ha suscitado preguntas sobre el proceso de selección y supervisión de los diplomáticos, así como sobre los criterios que se utilizan para evaluar su idoneidad para el cargo. Este episodio se ha convertido en un punto de crítica hacia la administración de la 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detractores señalan que este es un ejemplo más de la mala gestión y falta de profesionalismo en las designaciones diplomáticas, que dicen es un reflejo del enfoque más amplio de la 4T hacia la política exterior, denominada como «política exterior del bienestar». La conducta de Michel Díaz tiene impacto negativo en la percepción internacional de México, afectando la reputación del país en el ámbito diplomático. Las acciones y comportamientos de los representantes en el extranjero reflejan directamente en la imagen nacional, por lo que este tipo de incidentes son particularmente sensibles. El caso pone de relieve la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en roles de alta presión como los de la diplomacia. Sugiere la necesidad de implementar mecanismos más robustos para asegurar que los diplomáticos no solo sean competentes en términos de habilidad y experiencia, sino que también estén en condiciones psicológicas óptimas para manejar las complejidades de sus funciones. Abyectos como el solo dañan el entorno social en el que se desenvuelven y manchan la reputación del partido que los colocó a ese nivel de prepotencia y poder.
Una vez más la oposición, que parece ser mucha, pero en las boletas electorales mágicamente se diluye, se moviliza en defensa de los derechos adquiridos. Emilio Álvarez Icaza, senador independiente y activista, ha convocado a una manifestación el domingo 11 a las 11 de la mañana en el Instituto Nacional Electoral. Esta convocatoria busca defender el cumplimiento del artículo 54 de la Constitución Mexicana, que regula la composición y representación proporcional en la Cámara de Diputados. Álvarez Icaza y sus seguidores argumentan que Morena y sus aliados en su intento por sobrepasar los límites de representación proporcional permitidos, atentan contra la propia lógica, lo que consideran inconstitucional y una amenaza a la democracia mexicana. El artículo 54 de la Constitución establece las normas para la asignación de diputados plurinominales, garantizando que ningún partido tenga una sobrerrepresentación desproporcionada respecto a los votos obtenidos en las elecciones. La normativa busca asegurar un equilibrio en la Cámara de Diputados que refleje fielmente el mandato popular expresado en las urnas. La crítica principal hacia Morena y sus aliados se centra en que, a través de diversas maniobras políticas, han logrado una representación legislativa que, según sus detractores, no corresponde a su porcentaje real de votos. Este fenómeno, conocido como sobrerrepresentación, ha sido señalado como una estrategia para consolidar el poder y avanzar en la agenda legislativa de Morena sin la necesidad de buscar consensos amplios con otras fuerzas políticas. La sobrerrepresentación altera el equilibrio de poder en la Cámara de Diputados, permitiendo que el partido en el gobierno implemente cambios legislativos de manera unilateral. La percepción de una sobrerrepresentación genera desconfianza en el sistema electoral y es un atentado contra la democracia representativa, al no respetar la voluntad popular expresada en las elecciones. Los críticos de esta situación, como Emilio Álvarez Icaza, han buscado tanto medios legales como protestas públicas para llamar la atención sobre el problema y presionar por reformas que garanticen el cumplimiento de la Constitución. La mala nota es que una vez más la oposición mostrará su fuerza, obstaculizado por el grupo en el poder, y una vez mas no pasará nada. Viendo la situación del día a día en territorio nacional, la ilusión ya no viaja ni en tranvía.
Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, ha estado en el centro de la controversia pública recientemente. Informes señalan que, mientras la familia de Bartlett ha incrementado significativamente su riqueza, la CFE, bajo su administración, ha registrado pérdidas financieras considerables, específicamente una pérdida de 76,690 millones de pesos, según lo reportado por investigaciones periodísticas. La pérdida financiera reportada por la CFE es alarmante y plantea preguntas serias sobre la gestión y eficiencia operativa de la entidad. La CFE es fundamental para la infraestructura energética de México, y su salud financiera es crucial para el desarrollo económico del país. Las pérdidas de tal magnitud podrían tener impactos significativos en la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura esencial, mantenimiento y en la expansión de servicios de energía renovable, lo cual es vital para la transición energética del país. El reporte sobre el aumento en la riqueza de la familia de Bartlett mientras la CFE enfrenta pérdidas financieras agrega una capa de preocupación pública respecto a posibles conflictos de interés y la integridad de la gestión de Bartlett. Esto podría ser percibido como un reflejo de las discrepancias entre la gestión personal y profesional, y potencialmente genera desconfianza en su liderazgo. El caso de Bartlett y la CFE ocurre en un contexto en el que la transparencia y la eficacia de la administración pública son de alta prioridad para la sociedad mexicana. La administración actual ha prometido combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en las empresas estatales. Sin embargo, situaciones como esta pueden percibirse como indicativas de que aún quedan áreas significativas por mejorar. Es esencial que se realice una investigación transparente y detallada sobre las causas de las pérdidas financieras de la CFE y el aumento en la riqueza de la familia Bartlett para determinar si existe alguna correlación o conducta inapropiada. Esto no solo es importante para restaurar la confianza en la CFE, sino también para asegurar que se apliquen estándares de gobernanza corporativa y se mantenga la integridad en las instituciones estatales de México. Aunque en este sexenio y el que sigue, pues se titula continuidad, sabemos que con todo el poder, difícilmente las investigaciones seguirán el curso correspondiente, así que no se hagan ilusiones.
