En el ámbito de la gobernanza, los «gobiernos de papel» se han convertido en sistemas que esconden la verdad a toda costa. Gobiernos que imponen la realidad por decreto. No olvidamos que en el Coneval, para disminuir los índices de pobreza, fueron capaces de maquillar las cifras e inventarse parámetros alternos. Ahora, de los creadores de la refinería que no refina, el nuevo capítulo vergonzoso se llama la aparición de los desaparecidos. De un plumazo, el gobierno pasó de 110 mil 964 desaparecidos a solo 12 mil 377, tan solo un 11% del registro original ¿Cómo borraron a casi el 90% de personas desaparecidas? ¿Cuál fue su argumento? Es aquí donde la realidad se contorsiona bajo el peso de decretos y la alquimia estadística. El paso de más de cien mil desaparecidos a poco más de doce mil, según datos presentados por la SEGOB, no es solo un ejercicio de matemáticas, sino una ofensa a la integridad y memoria colectiva. La pregunta que surge no es solo «¿cómo?» sino «¿por qué?» y «¿para quién?» se ajustan estas cifras. La política de la cuarta transformación (4T), como le llaman, se ha visto sometida a una crítica feroz sobre su forma de gobernar, que a veces parece más preocupada por la percepción que por la efectividad. La retórica no puede y no debe reemplazar la realidad tangible, especialmente cuando hablamos de vidas humanas y derechos fundamentales. La desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ta solo dos de esos miles de desaparecido, es un claro ejemplo de la desconexión entre la narrativa gubernamental y la crisis humanitaria en el terreno. Llevan once meses buscándolos ante la indolencia de la autoridad. El jefe de gobierno, Martí Batres, demuestra la soberbia gubernamental cuando dice que no son desaparecidos, que se trata de «ausencias voluntarias”. Su percepción solo sirve para agregar insultos al daño ya causado.
Los políticos son seres camaleónicos, maestros en el arte de la adaptación y transformación. En 2000 Lenia Batres criticaba los altos salarios que percibían los ministros de la Corte, y ahora es parte. Los ideales a menudo parecen efímeros, secundarios ante la perspectiva del poder y la posición. La trayectoria de Lenia Batres es un ejemplo de cómo la piel de un político puede cambiar, cómo los principios de ayer pueden convertirse en las conveniencias de hoy. Hace 23 años Lenia Batres abogaba por una reforma constitucional que quitara al presidente la potestad de designar a los ministros de la Suprema Corte. Una propuesta que parecía nacer de un deseo genuino de preservar la separación de poderes y la independencia judicial. Sin embargo, hoy la narrativa ha cambiado drásticamente. El nombramiento de Batres como ministra de la Corte por designación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es ironía pura. Evidencia la discrepancia entre sus acciones pasadas y su aceptación del nombramiento actual plantea una cuestión de integridad y consistencia. Muchos se preguntan si será capaz de renunciar a su sueldo, pues las altas remuneraciones en teoría están no permitidas en este gobierno en el que nadie debe ganar más que el presidente. Su relación cercana con figuras prominentes como Claudia Sheinbaum y la participación política de otros miembros de la familia Batres en el actual gobierno, añade una capa de complejidad al escenario. Eso se llama nepotismo. La crítica aquí no es simplemente a una persona, sino a un sistema que permite, y quizás fomenta, estos cambios de piel. Lo más grave es que el grupo de amigos del presidente esté tomando posiciones estratégicas con un porcentaje mínimo de experiencia y el amiguismo por delante.
Alguna vez se hizo famosa la frase: Al diablo con las instituciones. Y es lo que parece estar sucediendo en México para acabar el 2023. La transparencia y autonomía son piezas incómodas para la actual administración. La hostilidad expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia instituciones como el INAI, el IFT y la Cofece destila un desdén preocupante por los contrapesos democráticos. Los ataques constantes, a menudo bajo la bandera de la austeridad, parecen desviar la atención de la ironía subyacente: la disonancia entre la crítica a los costos de la transparencia y los gastos descomunales en proyectos cuestionables como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, y la Refinería de Dos Bocas, cuyos recursos por cierto, se manejan desde bases militares. El presidente anunció planes para disolver el INAI, una acción que sugiere un futuro de opacidad. ¿Cómo puede ser que un gobierno, que se erige sobre el pilar de la lucha contra la corrupción, busque desmantelar el organismo encargado de garantizar el derecho a la información? Esta paradoja es la mancha en una semana ya manchada por otros actos que parecen socavar las instituciones democráticas. La designación de una militante partidista a la Suprema Corte es una afrenta a la división de poderes. El registro de desaparecidos se reduce en un acto de prestidigitación estadística, minimizando una tragedia humana en una maniobra de relaciones públicas. El trabajo de organizaciones de derechos humanos es desacreditado, y el periodismo independiente es atacado, todo esto en medio de reportajes que exponen adjudicaciones de contratos a allegados presidenciales. El borrado del INAI no es solo un golpe a la transparencia, sino un golpe al corazón de la democracia. El gobierno puede querer desaparecer al INAI, pero lo que realmente está intentando es desaparecer el escrutinio público. Y es aquí donde la oposición debe mostrar su peso, o a este ritmo habrá poco país para gobernar.
