El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó a Morelos en un estado de crisis institucional y financiera, con una administración marcada por el desorden, la falta de planificación y una profunda opacidad en el manejo de los recursos públicos. Las declaraciones de Gerardo Becerra Chávez de Hita, quien fungió como zar anticorrupción durante parte de esa gestión, evidencian una gestión caracterizada por la improvisación y el desapego a las normas básicas de responsabilidad pública, especialmente en áreas críticas como la seguridad y el desarrollo social, donde la percepción generalizada de los ciudadanos es de una evidente falta de rumbo. Este cuadro de ineficacia se agrava con las graves denuncias de corrupción en dos frentes específicos: el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), donde presuntamente los fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población fueron desviados o, peor aún, dilapidados. El caso del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, que contaba con un presupuesto inicial de 65 millones de pesos, ha captado especial atención. Bajo la supervisión de la administración de Blanco, esta suma se habría reducido a tan solo 58 mil pesos, a pesar de que se realizaron ventas de terrenos que, en teoría, deberían haber incrementado el monto original. El vacío de fondos resulta incomprensible y altamente sospechoso, sugiriendo un esquema de corrupción en el que, según Chávez de Hita, ejidatarios de municipios como Puente de Ixtla, Jojutla y Xoxocotla fueron excluidos de los beneficios. El trasfondo de estas operaciones refleja no solo una mala gestión, sino una desvergonzada apropiación de recursos destinados a proyectos de infraestructura, turismo y desarrollo local. Por otro lado, el caso de Sedagro destaca la presunta apropiación indebida de fertilizantes, con Omar Taboada, extitular de la dependencia, y su familia implicados en el acaparamiento de más de 70 toneladas del insumo en bodegas personales, un acto de abuso de poder que afecta directamente a campesinos y agricultores de la región. Las investigaciones no solo deberían ser exhaustivas, sino también ejemplares, dado el impacto directo que estas prácticas tienen sobre el bienestar de los morelenses. Estas revelaciones no son hechos aislados; a ellas se suman indicios de “aviadores” en la nómina de la Secretaría de Turismo, así como presuntas irregularidades en la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), un patrón que indica un tejido de corrupción transversal en el gobierno anterior. ¿Dejarñan que Bñanco se salga con la suya? Este es el momento en el que Morelos debe decidir entre una senda de justicia y limpieza o una continuidad en la corrupción y la inoperancia institucional.
La amenaza del crimen organizado contra la Feria Ganadera de Culiacán 2024 y la familia del gobernador Rubén Rocha Moya subraya la crisis de gobernabilidad que enfrenta Sinaloa, una entidad donde el poder y la violencia del narcotráfico desafían abiertamente la autoridad del Estado. En este caso, la intimidación lanzada mediante una narcomanta y un ataque armado contra las instalaciones de la feria va más allá de la amenaza puntual a un evento: evidencia el debilitamiento institucional y la limitada capacidad del gobierno para garantizar seguridad en un acto público, un reflejo crudo de la precaria situación de control estatal en zonas con alta incidencia criminal. Este episodio envía una señal preocupante sobre la habilidad del gobierno de Rocha para contener las amenazas del crimen organizado, el cual, además de ejercer violencia física, persigue una estrategia de intimidación directa que alcanza a las autoridades y a sus familias, mostrando hasta qué punto la influencia criminal busca imponer su control sobre la vida pública de la región. La respuesta del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, quien reafirma que el gobierno no se dejará intimidar y ha organizado un despliegue de seguridad con fuerzas federales y locales, podría interpretarse como un intento por proyectar fortaleza. Sin embargo, esta postura corre el riesgo de ser insuficiente y parecer un mero formalismo si no se traduce en una protección eficaz para los asistentes y organizadores del evento. En el fondo, el despliegue de seguridad para un acto como la feria plantea una interrogante sobre la verdadera soberanía del Estado en Culiacán, donde la vida cotidiana de la ciudadanía y las actividades económicas están sometidas a la aprobación tácita de las organizaciones criminales, una situación que inhibe el desarrollo y atemoriza a la población. La presión pública sobre el gobernador Rocha y su administración aumenta, pues la continuidad de la feria, tal como está prevista, es un reto logístico y un pulso entre el gobierno estatal y el narcotráfico, en el que este último busca demostrar su capacidad de desestabilizar y sabotear los esfuerzos oficiales por mantener la normalidad. La insistencia del gobierno en llevar a cabo la feria con normalidad podría resultar un acto simbólico de resistencia ante las amenazas, pero también podría aumentar la exposición al riesgo de los asistentes si el operativo de seguridad resulta inadecuado. Culiacán se encuentra en una encrucijada compleja, en la cual la decisión de cancelar o continuar la feria implica consecuencias. Como si les faltaran los problemas.
El viaje hace unas semanas del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al centro ecuestre Al-Shaqab en Catar, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos, poniendo nuevamente en la palestra el uso de recursos públicos y la transparencia en su administración. Aunque Gallardo afirma que la visita formó parte de un viaje de negocios en el que también asistió al Foro Mundial de la Economía Verde en Dubái, la atención pública se ha centrado en las imágenes donde se le ve acariciando caballos de raza árabe en un lujoso centro ecuestre, lo cual genera un mensaje ambiguo que debilita la imagen de su gestión. Este episodio sintetiza uno de los yerros recurrentes del gobernador: una desconexión entre las prioridades de la población y la percepción que genera con decisiones de este tipo, que parecen beneficiarlo personalmente más que a los ciudadanos que representa. La frase “no hagas cosas buenas que parezcan malas” adquiere aquí un peso especial. Independientemente de los fines que Gallardo alegue para este viaje, la falta de una justificación clara y transparente ante los ciudadanos, así como la cobertura de actividades que lucen excesivas para el contexto de San Luis Potosí, provocan que el viaje parezca más un acto de ostentación que una misión oficial. El gasto de recursos públicos en un estado con altos índices de pobreza y necesidades urgentes en áreas como salud, infraestructura y educación muestra una alarmante desconexión con las verdaderas prioridades de la población potosina. Esta falta de sensibilidad social por parte de Gallardo no solo contraviene la expectativa de austeridad que se le exige a un líder público, sino que además pone en duda su compromiso con una gobernanza centrada en el bienestar de sus ciudadanos. Este no es el primer desliz del gobernador en cuanto a comunicación y percepción pública. Gallardo ha enfrentado críticas por otras decisiones que proyectan una imagen de frivolidad o mal manejo de los recursos, como la creación de eventos o megaproyectos que, si bien pueden parecer atractivos en el corto plazo, no han mostrado beneficios claros ni sostenibles para la entidad. La falta de transparencia y de resultados medibles en estos proyectos sigue alimentando la percepción de una gestión opaca y de prioridades cuestionables, características que erosionan la confianza en sus decisiones y en el uso de los fondos estatales. Para recuperar su credibilidad, el gobernador debe adoptar una comunicación más transparente y someter sus acciones al escrutinio ciudadano. Evitar errores de percepción que sugieren desinterés o lujo en tiempos de necesidad es crucial para cualquier líder que busque consolidar una gestión legítima y respetada.
