La capacidad del gobierno para acceder a información y vigilar a disidentes contrasta con la limitada posibilidad de los ciudadanos para investigar obras públicas financiadas con recursos públicos. Así ha sido en los 5 años anteriores y así lo será el siguiente sexenio. Pablo Gómez, titular de la UIF, niega que exista denuncia en contra de Loret de Mola, sin embargo, acepta que hay una investigación en contra de Latinus. La disparidad en el acceso a la información entre el gobierno y los ciudadanos es un fenómeno complejo que tiene múltiples dimensiones y consecuencias. Artículo 19: Organización de derechos humanos que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, ha sido una de las entidades que denunció el espionaje a periodistas y activistas. Citizen Lab: Grupo de investigación interdisciplinario con sede en la Universidad de Toronto que estudia el impacto de la tecnología en los derechos humanos. Sus investigaciones revelaron el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas en México. Red en Defensa de los Derechos Digitales: Organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Ha colaborado en investigaciones sobre espionaje gubernamental y la privacidad de los ciudadanos. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: Organización civil que investiga y denuncia casos de corrupción y falta de transparencia en México. Han documentado irregularidades en proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: organismo autónomo que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en México. A pesar de su labor, enfrenta desafíos significativos debido a excepciones legales y resistencia política. Proyecto Pegasus: Investigación conjunta de varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que reveló el alcance global del uso del software Pegasus para espiar a ciudadanos, incluidos periodistas y activistas en México. Para los siguientes años, se espera que la presión pública y la labor de organizaciones civiles y periodistas continúen siendo fundamentales para contrarrestar esta disparidad. Las reformas legales que fortalezcan la transparencia y la protección de los derechos digitales serán cruciales para equilibrar el poder entre el Estado y los ciudadanos. Muchas libertades están en juego y será responsabilidad de los legisladores. Investigar periodistas parece será costumbre en el sexenio de Claudia Sheinbaum quien lo que busca es la continuidad y quedar bien, con quien la puso ahí.
El perfil político de Pablo Gómez ilustra una trayectoria llena de contradicciones y cambios. De ser un ícono de la izquierda mexicana y un defensor de los derechos civiles, ha pasado a ocupar un rol controvertido dentro de un gobierno que él mismo, en otra época, podría haber criticado. Su evolución refleja las complejidades de la política y cómo las circunstancias y las alianzas pueden transformar a los actores políticos a lo largo del tiempo. Pablo Gómez es, pese a su actualidad, una figura prominente en la política mexicana. Pero a lo largo de su carrera, ha transitado desde ser un crítico del Estado y un activista comprometido, hasta asumir posiciones que han generado controversia y críticas, especialmente en su desempeño como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez se hizo conocido como líder estudiantil durante el movimiento de 1968 en México, un período de intensa agitación social y represión política. Su participación en el movimiento lo convirtió en una figura emblemática de la lucha por los derechos civiles y las libertades democráticas en México. Fue detenido tras la masacre de Tlatelolco y pasó varios años en prisión, lo que consolidó su reputación como un defensor inquebrantable de la justicia social. Posteriormente, Gómez se unió al Partido de la Revolución Democrática, partido que surgió como una alternativa de izquierda en la política mexicana. Ocupó diversos cargos, incluyendo el de senador y diputado, destacándose por su postura crítica hacia las políticas neoliberales y su defensa de los derechos humanos y la transparencia. Con el surgimiento de Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, Gómez se trasladó a esta nueva plataforma, alineándose con su antiguo colega de lucha. La llegada de López Obrador a la presidencia en 2018 marcó un punto de inflexión en la carrera de Gómez, quien fue designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su posición como jefe de la UIF, Gómez ha estado encargado de investigar y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Sin embargo, su gestión ha sido objeto de críticas debido a acusaciones de utilizar la UIF para perseguir a opositores políticos y proteger a figuras cercanas al gobierno de López Obrador. Las críticas más severas hacia Gómez provienen de su supuesto papel en tapar actos de corrupción dentro del gobierno y dirigir investigaciones de manera selectiva para atacar a opositores incómodos. Los detractores argumentan que ha pasado de ser un crítico del Estado a convertirse en un cómplice del mismo, utilizando su poder para reprimir a ciudadanos y figuras políticas que desafían al gobierno actual. La verdad, qué tristeza. Uno a uno todos han traicionado sus principios originales.
El papel de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ha sido objeto de severas críticas debido a la exposición pública de datos personales y privados de empleados y propietarios de empresas de medios, particularmente en el contexto de la confrontación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el medio digital Latinus. Este hecho ha desencadenado un debate intenso sobre la legalidad y la ética de estas acciones, así como sobre la creciente polarización política en México. Villamil, un periodista y escritor con una larga trayectoria, fue designado por López Obrador para dirigir el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Desde esta posición, ha sido un defensor vocal del gobierno y ha criticado duramente a los medios de comunicación que percibe como opositores, incluyendo Latinus y figuras como Carlos Loret de Mola y Brozo (Víctor Trujillo). Latinus ha sido uno de los medios más críticos del gobierno de AMLO, publicando investigaciones sobre corrupción y mala gestión. En respuesta, el gobierno ha lanzado varias acusaciones contra los propietarios y empleados de Latinus, alegando irregularidades financieras y vínculos con la corrupción. Recientemente, se hizo público que se expusieron datos personales de empleados de Latinus, incluyendo información financiera y personal, en un aparente esfuerzo por desacreditarlos. Esto ha sido ampliamente condenado por ser una violación de la privacidad y una acción ilegal, generando una ola de críticas hacia Jenaro Villamil y el gobierno. La acción ha sido calificada como «totalmente ilegal», y se acusa al presidente de incitar al linchamiento público de periodistas, considerándolo un peligro para México. Se sugiere que estas acciones están vinculadas a figuras como Roberto Madrazo, co-propietario de Latinus, y se mencionan acusaciones de sabotaje en la distribución de medicinas contra el cáncer. Se argumenta que el problema radica en el uso de dinero público para estas exposiciones y que la misma transparencia debería aplicarse a los aliados del presidente. Se demanda igualdad en las investigaciones, solicitando que se exponga la información de los hijos del presidente y otros altos funcionarios, de manera similar a cómo se manejó la información de Latinus. La exposición de datos personales sin el consentimiento de las personas involucradas es una violación de los derechos de privacidad y puede tener implicaciones legales serias. Pero desde el poder Jenaro Villamil se convirtió en un delincuente en potencia.
