La contratación de «El Faraónico Polymarchs» por 12 millones de pesos para la celebración de fin de año en la Ciudad de México, particularmente cuando el fundador del sonidero es padre de la jefa de comunicación de Claudia Sheinbaum, no solo es un despropósito económico, sino una bofetada a los principios básicos de ética y transparencia en la administración pública. Este caso, que destaca por su opacidad y evidente conflicto de interés, refleja una grave falta de respeto hacia el manejo del dinero público y es una muestra flagrante del desdén con el que las élites gubernamentales tratan las normas que deberían regir su comportamiento. Si consideramos que agrupaciones de renombre internacional como Los Ángeles Azules cobran una fracción de esta cantidad, el gasto exorbitante destinado al sonidero no tiene justificación lógica, ni cultural ni administrativa. Más allá del hecho anecdótico, esta situación es el reflejo de un problema estructural: el uso discrecional del erario para beneficiar a grupos cercanos al poder. No es solo el monto lo que genera indignación, sino la narrativa que refuerza: la de una administración que se posiciona como defensora de la austeridad republicana mientras perpetúa prácticas que benefician a círculos familiares y amistosos. Este tipo de contratos son la antítesis de la transparencia y la rendición de cuentas, pilares esenciales en cualquier democracia funcional. Que estos recursos sean utilizados de manera tan arbitraria y descarada en medio de una crisis económica y social donde millones de mexicanos enfrentan carencias básicas no es solo un error político; es una traición moral al pueblo que confió en un proyecto que prometía ser distinto. El caso exige, como mínimo, una investigación exhaustiva e independiente que determine cómo y por qué se asignaron estos recursos. La ciudadanía no solo merece saber si hubo licitación pública (o por qué no la hubo), sino también conocer los criterios que justificaron esta elección. Sin una acción contundente que lleve a sanciones ejemplares, esta situación no será un simple error administrativo, sino un mensaje inequívoco de que la corrupción sigue siendo parte integral del sistema. Es inaceptable que mientras el gobierno pregona el bienestar del pueblo, el verdadero bienestar parece quedar reservado para los allegados al poder. Este acto no debe ser tratado como un hecho aislado ni trivializado como «un error de juicio». Es un síntoma de un mal mayor: la captura de las instituciones por intereses personales, en este caso, los de Clara Brugada y la presidenta de México. Si no se enfrenta con firmeza, no solo se seguirá erosionando la confianza ciudadana en sus gobernantes, sino que se perpetuará un ciclo de desigualdad y cinismo que amenaza el tejido social del país. La única respuesta aceptable es la justicia, la rendición de cuentas y el fin definitivo de este tipo de abusos del poder.
La interacción entre el periodista Carlos Pozos, conocido como «Lord Molécula», y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se abordaron presuntas irregularidades durante la gestión de Alejandro Murat al frente del Infonavit, ha puesto de relieve una inquietante tendencia en la administración actual: la evasión sistemática de cuestionamientos sobre corrupción que involucran a figuras políticas cercanas al poder. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y exdirector del Infonavit, ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción. Recientemente, su nombre ha emergido en investigaciones relacionadas con tramas corruptas en España, donde se le vincula con personajes implicados en actividades ilícitas. La falta de una respuesta clara y contundente por parte de la presidenta Sheinbaum ante los señalamientos presentados por «Lord Molécula» no solo genera desconfianza, sino que también envía un mensaje de permisividad hacia prácticas corruptas. La evasión de estos temas críticos socava la credibilidad de un gobierno que se ha autoproclamado como abanderado de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es imperativo que la administración actual adopte una postura firme y decidida frente a cualquier indicio de corrupción, independientemente de las afiliaciones políticas o relaciones personales de los involucrados. La ciudadanía demanda y merece un compromiso real con la justicia y la rendición de cuentas. La omisión o el encubrimiento de actos corruptos no solo perpetúan la impunidad, sino que también erosionan los cimientos de la democracia y el Estado de derecho en México. La presidenta Sheinbaum debe reconocer que la confianza pública se construye y mantiene a través de acciones concretas y transparentes. Evitar responder a cuestionamientos legítimos sobre corrupción no es una opción viable para un gobierno que pretende diferenciarse de sus predecesores. Es momento de que la administración demuestre, con hechos y no solo con discursos, su compromiso inquebrantable con la erradicación de la corrupción en todos los niveles del gobierno.
La crisis en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), evidenciada por la reciente manifestación de su personal para exigir el pago completo de aguinaldos, representa un escándalo inaceptable que pone en entredicho la capacidad y la legitimidad de la gestión de Ulises Lara López. La imagen de empleados obligados a bloquear una avenida para reclamar un derecho laboral básico es un símbolo de la profunda descomposición institucional que afecta a una dependencia cuya misión es garantizar la justicia y el respeto al Estado de derecho. Resulta irónico, por no decir trágico, que quienes trabajan para procurar la justicia sean víctimas directas de una administración que incumple sus obligaciones legales y laborales. Este evento no puede analizarse como un hecho aislado. Es parte de una serie de decisiones y acciones que han minado la confianza pública y la moral interna de la institución. La FGJCDMX ya ha enfrentado severas críticas por despidos masivos y arbitrarios bajo la excusa de «falta de confianza», afectando a cientos de trabajadores en 2022. Ahora, la falta de pago completo de prestaciones no solo es una violación flagrante de derechos laborales, sino también un acto de desprecio hacia quienes sostienen el funcionamiento diario de una institución crucial para la sociedad. Esta reiteración de conflictos refleja una administración marcada por la incompetencia, la improvisación y una desconexión total con las necesidades de su personal y el impacto de sus decisiones en la calidad del servicio público. La negligencia de la Fiscalía no se limita al ámbito interno. Las consecuencias de esta desorganización repercuten directamente en la ciudadanía. Un personal desmotivado, precarizado y maltratado difícilmente puede cumplir con eficiencia su tarea de impartir justicia en una ciudad asediada por la violencia, la corrupción y la impunidad. Este desastre administrativo no solo erosiona la confianza de los empleados en sus superiores, sino también la de los ciudadanos en la capacidad de la FGJCDMX para cumplir con su mandato constitucional. La gestión de Ulises Lara López ha demostrado ser incapaz de garantizar condiciones laborales dignas y, por ende, no puede seguir eludiendo su responsabilidad en esta crisis. Es imperativo que se rindan cuentas claras sobre el destino de los recursos asignados a las prestaciones laborales y que se implementen de inmediato mecanismos para subsanar las deficiencias administrativas. Si no se actúa con contundencia, este episodio será recordado como otro ejemplo de la perpetuación de un sistema burocrático que sacrifica la justicia en el altar de la incompetencia y la negligencia. La ciudadanía y los trabajadores merecen una institución funcional, respetuosa y eficiente, no un caos administrativo incapaz de cumplir ni con sus obligaciones más básicas.
