A una semana de que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia, su legado es profundamente divisivo y está marcado por luces y sombras. Por más que sus periodistas a modo quieran glorificarlo, la realidad es otra. Uno de los logros más destacados es la reducción de la pobreza: cerca de 5 millones de mexicanos salieron de esta condición, en gran parte gracias al aumento del salario mínimo y a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Sin embargo, estos mismos programas han sido criticados por ser paliativos a corto plazo que no ofrecen soluciones estructurales para superar la pobreza, sino que mantienen a la población en dependencia económica del Estado. Asimismo, el crecimiento económico bajo su mandato ha sido decepcionante, con una tasa promedio anual de menos del 1%, lo que convierte a este sexenio en uno de los de menor crecimiento desde la década de 1980. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente, pero la falta de políticas económicas sólidas fue otro factor clave para este bajo desempeño. La seguridad es otro de los temas más criticados. A pesar de sus promesas de cambiar la estrategia en la guerra contra el narcotráfico, su sexenio ha registrado más de 170 mil homicidios y un aumento considerable en desapariciones, feminicidios y violencia generalizada. Además, la militarización de la seguridad y la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para tareas civiles han suscitado preocupaciones sobre la consolidación de su poder en áreas que tradicionalmente competen a autoridades civiles, lo que podría tener repercusiones a largo plazo para la democracia mexicana. En cuanto al medio ambiente, el proyecto insignia del Tren Maya ha sido duramente criticado por ambientalistas, quienes denuncian la destrucción de ecosistemas clave en el sureste del país, con impactos irreversibles en la biodiversidad. El énfasis en proyectos energéticos como la refinería de Dos Bocas, con sobrecostos y retrasos, refuerza la dependencia en combustibles fósiles, alejando a México de un futuro de energías limpias. AMLO deja un México con mejoras en algunos indicadores sociales, pero con graves rezagos en materia económica, ambiental y de seguridad. La polarización entre sus seguidores y detractores continuará siendo un desafío para la próxima administración. De la corrupción ni hablémos porque prometieron acabar con ella, y no.
A pesar del descontento en temas clave como la economía, la inseguridad y el manejo de las instituciones, Morena logró consolidar su poder en el primer sexenio de la Cuarta Transformación debido a varios factores estratégicos y errores de la oposición. En primer lugar, la figura de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo con altos niveles de popularidad gracias a su capacidad para presentarse como un líder cercano al pueblo, en contraposición a las élites políticas y económicas tradicionales. Sus conferencias mañaneras diarias sirvieron como una herramienta clave para mantener un contacto directo con la población y controlar la narrativa política, mientras que sus programas sociales, y las pensiones a adultos mayores, reforzaron su base electoral al beneficiar directamente a sectores vulnerables. Estos programas, aunque criticados por su carácter asistencialista, crearon una relación de dependencia política que garantizó lealtad en las urnas. Por otro lado, la oposición cometió errores fundamentales que contribuyeron a su debilitamiento. La coalición «Va por México» (formada por PAN, PRI y PRD) fracasó en articular una visión coherente y atractiva para el electorado. Su estrategia se basó principalmente en criticar a López Obrador sin ofrecer alternativas claras ni liderazgos renovados. Los partidos opositores se percibían como parte de un sistema político que había traicionado a la ciudadanía durante años, debido a la corrupción y las políticas neoliberales de sus administraciones pasadas. Esto les restó credibilidad ante los votantes, quienes buscaban un cambio real. La falta de propuestas innovadoras y el desgaste de sus figuras políticas dejaron un vacío que Morena aprovechó con eficacia. Además, Morena supo expandir su control en el ámbito local, ganando poder en estados y municipios estratégicos, lo que le permitió afianzar su presencia territorial y construir una maquinaria política eficiente que movilizó a su base electoral en diversas elecciones locales y federales. Mientras tanto, la oposición quedó fragmentada y desorganizada, sin un liderazgo que unificara las distintas corrientes opositoras. Finalmente, la polarización social también jugó un papel a favor de Morena. Al posicionar el discurso de «pueblo contra élites», AMLO polarizó el debate político de tal manera que gran parte de la población se alineó con su narrativa de transformación, identificando a Morena como el vehículo para un cambio profundo y estructural. La oposición, incapaz de contrarrestarlo, quedó relegada a una posición defensiva, sin capacidad para conectar emocionalmente con el electorado ni generar una propuesta de futuro creíble. Así, Morena consolidó su poder a nivel nacional, mientras la oposición enfrentaba una crisis de identidad y de credibilidad, incapaz de reconfigurarse para enfrentar el nuevo panorama político?.
En la semana previa a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, el INE enfrenta una manifestación significativa en sus instalaciones en Tlalpan. Este movimiento surge en respuesta a la polémica reforma judicial que, recientemente aprobada por el Congreso, establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, una medida sin precedentes en México que ha generado una fuerte reacción en distintos sectores. Los críticos, incluyendo jueces y magistrados, argumentan que esta reforma politiza la justicia al someter a los jueces al escrutinio electoral, lo cual contradice los principios de imparcialidad y meritocracia que deberían guiar al Poder Judicial. Por su parte, Sheinbaum ha defendido la reforma, argumentando que busca democratizar la justicia, eliminar el nepotismo y hacer que los jueces rindan cuentas al pueblo. Sin embargo, la oposición y varios actores judiciales la consideran un ataque a la independencia judicial y advierten que podría debilitar gravemente el Estado de derecho en México, sometiendo a los jueces a las mismas dinámicas partidistas que dominan la política electoral. Además, el INE, bajo la dirección de Guadalupe Taddei, ha sido forzado a asumir la organización de estas elecciones, lo que también genera incertidumbre, pues la complejidad de gestionar comicios para cargos judiciales nunca antes ha sido enfrentada en la historia del país, y muchos lo ven como un experimento apresurado y mal fundamentado. Este contexto ha exacerbado las tensiones en el país, mientras diversas manifestaciones y cartas abiertas de jueces y académicos piden la revisión o anulación de esta reforma, señalando que una elección popular de jueces podría convertir a los tribunales en una arena de competencia política más que en una instancia de impartición de justicia objetiva y profesional?. Lo peor de todo es que esto apenas comienza. Las protestas ante la inminencia de la reforma seguirán creciendo, ante la mirada impávida de quienes lo hicieron posible tan solo porque el hombre a quien en Veracruz le gritaron dictador, se los pidió.
