El gobierno de David Monreal en Zacatecas es un claro ejemplo de la incapacidad política para enfrentar de manera efectiva la violencia y fomentar el desarrollo en uno de los estados más afectados de México. A mitad de su mandato, el gobierno de David Monreal en Zacatecas ya se perfila como un rotundo fracaso. A pesar de haber asumido el cargo en 2021 con la promesa de lograr una transformación profunda en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social, el estado sigue sumido en la violencia, la corrupción y la desconfianza generalizada hacia las instituciones. A pesar de sus promesas grandilocuentes de pacificación y regeneración social, la administración de Monreal no solo no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad, sino que ha contribuido a una mayor desconfianza y desmoralización ciudadana. La violencia en Zacatecas no disminuye sustancialmente bajo su mandato; más bien, persiste como un estado marcado por altos niveles de homicidios y presencia del crimen organizado. Esto se debe, en gran parte, a políticas de seguridad fragmentadas y mal ejecutadas, que no logran establecer una cooperación efectiva entre las corporaciones policiacas ni restaurar el estado de derecho. Monreal enfatizó la reconstrucción del tejido social a través de programas con redes de mujeres y jóvenes, pero estas iniciativas no son suficientes para contrarrestar la magnitud del problema?. La administración también se ve ensombrecida por acusaciones de nepotismo y favoritismo, ya que los Monreal han dominado la política local durante décadas, un aspecto que no favorece la credibilidad de su liderazgo. La percepción de corrupción y el uso del poder en beneficio familiar contribuyen a su caída en popularidad, colocándolo entre los gobernadores peor evaluados del país. A pesar de recibir apoyo económico sustancial de la federación para programas sociales y de infraestructura, la gestión de Monreal fracasa en traducir estos recursos en cambios tangibles para la ciudadanía. Proyectos emblemáticos, como la mejora de las vías de transporte y la ampliación de programas de becas, son insuficientes para revertir el declive en la aprobación de su gobierno, con Zacatecas sumido en la desconfianza y la desesperanza. Su fracaso no solo se mide en cifras, sino en el desencanto generalizado de una población que ve cómo las promesas de la Cuarta Transformación quedan en palabras vacías ante la brutal realidad de la inseguridad y la ineficacia administrativa?.
La situación que enfrenta Claudia Sheinbaum en torno a la orden judicial de eliminar una reforma del Diario Oficial de la Federación (DOF) es un ejemplo contundente de la crisis de institucionalidad que atraviesa México. La negativa de Sheinbaum a obedecer la orden de la jueza Nancy Juárez —quien concedió una suspensión definitiva para frenar la publicación de una reforma judicial— evidencia una postura de abierta desobediencia hacia el Poder Judicial, un órgano que, aunque debilitado y asediado, sigue siendo un pilar esencial de la república. La decisión de Sheinbaum no solo representa un desafío a la autoridad judicial, sino que marca un grave precedente para el respeto a la separación de poderes, principio fundamental de cualquier sistema republicano funcional.
El argumento central de Sheinbaum, basado en la supuesta improcedencia del amparo debido a que la reforma es una adición a la Constitución, podría ser válido desde una perspectiva técnica; sin embargo, la manera en que ha decidido enfrentar la situación, acusando a la jueza de ser ella quien incurre en desacato, refleja un tono de confrontación directa que deslegitima al Poder Judicial. Este tipo de desobediencia por parte del Ejecutivo socava la confianza en la justicia y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias de la ley, una táctica peligrosa que refuerza la percepción de un gobierno que prioriza su agenda sobre la legalidad. En términos republicanos, la actitud de Sheinbaum es problemática. La república se sustenta en el equilibrio de poderes, donde el Ejecutivo no debe sobrepasar los límites de su mandato. Al desobedecer una orden judicial, la presidenta se coloca en una posición similar a la de un autócrata que considera que su interpretación de la ley es la única válida, lo cual atenta contra la estabilidad democrática del país. Este tipo de acciones, especialmente en el marco de una reforma judicial tan controversial, no solo fracturan la cohesión institucional, sino que envían un mensaje de impunidad desde la cúspide del poder. En una república funcional, los líderes están obligados a acatar las decisiones del Poder Judicial, incluso cuando estas no favorezcan su agenda política. La negativa de Sheinbaum a hacerlo podría ser vista como un atentado a la república misma, ya que en una verdadera democracia nadie, ni siquiera la más alta autoridad ejecutiva, está por encima de la ley?
La postura de los 28 gobernadores de Morena que cierran filas con Claudia Sheinbaum para justificar su desacato a la orden judicial representa un serio desafío a la estructura republicana y al Estado de derecho en México. Al respaldar abiertamente la negativa de la presidenta a obedecer una resolución judicial, estos mandatarios no solo legitiman una clara violación a la ley, sino que también contribuyen a un debilitamiento institucional preocupante. Este despliegue de apoyo fue difundido por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, en un intento de presentar a la justicia federal como un actor «antidemocrático» y carente de legitimidad, al supuestamente interferir en los actos del poder reformador constitucional, una narrativa peligrosa para la salud democrática del país. El argumento central de los gobernadores es que la Ley de Amparo no debe aplicarse contra reformas constitucionales, ya que estas, según su interpretación, constituyen «hechos consumados» y no pueden ser detenidas por suspensiones judiciales. Esta justificación, no obstante, ignora el principio fundamental de la supremacía constitucional y el papel del Poder Judicial como garante de los derechos ciudadanos, incluso frente a actos legislativos y constitucionales. El respaldo a Sheinbaum envía un mensaje claro: la lealtad política prima sobre el respeto al orden jurídico, lo cual erosiona la confianza en la imparcialidad y efectividad del sistema judicial y fomenta un ambiente donde las leyes se convierten en meras herramientas del poder político, sujetas a interpretaciones convenientes para el Ejecutivo. Calificar la acción de los jueces como un “golpe antidemocrático” no solo tergiversa el papel de la justicia, sino que pretende justificar un acto que roza el autoritarismo: el incumplimiento de la ley por parte de la máxima autoridad ejecutiva. La postura de los gobernadores y de Morena es un indicativo de una centralización del poder que recuerda épocas oscuras en la historia del país, donde las instituciones eran meras extensiones del Ejecutivo y no contrapesos efectivos. En un sistema verdaderamente republicano, ninguna reforma, por más relevante o necesaria que sea, debe colocarse por encima de la Constitución ni estar exenta del escrutinio judicial, pues es precisamente este control el que garantiza un equilibrio entre los poderes y protege a la ciudadanía de posibles abusos.
