El cambio de bando de Alejandra Del Moral, quien pasó de apoyar a Xóchitl Gálvez a respaldar a Claudia Sheinbaum, es una manifestación clara del fenómeno conocido como «chapulineo», tan común en la política mexicana. Esta práctica, que implica cambiar de afiliación por conveniencia personal, refleja una falta de consistencia ideológica y una ambición personal que prevalece sobre las convicciones, y está de moda a unos días de las elecciones. La migración de Del Moral a Morena, partido que ella misma criticó duramente, pone en entredicho su credibilidad y subraya un problema estructural dentro del sistema mexicano. En los últimos seis años, diversas mujeres han ocupado posiciones clave en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero su desempeño ha sido objeto de controversia. Algunas de las figuras incluyen a Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel en la SCJN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfrentado críticas sobre su independencia y la influencia del Ejecutivo. La incorporación de magistradas alineadas con la administración actual ha generado debates sobre la imparcialidad judicial. Rosario Piedra en la CNDH fue nombrada presidenta de la institución de manera polémica, con acusaciones de nepotismo y falta de independencia, afectando su credibilidad. Delfina Gómez desde la Secretaría de Educación fue criticada por la implementación de políticas educativas controvertidas y por su papel previo en escándalos de corrupción. El poder de López Obrador no solo reside en su posición como presidente, sino en su capacidad para influir y, según sus críticos, corromper instituciones. Este poder se manifiesta en la cooptación de aliados y opositores, y en la forma en que maneja las estructuras del Estado para consolidar su proyecto. El apoyo de Alejandra Del Moral a Morena y a Claudia Sheinbaum es un síntoma de un sistema donde las lealtades son fluidas y donde la ambición personal supera las convicciones ideológicas. Esto, junto con la controversia alrededor del papel de las mujeres en el gobierno de AMLO, obliga a un debate profundo sobre la integridad y la dirección del liderazgo político en México. Los chapulines erosionan la confianza pública, perpetúa un ciclo de inestabilidad y desconfianza en las instituciones democráticas, y hace pensar que las mujeres han dado 80 pasos hacia atrás en los últimos seis años. Han sido las principales herramientas de destrucción de Andrés Manuel López Obrador. Uno a uno irán cayendo. La ambición es más fuerte que sus convicciones y su dignidad.
La reciente publicación de datos bancarios y de inversión supuestamente vinculados a Clara Brugada ha generado una fuerte polémica en el ámbito político. El documento presentado por Arturo Castagné Couturier acusa a Brugada de manejar fondos en paraísos fiscales a través de la asesoría de Trident Law Corporation, una firma de abogados de Singapur. Según las acusaciones, Brugada habría utilizado cuentas en el Seychelles Commercial Bank, con inversiones por un total de 3,601,130 dólares y un saldo bancario de 155,718.61 dólares. Las transferencias mencionadas, provenientes de Market Leverage Limited y Overseas Trade Finance Limited, apuntan a movimientos financieros sofisticados y vinculaciones con entidades utilizadas comúnmente para eludir impuestos y ocultar fondos. Brugada, asesorada por R. Thrumurgan, estaría involucrada en prácticas financieras que levantan sospechas de lavado de dinero, algo que ha sido vehementemente negado por la propia Brugada. La candidata al gobierno de la Ciudad de México ha respondido categóricamente en redes sociales, calificando las acusaciones como mentiras desesperadas del PRIAN. Ha subrayado que no posee cuentas en paraísos fiscales y que su patrimonio es completamente transparente. Este cruce de acusaciones refleja la intensa batalla política en curso, donde la integridad de los candidatos se convierte en un campo de disputa feroz. Es crucial analizar esta situación desde un enfoque objetivo. Las alegaciones de corrupción y manejo de fondos en paraísos fiscales son serias y requieren una investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes. La transparencia y la veracidad de los datos presentados deben ser verificadas para evitar la propagación de información falsa o manipulada con fines políticos. La acusación contra Brugada debe ser evaluada en el contexto de la campaña electoral, donde las estrategias para desacreditar a los oponentes son comunes. Si las acusaciones resultan ser ciertas, implicarían una grave falta ética y legal por parte de Clara Brugada. Si son falsas, reflejarían un intento de manipulación electoral para dañar su imagen. En cualquier caso, el electorado merece conocer la verdad antes de emitir su voto.
Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ya no ve lo duro, sino lo tupido. Se encuentra en el centro de varias controversias que ponen en tela de juicio su integridad y manejo del poder. Ha sido objeto de escrutinio por su presunta implicación en una serie de actos cuestionables y potencialmente ilegales. Primero, Samuel García tuvo un desafortunado incidente en San Pedro durante el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, un accidente que se ha visto envuelto en especulaciones sobre su verdadera naturaleza y las circunstancias que lo rodearon. Segundo, García ha sido acusado de realizar una compra millonaria de un terreno en una de las zonas más exclusivas de Monterrey, lo cual ha levantado sospechas sobre la legalidad y transparencia de dicha adquisición. Según las publicaciones, García adquirió un terreno de 176 hectáreas en San Pedro, valorado en más de 100 millones de pesos. Ante estas acusaciones, García aclaró que no compró el terreno sino que lo recibió como pago por servicios prestados por su despacho jurídico antes de asumir el cargo de gobernador. Sin embargo, expertos como Antonio López, especializado en litigar delitos fiscales, recomiendan que se revisen sus ingresos y declaraciones fiscales para verificar si su evolución patrimonial es justificada. Tercero, García y su esposa, Mariana Rodríguez, han sido criticados por sacar provecho político de la tragedia al acudir al hospital donde estaban las víctimas del accidente y grabar videos que luego fueron utilizados como material de campaña en redes sociales. Esta acción ha sido percibida como una falta de sensibilidad y una instrumentalización de la tragedia para fines electorales. Ante la presión pública, García se comprometió a otorgar 400 mil pesos a las víctimas del accidente. Adicionalmente, se le acusa de enriquecimiento ilícito. La fiscalía está considerando aplicar un dictamen de evolución patrimonial para comprobar la licitud de sus bienes, dados los lujosos objetos que ha exhibido, como un reloj Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar valorado en más de 4 millones de pesos, un Cybertruck de Tesla de 1.9 millones, y propiedades inmobiliarias de alto valor, incluyendo dos departamentos y un penthouse en Punto Central, con un valor estimado de 90 millones de pesos. Para no irnos lejos, le dicen el “Rocío Nahle naranja”. La corrupción bíblica: juntos tienen más escrituras que la Biblia.
