Cajas chinas hay muchas, y se multiplican como conejos en una pradera sin depredadores. Que si el vestido de Claudia, que si Josefa Ortíz era de Domínguez o no, que si un comediante se burla de una candidata; toda una artillería de distracciones diseñadas para desviar la atención del elefante que atraviesa el salón con huellas de sangre, dinero y complicidad institucional.
No se distraigan: el verdadero escándalo está en el fondo, en el expediente de 512 páginas de la FGR que documenta una red de corrupción brutal incrustada en la Marina Armada de México, operada por familiares del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Esa red habría derivado incluso en el asesinato del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar por atreverse a denunciar lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a tocar.
El mecanismo drenó miles de millones de pesos mediante el huachicol fiscal —hidrocarburos disfrazados de lubricantes, pedimentos adulterados, aduanas capturadas— y, según los indicios, financió campañas políticas de Morena con recursos ilícitos. Los documentos judiciales ligan a marinos, empresarios, funcionarios civiles y operadores políticos en una trama que se parece más a un narcoestado que a una república democrática.
La Barredora no fue una operación de limpieza, sino el nombre extraoficial de un dispositivo para encubrir y desplazar mandos incómodos: quienes hablaban, terminaban muertos o marginados. Mientras tanto, la narrativa oficial se recarga en símbolos, historia y victimismo institucional, mientras la realidad se filtra con sangre por puertos, aduanas y oficinas públicas capturadas.
El “narco gobierno” ya no es una acusación de campaña: es un fenómeno documentado en expedientes oficiales, en asesinatos selectivos y en estructuras electorales financiadas con dinero ilegal. La República arde en el centro mientras nos distraen con la periferia.
En esa tragicomedia, SEGALMEX se volvió el emblema del colapso ético de un gobierno que llegó con la bandera anticorrupción y terminó escribiendo su propia “Estafa Maestra”. Ignacio Ovalle, hombre de confianza del presidente, transformó el organismo en un agujero negro de recursos públicos: más de 15 mil millones de pesos en irregularidades, contratos con empresas fantasma, sobreprecios y alimentos que nunca llegaron a su destino.
Lo más irónico es que Ovalle no fue castigado. Fue protegido con un discurso presidencial que lo excusaba por “haber sido engañado”, como si un funcionario de ese nivel pudiera ser tan inocente como ineficiente. Y el caso no es aislado: se suma al huachicol fiscal que cuesta al erario más de 177 mil millones de pesos anuales, al fraude en Notimex, a la desaparición de fideicomisos, a los contratos inflados en Dos Bocas, al Tren Maya convertido en selva de sobrecostos y al INSABI con medicamentos inexistentes.
El “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” parece quedarse corto. Habría que fundar el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de lo Robado”, para recuperar no solo el dinero saqueado, sino también la confianza mutilada por un gobierno que prometió transformar al país y terminó repitiendo las mismas prácticas de opacidad, impunidad y cinismo.
La cloaca del huachicol fiscal, cubierta durante años con discursos patrióticos, estalló en un legajo de 512 páginas de la propia FGR. Ahí se describe un esquema de contrabando y fraude fiscal operado desde las entrañas de la Marina, con complicidades civiles y militares.
Al centro están los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —vicealmirante y contralmirante, familiares políticos del almirante Ojeda—, piezas clave en la operación de hidrocarburos disfrazados que generaron pérdidas millonarias. El caso explotó tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Manzanillo y la carta enviada en junio de 2024 por Guerrero Alcántar, asesinado meses después como represalia.
El expediente también vincula el homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR asesinada en Colima. Se describen sobornos, reubicaciones de marinos en aduanas clave y simulaciones de inspecciones. Hasta ahora hay 14 detenidos, pero el contralmirante Fernando Farías permanece prófugo.
El nuevo titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, reconoció el 16 de septiembre que “hubiera sido imperdonable callar”. Pero la pregunta sigue: ¿hasta qué nivel sube esta red de corrupción? ¿Quién ordenó matar a Guerrero? Con todo y sus 512 páginas, el caso sigue incompleto. Falta transparencia, justicia y voluntad real de ir hasta el fondo.
Mientras tanto, el discurso del gobierno que prometió limpiar de raíz la corrupción huele cada vez más a combustible adulterado.
