La afirmación de que en el inicio de este sexenio el ejército ha matado más ciudadanos que narcotraficantes es una acusación profundamente alarmante que pone de relieve el peligroso rumbo que ha tomado la militarización de la seguridad en México. Desde el principio, la actual administración apostó por la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, particularmente en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este enfoque ha dado lugar a una serie de tragedias que revelan las graves consecuencias de permitir que una institución diseñada para la defensa del Estado en situaciones de guerra asuma responsabilidades que deben corresponder a las fuerzas civiles. El uso del ejército en tareas de seguridad pública ha demostrado, una vez más, que la violencia no puede combatirse con más violencia. Las fuerzas militares, entrenadas para neutralizar al enemigo, no están preparadas para gestionar de manera proporcional y respetuosa los derechos humanos de la población civil en situaciones de seguridad pública. Como resultado, hemos visto un preocupante aumento de muertes de ciudadanos a manos del ejército, lo cual evidencia una peligrosa falta de control, supervisión y responsabilidad en el uso de la fuerza. Desde el 1 de octubre de 2024, el Ejército mexicano ha estado involucrado en varios incidentes graves, particularmente en operativos de seguridad que han resultado en la muerte de civiles. Uno de los casos más destacados ocurrió en Chiapas, donde seis migrantes —incluyendo menores de edad— fueron asesinados por militares durante una persecución. Los soldados dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes cuando el vehículo intentó huir de un retén. El ejército alegó que escucharon disparos y actuaron en defensa propia, aunque este argumento ha sido fuertemente cuestionado, y dos militares ya han sido separados de sus cargos?. Otro incidente involucra la denuncia de la Secretaría de la Defensa Nacional contra militares por su participación en un tiroteo en la misma región de Chiapas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la Fiscalía General de la República está investigando a los soldados implicados, subrayando la gravedad de estos hechos y la necesidad de esclarecer responsabilidades en los mandos militares?. El caso de Yuricie Rivera Elizalde, una enfermera del IMSS, conmocionó a la opinión pública tras su muerte el 11 de octubre en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yuricie viajaba en una camioneta con su esposo y su hijo de 9 años cuando militares abrieron fuego indiscriminadamente contra su vehículo. Uno de los disparos impactó en el rostro, causándole la muerte instantánea. Los soldados, según los reportes, no ofrecieron auxilio tras el incidente y abandonaron el lugar, dejando a su esposo y a su hijo ilesos pero en estado de shock. Víctor Manuel Carrillo Martínez, su esposo, denunció estos hechos ante los medios, exigiendo justicia y cuestionando la acción desmedida de los militares. Y Adrea Chávez, la senadora del Bienestar, dice que eso no pasa en nuestro México de hoy.
Andrea Chávez, la senadora de Morena, ha captado la atención de las redes sociales no solo por su rol político, sino también por su comportamiento y decisiones, tanto en la arena legislativa como en su vida pública. La más reciente polémica que la envuelve ha llegado a un nuevo nivel de rudeza en redes sociales, donde ha sido blanco de ataques misóginos y despectivos. Estos insultos han sido detonados por la publicación de una fotografía suya en la que aparece con una minifalda, piernas cruzadas y una paleta en los labios, lo que sus detractores consideran una pérdida de dignidad por parte de la senadora. Sin embargo, más allá de la crítica política que Chávez pudiera merecer, el debate ha sido secuestrado por el lenguaje sexualizado y el acoso digital, elementos que desvían la atención del debate racional hacia ataques personales. La senadora ha denunciado la circulación de imágenes manipuladas, alegando que son parte de una campaña de acoso que busca minar su reputación, invocando la Ley Olimpia para combatir la violencia digital que enfrenta?. Aunque es cierto que su comportamiento público a veces puede generar controversia —como su apoyo abierto a la militarización del país o su burla hacia la oposición durante el debate sobre la reforma judicial—, estas críticas deberían centrarse en su desempeño político, no en descalificaciones basadas en estereotipos de género. Es necesario señalar que Chávez no es una figura inocente en la construcción de su imagen. La foto que desató una ola de comentarios, algunos argumentan, fue publicada por ella misma con plena consciencia de su impacto mediático, lo que sugiere que ha utilizado su imagen personal como herramienta para influir en su proyección pública. Sin embargo, la publicación de una imagen no justifica el trato violento y despectivo del que ha sido objeto. La decisión de compartir una foto sexy no anula su derecho a ser juzgada por su desempeño político, y mucho menos legitima los ataques que cosifican su cuerpo y denigran su rol como mujer en la política. En este contexto, Chávez se enfrenta a un doble estándar en la política mexicana: mientras los hombres que cometen errores o decisiones controvertidas son criticados por sus acciones, las mujeres, como en este caso, son reducidas a su apariencia física. El debate público sobre Andrea Chávez no debe ser desviado hacia el terreno de la misoginia, sino que debe enfocarse en los temas que verdaderamente importan: su papel en el Senado, sus posturas sobre la militarización, y su apoyo a figuras políticas cuestionables?. Temas que si pueden cambiar el rumbo del país, no la minifalda de Andrea Chávez, ni la jirafa que le regaló su amante o ex, de todos conocido, de Adán Augusto López, el personaje que surgió de la nada para llenar de escándalos la escena política.
Las imágenes que muestran a Antonio Flores Guerra, diputado local por el Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, conduciendo un Lamborghini ha desatado una fuerte controversia en redes sociales y medios de comunicación. Este hecho ocurre en un contexto donde el gobierno de Morena y sus aliados, incluido el PT, han defendido la «austeridad republicana» como uno de los pilares de su administración. La ostentación de un vehículo de lujo por parte de un legislador que debería encarnar estos principios genera una disonancia alarmante entre el discurso y la práctica. El uso de vehículos de este tipo, cuyo costo puede superar varios millones de pesos, sugiere un estilo de vida contradictorio con los valores de austeridad que el partido oficialista ha pregonado. Esto provoca una indignación justificada entre la población, que percibe una desconexión cada vez mayor entre sus representantes y las realidades socioeconómicas de gran parte del país. México enfrenta profundas crisis en sectores como la seguridad, la salud y la pobreza, lo que hace que exhibiciones de este tipo se interpreten como un insulto a la ciudadanía. Además, expone un patrón recurrente en la clase política mexicana: la falta de coherencia entre las promesas de austeridad y la vida lujosa de algunos de sus miembros. La confianza pública en las instituciones se ve erosionada cuando se descubren casos en los que los políticos, que deberían abogar por el bienestar común, son vistos beneficiándose de privilegios y riquezas desproporcionadas. Finalmente, este escándalo es un recordatorio del escrutinio constante al que están sometidos los funcionarios públicos en la era digital. Las redes sociales amplifican este tipo de comportamientos, generando una presión que puede tener repercusiones no solo en la carrera política del diputado, sino también en la imagen de su partido. La «austeridad republicana», en lugar de ser un slogan vacío, debe reflejarse en actos concretos para evitar que situaciones como esta sigan minando la credibilidad del gobierno y sus representantes. La imagen de Antonio Flores Guerra al volante de un Lamborghini no solo expone la contradicción entre el discurso de la «austeridad republicana» y la vida lujosa de algunos políticos, sino que también resalta una dura verdad para los seguidores de la llamada Cuarta Transformación: los más pobres y desposeídos, quienes creyeron haber ganado con la victoria de Morena, distan mucho de haber obtenido mejoras tangibles en su vida cotidiana. Mientras los líderes políticos disfrutan de lujos inimaginables, los sectores más vulnerables continúan enfrentando las mismas dificultades estructurales que han azotado al país durante décadas: falta de acceso a servicios básicos, inseguridad y desigualdad económica.
